La Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los destructores de INALSA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de seis años de prisión para el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y ocho años de cárcel para el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

 En concreto, en el escrito del fiscal se piden para Dimas Martín tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se le acusa por la facturación de trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife.

El Ministerio Fiscal solicita otros tres años de prisión para el fundador del PIL por los mismos delitos por la facturación a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) de trabajos no realizados.

Mientras, para Batllori se pide lo mismo. Tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de Caudales Públicos por trabajos sin realizar en Arrecife; y otros tres años de prisión por los mismos delitos en Inalsa.

Además, el fiscal solicitó también otros dos años de prisión a Batllori por un delito continuado de falsedad en documento mercantil al realizar unas facturas simuladas que no responden a servicio ni relación contractual alguna para poder sustraer los fondos públicos.

Finalmente, la Fiscalía también acusa en estas facturaciones al ex concejal de Hacienda del Grupo PIL del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez; a la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra Cabrera; y al ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea.

Dimas Martín.- Se piden 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por fraude en Arrecife e Inalsa en concurso don delitos de inducción a la prevaricación y malversación. Deberá indemnizar a Inalsa y Arrecife

 Francisco Rodríguez Batlori.- Se pide 8 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los mismos delitos que Dimas Martín y además por un delito de falsedad de documentos.

 José Miguel Rodríguez.- Se pide 1 año y 3 meses de cárcel supuestamente por colaborar al declarar en contra de sus compañeros.

 Luisa Blanco.- Se piden 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito continuado de fraude en concurso medial, con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

 Plácida Guerra.- Se piden 5 años de cárcel por un delito continuado de fraude, en concurso con delitos de malversación, además de indemnizar a Inalsa con 26.089 euros.

Rafael Elorrieta.- Se piden 5 años de cárcel por un delito continuado de fraude, en concurso, con los delitos de prevaricación y malversación. Se le pide indemnizar a Inalsa también con 26.089 euros.

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La Justicia se mofa del "caso Unión"

Sin duda ya estamos hartos.

¿Acaso las instituciones judiciales no son instituciones públicas con un mínimo de seriedad y responsabilidad civil?

Nos llega ahora la sorprendente noticia de que el juez instructor del caso Unión (en este último caso jueza) volverá a ser cambiado una vez más, provocando que de nuevo, esta enorme trama corrupta sin precedentes en Canarias y en España, vuelva a ser frenada por simples caprichos judiciales.

Una nueva juez se incorporará esta semana al Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, que sufrirá así su quinto cambio desde que se inició la instrucción del caso “Unión”. El Consejo General del Poder Judicial ha concedido esta plaza a Silvia Muñoz Sánchez, que reemplazará desde este viernes día 8 a la juez María Jesús Hernández Elvira.

Hernández Elvira se hizo cargo del Juzgado tras la salida de la anterior titular de la plaza, Lucía Barrancos, que instruyó el caso “Unión” durante un año en comisión de servicios. Sin embargo, dejó el Juzgado el pasado mes de septiembre, después de que el Consejo General del Poder Judicial le concediera un nuevo destino en el País Vasco.

Desde entonces, ha sido Hernández Elvira quien se ha hecho cargo de la causa, dándole un importante impulso, que ahora podría verse frenado ante un nuevo cambio de juez. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado que María Jesús Hernández Elvira continúe al frente del caso “Unión” en comisión de servicios. Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, que ha señalado que hasta el momento no han recibido respuesta a esta solicitud.

La nueva juez que se hará cargo del Juzgado arrecifeño, Silvia Muñoz Sánchez, estaba hasta ahora en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mollet del Vallés (Barcelona) y, si no se atiende la solicitud de la Fiscalía, deberá ponerse al día desde cero con una causa que acumula decenas de miles de folios, y que parecía estar ya en la recta final, con la separación de piezas y el inicio del trámite para llevar a juicio oral al menos dos de ellas.

El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no han querido pronunciarse sobre el futuro del caso “Unión”. De hecho, ni siquiera han confirmado qué sucederá con el juez de refuerzo que se había asignado a este juzgado, y que se encargaba de instruir el resto de procedimientos que llegaban al mismo.

El quinto juez en dos años

La instrucción del caso “Unión”, que estalló públicamente en mayo de 2009, se inició en el año 2008, de la mano del juez César Romero Pamparacuatro. Conforme la causa fue creciendo, con más de 50 detenidos y un centenar de imputados, el magistrado pidió un juez de refuerzo, que en su caso le fue denegado de forma sistemática.

Finalmente, en septiembre de 2010, el Consejo General del Poder Judicial concedió a Romero Pamparacuatro un nuevo destino en un juzgado de La Laguna. Antes de marcharse, el magistrado solicitó una comisión de servicios para poder seguir instruyendo el caso “Unión”, e inicialmente se atendió su solicitud. Sin embargo, sólo le dieron tres meses y al terminar ese plazo, y pese a los anuncios que había realizado, finalmente el CGPJ no prorrogó esa comisión de servicios.

En medio, pasaron varios meses de incertidumbre, en los que había un nuevo juez al frente del Juzgado de Primera Instancia Número 5, Albano Padrón, que no avanzó en la instrucción de la causa, al no saber si Romero Pamparacuatro iba a poder continuarla o no.

Cuando por fin llegó la respuesta del Consejo, coincidió con la designación de una nueva juez para ese Juzgado, Lucía Barrancos, recién salida de la carrera judicial. En su caso, y tras hacer público un auto en el que advertía de la parálisis que había sufrido la causa, y se quejaba de la falta de medios humanos y materiales, sí consiguió un juez de refuerzo. Sin embargo, un año después abandonó también el juzgado, que desde el pasado mes de septiembre pasó a manos de María Jesús Hernández Elvira.

Ahora, poco más de cinco meses después, una nueva juez llega a este Juzgado, que sufre así su quinto cambio en poco más de dos años, con lo que eso supone para una causa de la envergadura del caso “Unión”.

Fuente: La Voz de Lanzarote

La sociedad lanzaroteña acude atónita a lo que significa un vacilón en toda regla y un baile de jueces ordenado por las más altas cúpulas, que sólo sirven para dar más tiempo a las defensas de los imputados o incluso a la eliminación de posibles pruebas que queden sueltas. Incluso podría darse que muchos se libren porque sus delitos prescriban después de que los años sigan pasando sin que sean juzgados de forma alguna.

Desde Lanzarote Corrupta queremos mostrar nuestra más profunda vergüenza ajena hacia las instituciones judiciales y hacia los máximos representantes que están permitiendo que este juego de niños siga ocurriendo aún estando en pleno siglo XXI.

Demuestran así que no sólo las instituciones de gobierno están infectadas y plagadas con el mal de la corrupción, sino que hasta la propia justicia está empapada hasta los huesos de la basura y putrefacción del actual falso sistema democrático.

Solo deseamos desde el corazón, que no llegue ese momento en el que entreguen el caso a un juez embaucador y corruptible, que esté abierto a untadas y a prevaricaciones por parte de los acusados, consiguiendo finalmente que el caso más grande e importante de corrupción en Canarias, no sea más que un simple pequeño delito político.

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Destituyen a Loly Luzardo, directora insular de la Administración del Estado en Lanzarote

María Dolores Luzardo ha sido destituida como directora insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. Esta decisión de la Delegación del Gobierno de Canarias, dirigida por María del Carmen Hernández Bento, se ha adoptado "para darle un impulso a esta administración en la isla", según han señalado a La Voz fuentes próximas. Al parecer, se baraja como sustituto a Juan Prats, que ya fue delegado del Gobierno en Lanzarote hace una década.

María Dolores Luzardo

La ex senadora del PP accedió a la delegación insular a principios de 2013, pero ya había ocupado este puesto en 1996, durante el gobierno de José María Aznar, hasta 1999. Posteriormente, lo abandonó voluntariamente para ser candidata del PP a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Quince años después, volvió a asumir este cargo, del que ahora ha sido destituida.

Además de ser directora insular, Loly Luzardo ha sido concejal del Ayuntamiento de Arrecife, senadora del PP por la Comunidad Autónoma de Canarias y consejera del Cabildo. También ha sido presidenta de la gestora que durante unos años llevó las riendas del PP en Lanzarote.

Loly Luzardo sustituyó en el cargo a Orlando Suárez, que abandonó el puesto para ser candidato socialista al Senado en las elecciones del 20-N.

Fuente: La Voz de Lanzarote

Veamos que se trae entre manos el Partido Popular, que cambia a una de sus históricas por uno de sus históricos. Osea que de sangre nueva nada de nada. Lo mismo de siempre.

También seguiremos el rastro de Loly Luzardo, que lo más proable es la nombre Directora Insular de algo o se inventarán un puesto para que siga viviendo del cuento, que es lo único que saben hacer los políticos de nuestras islas.

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Carlos Morales, libre de imputación

El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife ha decidido archivar las diligencias iniciadas por la concesión de la licencia de la vivienda en Puerto Calero del arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, causa por la que la jueza que instruye el caso Unión, María Jesús Hernández Elvira, le imputaba un delito contra la ordenación del territorio y otro delito de inducción a la prevaricación.

Así lo decreta la magistrada en un auto hecho público este mismo martes y remitido a Crónicas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las actuaciones judiciales se iniciaron porque la casa del conocido arquitecto estaba construida supuestamente sobre suelo rústico en Puerto Calero, en el municipio de Yaiza. La jueza ha investigado si Morales solicitó en su día al entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que le concediera la licencia.
De hecho, en su auto, la jueza mantiene el delito de prevaricación administrativa contra Reyes pues considera que el exregidor se saltó la normativa legal al otorgar dicha licencia "en contra de los informes técnicos y con infracción de las normas urbanísticas tanto de la licencia otorgada en el expediente nº 218/2005 de licencia urbanística concedida por el imputado".

El chalé de Puerto Calero, valorado en más de 4 millones de euros

Tras realizar las oportunas pesquisas, la jueza María Jesús Hernández Elvira determina que la vivienda del arquitecto fue edificada en suelo urbanizable no sectorizado y sin valor paisajístico. "no hay duda de la ilegalidad, de la construcción, siendo que nunca se debió conceder la licencia por parte del Sr Alcalde, por cuanto, pese a la calificación del suelo como urbanizable no sectorizado, el regimen juridico del mismo era el de suelo rústico de protección territorial, y no contaba con instrumento de planeamiento que lo desarrollara", sostiene la jueza. 

En cualquier caso, la magistrada cataloga la infracción como administrativa, y no como penal. De hecho, el testimonio de Morales será trasladado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (APMUN), que abrirá expediente sancionador y ordenará la "reposición de la realidad física alterada".

El auto concede diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, instando el sobreseimiento de la causa, o en su caso, de ser procedente, la práctica de diligencias de investigación complementarias de las referidas en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución no es firme y contra la misma caben recursos de reforma y apelación, debiendo interponerse el primero ante este juzgado en tres días, y el segundo en cinco días.

Carlos Morales Quintana, esposo de la princesa Alexia de Grecia

Descargue el Auto del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife aquí

Fuente: Crónicas de Lanzarote


Leído el auto podemos destacar que quién ha salvado a este señor de los verdaderos problemas en los que debería estar metido ha sido principalmente el genio que redactó el desastroso, destructor y completamente amañado y manipulado Plan General de Yaiza, Jorge Cordech, que en su comparecencia como testigo en el caso declaró: “Que es cierto que el suelo en cuestion , la finca 5420 no tiene clasificación de suelo rústico de protección territorial. 
Que el Gobierno de Canarias hizo un informe, pero que no tiene mayor alcance que interpretar como quedaria la clasificación de cada uno de los suelos , pero que él entiende que es una norma de interpretación directa o por aplicación del planeamiento pero no a partir de un informe de la APMUN. 
Al analizar la pieza del suelo en cuestion por el equipo redactor del Plan General es cierto que se concluyo por éste que la pieza de suelo en cuestión carece de valor alguno a proteger y que dicha pieza esta antropizada desde hace muchos años por las decenas de edificacione existentes en la misma y que el informe medioambiental que han analizado no se desprende ningún dato de interés ambiental que impidiera la clasificación y categorización como urbanizable y por tanto edificable. 
Lo que si es cierto que hay edificaciones anteriores al Plan Parcial de Puerto Calero, a la urbanización y edificación del plan especial de Cortijo Viejo. 
Entendemos en el Plan General que es un suelo comprendido entre ambos sectores , y que hay evitar los resultados que se han causado por una incorrecta ordenación, entendemos que por lógica recoger ese suelo e integrarlo en solución de continuidad. 
 Del informe medioambiental que han realizado no se desprende ningún dato de interés ambiental que impidiera la clasificación y la categorización como urbanizable y por tanto edificable”

Así deja bien claro para qué tipo de personas redactó este individuo un plan de esas características.

Mientras tanto, el fiel amigo de Urdangarín se libra por los hechos que todo el mundo sabe que ha cometido, aunque la Justicia pretenda tratar de ocultar.

Aunque recuerden, no le quita culpa y si se sigue la sentencia tal y cómo debe, la casa o parte de ella deberá ser derribada con el fin de cumplir la "reponer la realidad física alterada"

El chalé está valorado, según el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en casi cuatro millones de euros. La vivienda, de 1.200 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, se levantó sobre un solar de 5.100 metros.

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Golpe a la corrupción en la Guardía Civil de Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Fuerteventura a siete personas en una operación relacionada con el tráfico de drogas y dirigida de forma conjunta por la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria y el equipo de la Policía Judicial de Costa Teguise, en Lanzarote. Cinco de los detenidos son agentes de la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas, los detenidos se dedicaban al menudeo de cocaína y hachís. De hecho, en el momento de la detención los agentes les han incautado varios fardos de hachís.

Las prácticas delictivas de los cinco agentes detenidos habían sido denunciadas hace varios años, pero la investigación para detenerlos empezó a finales del 2012.

La instrucción judicial la lleva el magistrado Leandro Martínez, titular del juzgado número 2 de Arrecife, en Lanzarote. En las próximas horas, los detenidos serán trasladados a esa isla para comparecer ante el juez.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, confirmó esta mañana las detenciones durante un acto en Las Palmas de Gran Canaria.

Fuente: El Mundo

Es aconsejable que sepan que esta clase de mafias dentro de las autoridades públicas está muy calada en los cuerpos de seguridad de Canarias y los de Fuerteventura no son los únicos que llevaban a cabo este tipo de acciones de narcotráfico.

En distintas islas son conocidos los movimientos de ciertos componentes de diferentes cuerpos de seguridad con la finalidad de facilitar la entrada, el tráfico o la compra-venta de drogas. Para ello las redes no dudan en utilizar sus poderes legislativos así como diferentes vías de extorsión y amenazas a todo aquel que trate de dar problemas a lo que hoy en día es un negocio multimillonario.

Por ello Canarias se ha convertido en una de las principales entradas de droga de todo el territorio nacional e incluso de toda Europa. La facilidad con la que estas sustancias se mueven en estas islas es sorprendente y las autoridades políticas y de gobierno siguen haciendo la vista gorda y mirando hacia otro lado.

La frase que vamos a utlizar es la siguiente: "Tiempo al tiempo"

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José Miguel Rodríguez devuelve el dinero que el Ayuntamiento de Arrecife pagó a Batllori

El ex concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife por el PIL, José Miguel Rodríguez, imputado en el caso Unión, se ha arrepentido de forma expresa ante el Juzgado número 5 de Arrecife y ha consignado en el Juzgado casi 17.000 euros, que se corresponden con la cantidad que autorizó que el Ayuntamiento pagara al ex consejero del Gobierno canario, Francisco Rodríguez-Batllori.

                    

Rodríguez ha devuelto el dinero de esta pieza separada del caso Unión, que se elevará a juicio próximamente, después de que la Fiscalía haga pública su petición de penas para los acusados. En esta pieza están imputados, además de Rodríguez y de Batllori, la ex concejal Luisa Blanco, así como Dimas Martín, el ex gerente de Inalsa y cuñado de Martín, Rafael Elorrieta y la ex consejera de la empresa pública de aguas, Plácida Guerra. 

Rodríguez, que es trabajador del Cabildo de Lanzarote, destinado actualmente en el Teatro Insular, está imputado por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La petición de pena, probablemente sea menor al haber devuelto el dinero por iniciativa propia.

Rodríguez también está imputado en la pieza central de Unión por cobrar comisiones ilegales y contratar servicios y suministros con precios inflados o que no se llevaron a cabo. Es este caso la cifra que pagó el Ayuntamiento es mucho mayor, superior al millón de euros. El ex concejal también está imputado en la operación Montecarlo por motivos similares. 

La jueza María Jesús Hernández, que tramita el caso, dictó esta semana un auto previo para pasar el caso a la última fase antes de la celebración del juicio en el que consideró que Batllori había percibido 16.941 euros del Ayuntamiento de Arrecife y otros 26.089 euros de Inalsa entre 2008 y 2009 sin justificar, gracias a la influencia de Dimas Martín, para quien realizaría gestiones particulares. Considera que existen indicios claros de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento capitalino y en Inalsa para beneficiar a Batllori por orden de Dimas.

La defensa de Batllori ha solicitado el archivo de la causa. Insiste en que el ex consejero de Empleo asesoró tanto al Ayuntamiento como a Inalsa y recalca las reuniones mantenidas, por ejemplo, con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, para tratar la situación del vertedero de Argana y el Plan General, o con el director de Endesa para abordar la deuda de la empresa pública de aguas.

La jueza considera que Dimas Martín, “desde su situación de especial poder dentro del partido PIL, y pese a estar condenado con pena entre otras de inhabilitación, mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa”.

Así, sostiene que Dimas “se prevalió de su superior jerarquía dentro del PIL utilizando conscientemente tal ascendencia para lograr beneficiar económicamente a Batllori por las gestiones que éste hacia en su nombre”.

Fuente: Diario de Lanzarote

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Un jubilado que asegura que es "analfabeto" y que no recuerda nada ingresó más de 40.000 euros en las cuentas familiares de Dimas Martín

Un hermano de Matías Curbelo que trabajaba en Inalsa, un trabajador portuario jubilado que se definió ante la UCO como “analfabeto”, un antiguo conserje del Cabildo y una dependienta de Zara tienen algo en común: todos ellos manejaron decenas de miles de euros, cobrando cheques de distintas empresas y haciendo ingresos en las cuentas de la familia de Dimas Martín.

Los cuatro fueron citados a declarar por la UCO en calidad de testigos, dentro de la investigación sobre el patrimonio oculto de Dimas Martín. Sus nombres aparecieron en la documentación aportada por distintas entidades bancarias, que a petición de la UCO identificaron a las personas que habían cobrado cheques bajo sospecha, y también a las que habían realizado importantes ingresos en efectivo en cuentas a nombre de familiares de Dimas Martín.

En uno de los casos, un trabajador portuario prejubilado llegó a ingresar más de 40.000 euros en varias operaciones, entre diciembre de 2005 y agosto de 2006. En total hizo cinco ingresos, de entre 11.000 y 4.590 euros cada uno. Cuatro de ellos fueron a una cuenta de la mujer de Dimas, María Elena Martín, y otro a la empresa Gestión y Desarrollo Gaida, que está a nombre de los cuatro hijos del líder del PIL.

     Dimás Martín, analfabeto amigo de los analfabetos

Al ser llamado a declarar, y enfrentarse a cada uno de los resguardos bancarios, aseguró que no recordaba nada, aunque sí reconoció su firma y la fotocopia de su DNI. A eso mismo se aferró ante cada pregunta, incluyendo otra sobre un cheque que cobró por valor de 11.977 euros, emitido por una de las empresas investigadas en Unión por el presunto pago de comisiones ilegales. Alegó que no recordaba haberlo cobrado, y tampoco a quién le entregó después el dinero. “Quiero dejar constancia de que soy analfabeto”, comenzó diciendo en su declaración, según consta en el acta de a UCO.

Respecto a su relación con Dimas Martín, aseguró que sólo lo conoce “del partido”, y explicó que colaboró en varias campañas electorales del PIL “para entretenerse”. Según su declaración, “Dimas es una persona más de la calle y si hace favores se los hace a todo el mundo”.

Su hija sí recordaba

Pese a la falta de memoria de este testigo, quien sí dio todo lujo de detalles fue su hija, que también fue llamada a declarar. En su caso, fue contratada por el Cabildo como auxiliar administrativa del grupo PIL en la Corporación, “gracias a las relaciones” que tenía su padre “con el partido”. Y desde que entró, siempre según su propio testimonio, empezó a recibir distintos encargos de Dimas Martín, pese a que en ese momento no ocupaba cargos públicos y estaba cumpliendo condena por el caso de Complejo Agroindustrial en régimen de tercer grado.

Entre esas gestiones, se incluía cobrar cheques y hacer ingresos bancarios a familiares del líder del PIL. En uno de los casos, según su declaración, el propio Dimas le llevó en su coche hasta el banco. Ese día ingresó 4.500 euros en una cuenta a nombre de la mujer de Dimasy 6.000 euros en otra a nombre de la sociedad Serrano Atlántico, administrada también por María Elena Martín

Además, también admitió haber cobrado dos cheques de la empresa Gestión y Desarrollo Gaida (a nombre de los hijos de Dimas). Uno por importe de 6.000 euros, que después le entregó en efectivo a Dimas Martín, y otro de 12.000 euros, que ingresó a continuación en la cuenta de su mujer.

Fabián Martín y el Registro de la Propiedad

En su declaración, esta testigo dio cuenta también de otros encargos que realizó para el líder histórico del PIL mientras trabajaba en el Cabildo, como reservar vuelos, redactar documentos eincluso hacer gestiones en el Registro de la Propiedad. Preguntada sobre este extremo, dio los nombres de las sociedades que figuraban como dueñas de esas propiedades, y todas ellas están vinculadas al supuesto entramado que utilizó Dimas Martín para ocultar su verdadero patrimonio, poniendo bienes a nombre de familiares e incluso de empresarios que actuaban como presuntos testaferros.

Sobre el coste que tenía que pagar por las gestiones en el Registro de la Propiedad, aseguró en su declaración ante la UCO que “las gastos de esas gestiones se los solicitaba a Fabián Martín y él se lo ingresaba” en su cuenta. Además, también relató que le encargaron hablar con un trabajador de la Oficina Técnica de Teguise, porque Dimas iba a renunciar a la propiedad de varias fincas que estaban a su nombre en el municipio, lo que supondría que cualquiera pudiera reclamarlas.

Un cheque de "varios millones de pesetas"

Al igual que esta testigo, también otro ex trabajador del Cabildo, que entró a trabajar como conserje de la Corporación cuando gobernaba el PIL, después de haber colaborado en la campaña electoral del partido, confirmó que había realizado distintas gestiones para Dimas Martín, como llevar documentación a empresarios y cobrar cheques. Uno de ellos, por valor de“varios millones de pesetas”, que después “transfirió a otra cuenta”. El resto, entre “cinco y diez” cheques más, de entre 3.000 y 4.000 euros cada uno, también los cobró “por encargo de Dimas Martín o de Matías Curbelo”, a quienes después “les entregaba el dinero”.

Precisamente un hermano de Matías Curbelo también fue llamado a declarar como testigo, por hechos similares. En su declaración, explicó que era empleado de Inalsa y que había trabajado en distintas campañas electorales del PIL. En cuanto a si en mayo de 2003 cobró un cheque de 18.000 euros, procedente de una empresa investigada en el caso Unión, aseguró que no lo recordaba, pero que “pudo ser una donación para el partido en campaña”.

En cuanto a otra testigo, que fue contratada por el PIL para ejercer de azafata en varios eventos del partido, y trabajaba como dependienta de Zara, optó por negar directamente los hechos. Al preguntarle la UCO si en mayo de 2003 cobró un cheque de 4.507 euros procedente de una empresa, por encargo de Dimas, aseguró que ella “no ha cobrado ni ese cheque ni ningún otro”. Sin embargo, los datos aportados por la entidad bancaria señalan que fue ella quien hizo esa gestión.

Matías Curbelo ingresó a Dimas más de 147.000 euros

A los distintos ingresos que constan en las cuentas de la familia de Dimas hay que sumar también los realizados por el que entonces era su mano derecha, Matías Curbelo. En total, según los informes de la UCO, depositó 147.050 euros en distintas cuentas de Dimas Martín y de su entorno.

En sus informes, la UCO señala que tanto los ingresos de Curbelo como los de otros colaboradores del partido son en realidad los de menor cuantía dentro del entramado societario del líder del PIL, pero aclara que da cuenta de ellos porque son “una constante en el tiempo”y porque se trata de dinero de “dudosa procedencia”.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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Personal eventual en San Bartolomé

Recientemente se ha anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el cese de uno de los componentes del equipo de personal eventual del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Se trataba concretamente de Bernardino Curbelo Morín, el cual había sido nombrado para desempeñar el puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, fundamentalmente en el Área de Obras y Servicios Públicos, así como en otras Concejalías que lo requirieran.

Con la misma, fue sustituído en ese puesto por Carlos ErikMartín Oliva, quién a partir de ahora pasaría a cobrar la sustanciosa cantidad de 2.904,31 euros/brutos mensuales por jornada completa.

Y también se procedió a trasladar al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Antonio Cárdenas Carrillo, que actualmente ocupaba el puesto de personal eventual o de confianza en el Área de Urbanismo y Zona Industrial de Playa Honda, al Área de Obras y Servicios Públicos de este Ayuntamiento, con dedicación parcial, o lo que eslo mismo, a media jornada y una retribución mensual de 2.000 euros/netos.

Con esto sólo queremos decir que si un técnico que ejerce como personal eventual (sin oposiciones, ni ningún tipo de prueba o examen previo) de un Ayuntamiento de un municipio de menos de 20.000 puede llegar a cobrar semejantes sueldos (sabiendo que son personas elegidas totalmente a dedo)...¿cómo es que no se tiene la solución a la crisis que nos está hundiendo a todos, incluso haciendo morir gente?

Es indignante que cientos de caraduras, salidos de vete a saber donde, por ser amigos y conocidos de un alcalde o concejal, se metan en un Ayuntamiento público a vivir del cuento y a sacar dinero de las arcas como si en ello fuera su vida.

Esta clase de nombramientos, esta clase de cargos, estos salarios impropios son los que nos han llevado y los que nos siguen llevando a la miseria.

Si quieren un maldito técnico en obras públicas, que se saque la maldita carrera, y que se saque unas malditas oposiciones públicas para lograr la plaza fija y conseguir un salario adecuado a su situación y a su calidad.

Esta basura es la que vemos a diario y sobre la que no decimos ni "mu", porque es tan normal que un ignorante (o no) llegue de enchufado a un Ayuntamiento que ya nos da igual. Es más, si no fuera por los boletines, jamás nos enteraríamos de que diablos hacen con el dinero de nuestros impuestos, que acaba en bolsillos y carteras de amigos y familiares de los políticos.

Así nos va....así nos va.

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Embargan 80.000 euros a El Agitador

A los integrantes de la web satírica El Agitador (elagitador.com) un Juez les ha embargado por valor de 80.000 euros a la espera de que salga el juicio en el que se dirima si una viñeta publicada en la revista de humor constituye una ofensa al honor o, por el contrario, la ampara la libertad de expresión que, si no lo han quitado con esto de los recortes, debe estar por algún lado en la Constitución. La información la hemos podido leer en http://carreoart.blogspot.com.es/. 

La viñeta de la discordia parece caracterizar a tres muy populares personajes de la vida pública lanzaroteña: una ex alcaldesa y un ex secretario, que además de por su trabajo también han sido noticia por estar en sumarios judiciales que relacionan diversas prácticas con la corrupción, y un fiscal que ejerció en Lanzarote y que, al final, fue más conocido por los problemas de su vivienda en La Bufona (como Astrid Pérez y tantos otros) que por su lucha contra la corrupción en la isla, precisamente. 

El juicio, según hemos podido saber, será el 9 de abril y, quién sabe, si es una buena oportunidad para que los ciudadanos demostremos si queremos humor atrevido y del bueno en la inmensa mayoría de las ocasiones, o que se persiga a quien retrata a los que, por méritos propios, se ponen delante del objetivo.

Fuente: LanzaroteAhora


Esto solo nos deja ver cómo en un sistema gobernado por la corrupción y las malas artes, quién sale perdiendo siempre es aquel que lucha y, en este, se ríe de la basura política que dice gobernar para el ciudadano. 

Como bien dice la nota de prensa, los afectados por la viñeta están ahora con el agua al cuello, y una de ellas, María Isabel Déniz, estuvo incluso en prisión preventiva durante varios días, pero tras los chanchullos de siempre pudo salir libre y ahora te puedes encontrar a todos ellos por la calle, con la cabeza muy alta y orgullosos de su estatus social.

La mejor opción es que al verlos, expreses tus sentimientos, les grites los ladrones, chanchulleros y basura que son y que te quedes tan a gusto.

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AC advierte de que las “pérdidas en la red y el fraude” en Inalsa provocaron un descenso de 18 millones de euros en la facturación de 2012

Alternativa Ciudadana ha vuelto a denunciar la “grave situación” derivada de la red de Inalsa y del “fraude”, que ocasionaron en 2012 una pérdida de 18 millones de euros en la facturación de la empresa. Según esta formación, por culpa de la situación de la red de distribución se perdieron 10,2 millones de euros, 1,4 millones de euros por los contadores en mal estado y 5,1 millones de euros por el “fraude por personas o empresas que consumen y no pagan”.

Alternativa ha denunciado en repetidas ocasiones que Inalsa pierde en la red “el 50 por ciento de su producción”. Además, ha criticado la competencia “desleal” que suponen las desaladoras ilegales, prohibidas por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOT) y de la que “se ven directamente beneficiados los empresarios hoteleros”. “Estas desaladoras no pagan a Inalsa a pesar de que utilizan la red de saneamiento pública”, ha insistido.

“Es difícil entender que siendo tan antiguo el déficit que suponen estos dos asuntos para las cuentas de la empresa no se hayan atajado con carácter urgente, máxime cuando Inalsa pasa por una complicada situación económica. En esta cuestión caben dos planteamientos: o bien existe una grave ineptitud para afrontar la situación o bien no resulta tan incómoda de cara a una posible privatización”, ha denunciado Alternativa Ciudadana a través de un comunicado.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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