El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a
las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de
cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran
Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto
Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las
explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no
sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector
turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que
se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es
precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol
ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que
ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones
y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los
impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las islas.
El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria, Enrique
Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio de
impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las
vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es
decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es
intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado
Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este
proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a
desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un
expediente que supera el millar de páginas”.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso
hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en
Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones
petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas
vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo
lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la
Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta
información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento impresos
en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades mínimas
para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario contra un
proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones, sectores
empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los
defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las
cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos
pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas
preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una
futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día
después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo
alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros
a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la
paralización del proyecto”.
El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas
por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para
perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750,
3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este
respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el
Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por
parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este
momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas
alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y
los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de
alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de
Repsol”.
El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a
las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de
cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran
Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto
Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las
explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no
sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector
turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que
se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es
precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol
ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que
ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones
y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los
impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las
islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria,
Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio
de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las
vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es
decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es
intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado
Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este
proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a
desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un
expediente que supera el millar de páginas”.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso
hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en
Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones
petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas
vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo
lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la
Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta
información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento
impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades
mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario
contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones,
sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los
defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las
cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos
pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas
preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una
futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día
después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo
alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros
a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la
paralización del proyecto”.
El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas
por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para
perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750,
3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este
respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el
Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por
parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este
momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas
alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y
los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de
alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de
Repsol”.
El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a
las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de
cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran
Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto
Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las
explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no
sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector
turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que
se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es
precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol
ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que
ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones
y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los
impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las
islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria,
Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio
de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las
vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es
decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es
intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado
Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este
proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a
desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un
expediente que supera el millar de páginas”.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso
hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en
Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones
petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas
vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo
lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la
Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta
información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento
impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades
mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario
contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones,
sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los
defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las
cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos
pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas
preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una
futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día después
de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo alberga tres
merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros a viajar a
Las Palmas para ver un documento que puede determinar la paralización del
proyecto”.
El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas
por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para
perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750,
3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este
respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el
Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por
parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este
momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas
alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y
los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de
alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de
Repsol”.
Fuente: Nota de prensa del Cabildo de Lanzarote.
18:14
LC
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