El fiscal pide el archivo provisional de las actuaciones que se siguen contra 17 imputados del caso “Unión”

El Ministerio fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen dentro de una pieza separada del caso “Unión” respecto a 17 imputados. En un escrito fechado el día 21 de julio, el fiscal Javier Ródenas pide el archivo provisional de la causa para Segundo Rodríguez, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez. 

En ese escrito, el fiscal pide que se dicte este auto de sobreseimiento provisional en esta pieza separada número 12 de este caso, “por la ausencia de material probatorioque justifique la pendencia de este estadio procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación, que legitime la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral”.

Esta pieza se centraba en la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos, sobre todo en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife en el periodo de 2007 a 2009, pero también desde 2005 en algún caso concreto, a empresarios de la isla cuyos intereses económicos habrían estado en buena parte ligados, de hecho, habrían dependido de las decisiones políticas, según un auto de 5 de julio de 2012.

El fiscal concreta en su escrito por qué no es posible fundamentar la acusación contra alguno de estos imputados. En este sentido, recuerda que Matías Curbelo declaró en sede judicial en febrero de 2010, “la participación en operaciones destinadas a la financiación irregular del PIL en el año 2003-2007”, época en la que era la persona que ejercía las funciones de administrador de campaña del partido.

Juzgados de Arrecife

Declaraciones que "no han podido ser corroboradas" 

Sin embargo, afirma el fiscal, las operaciones que relató en dicha comparecencia, “muchas de ellas con poca precisión e inconexas”, no han podido ser corroboradas por datos externos a su propia declaración y por expedientes concretos de adjudicación de obras. “No existiendo otro material en las actuaciones que la personal declaración del coimputado no es posible fundamentar en este sólo dato una eventual acusación ante la falta de corroboraciones externas a su personal declaración”, señala el fiscal.

Respecto a Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife, el Ministerio Público asegura que no se ha acreditado “dato de sesgo incriminatorio que permita atribuirle conducta ilícita en una contratación, la de su madre, que no se produjo en ningún momento”.

Sobre los tres arquitectos imputados en esta pieza del caso “Unión”, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez, el fiscal insiste en que también procede decretar el archivo provisional de las actuaciones “porque no se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de voluntades entre los arquitectos con los responsables públicos para defraudar a la administración en la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife”.

De otra parte, el fiscal solicita la práctica de diligencias “indispensables” para enfilar la “decisiva” fase intermedia respecto a 22 imputados. En concreto, respecto a Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín, Yoana Cabrera Machín, Loyola del Mar Fernández Álvarez, María Luisa Blanco, Juan Rafael Arrocha, María Elena Martín, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenes, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y Joaquín Herrera.


Sostener la acusación o adherirse a la Fiscalía 

Ante este escrito del fiscal, la juez, en una providencia y atendiendo a la petición del Ministerio Público, pide que se dé traslado a las restantes acusaciones personadasen la causa para que en un plazo de diez días puedan alegar, en particular si sostienen la acusación contra los citados imputados, o se adhieren a lo interesado por el Ministerio fiscal.

También, solicita que se cite a declarar como imputado a Samuel Lemes por un presunto delito de estafa, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la vista del dictamen pericial auditor de los expedientes de obras de la empresa de su titularidad por la facturación supuestamente excesiva al Ayuntamiento de Arrecife en el acondicionamiento del centro sociocultural de San Francisco Javier. Para ello, se fija el día 12 de septiembre a las 10.30 horas.

En esta misma providencia, se acuerda oficiar al director de la cárcel de Tahíche para que en el plazo de 10 días se aporte el testimonio íntegro de la documentación entregada por el interno Dimas Martín para la consecución del tercer grado penitenciario, en especial, el contrato de trabajo presentado lograr tal objetivo.

Fuente: LaVozDeLanzarote

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Zona Comercial Abierta de Playa Honda ¿necesidad o pelotazo?

Hace unos días se inauguró la nueva Zona Comercial Abierta de Playa Honda situada en la calle Mayor, con mucha festividad y pomposidad por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé para tratar de justificar lo injustificable. Y es que el empeño de María Dolores Corujo, actual alcaldesa de San Bartolomé, en esta obra destaca sobre las demás obras "a medias" que tiene pendientes en Playa Honda, tales como una piscina municipal o mejoras en las infraestructuras urbanas.

La nueva Zona Comercial Abierta de Playa Honda

El resultado de esta obra, cuyo plazo se alargó mucho más de lo esperado con las consecuentes molestias para los vecinos y transeúntes, ha sido de cara a la realidad un completo desastre.

Al cerrarse uno de los carriles para hacerlo peatonal, se ha favorecido el estancamiento de uno de los accesos más frecuentados de la localidad, haciendo que ahora las horas puntas se conviertan en una pesadilla tanto para los vecinos como para los que circulan por la zona.

Por otro lado, la destrucción de aparcamientos ha sido brutal, teniendo en cuenta que han eliminado más de 100 plazas de aparcamientos exteriores que aportaban fluidez y rapidez a la búsqueda de aparcamiento.

Pero todo tiene una explicación.
Los Marciales están construyendo en la misma zona una gran superficie SPAR con varias planta y un aparcamiento privado con cientos de plazas.
Esta sería una de las principales causas de la destrucción de aparcamientos exteriores por parte de la nueva obra del Ayuntamiento de San Bartolomé para favorecer el tráfico de vehículos hacia el nuevo parking de los Marciales.

Es el claro ejemplo de cómo fastidiar a la ciudadanía para favorecer a los empresarios caciques de la isla, un "toma y daca" que llevamos sufriendo durante décadas.

Cartel de Obra de la gran superficie de los Marciales

Las críticas surgidas por parte de los vecinos y usuarios de la zona, dan por sentados que los únicos que quedan satisfechos con dicha Zona Comercial Abierta son el grupo de gobierno y los caciques que se verán altamente beneficiados.

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Boicot a Repsol de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones

En la tarde de este viernes 18 de julio de 2014, alrededor de 150 personas se han concentrado en la entrada a la estación de servicio de Repsol cercana al centro comercial La Ballena en Las Palmas de Gran Canaria,

Con esta concentración que transcurrió en medio de innumerables pitidos de apoyo de los coches que pasaron por las inmediaciones de la protesta, se da inicio a una campaña que incluirá información ciudadana y diversas concentraciones planificadas por las diferentes asambleas barriales de la Coordinadora en diferentes estaciones de servicio de Repsol y oficinas de la Caixa (principal accionista de la petrolera),.

Dichas acciones  se realizarán periódicamente en las siete islas canarias con el objetivo de visibilizar el peligro que supone el proyecto de prospecciones planteado por esta multinacional en aguas del archipiélago y exigiendo que la decisión final sobre estas prospecciones la tenga la ciudadanía canaria por medio de ua consulta popular vinculante.

Manifestantes en una estación de servicio de Repsol

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El operativo de limpieza de la Playa de El Cabrón evidencia que ante una posible catástrofe mayor las instituciones Canarias no están preparadas en absoluto.

Así lo ha asegurado la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones en un comunicado de prensa.

"El operativo de limpieza de la Playa de El Cabrón evidencia que ante una posible catástrofe mayor las instituciones Canarias no están preparadas en absoluto.

Mientras las autoridades del Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Gran Canaria son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad y funciones de cada cual en la limpieza de la Playa de El Cabrón, los compañeros y compañeras de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones que han participado en las labores del limpieza como voluntarios junto a cientos de personas, atestiguan el grado de improvisación y la falta de coordinación en dichos trabajos. En los que la enorme voluntad de los participantes choca con órdenes contradictorias, falta de implicación clara de las instituciones, dotación de mascarillas de papel inadecuadas y un absoluto desorden en las tareas de limpieza que inclusive pueden derivar en un riesgo sanitario para los voluntarios y voluntarias. Asimismo queremos advertir que contrariamente a lo que afirman las autoridades, el desastre es bastante más importante de lo que reportan, siendo que hemos podido contabilizar ya más de 15 toneladas de petróleo recogidas sin que con ello se haya, ni remotamente, acercado el fin de las labores de limpieza.

A esto hay que sumarle la absoluta impunidad de quien ha provocado el vertido, de hecho el capitán marítimo de Las Palmas, Pedro Mederos, ha señalado cuando le han preguntado sobre el responsable: "no tenemos ni idea" ; la inexistencia de medidas de prevención de accidentes de este tipo, la negligencia evidente cuando una avioneta advirtió de la mancha de crudo seis horas antes de la tragedia y nadie movió un dedo en ninguna de las administraciones más preocupadas por responsabilizarse unas a otras que por actuar con diligencia y de manera coordinada.

Ante este conjunto de despropósitos la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas, quiere exigir mayor coordinación y responsabilidad a las instituciones involucradas Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria. Por otra parte hacemos un llamamiento a la población ha seguir participando de las tareas de limpieza puesto que aún queda mucho trabajo por hacer. Finalmente exigimos al gobierno del Estado que entienda lo sucedido en la Playa de El Cabrón como una advertencia de las nefastas consecuencias que puede tener el proyecto de prospecciones en canarias y lo archive definitivamente."

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Las incoherentes palabras de Tato, teniente de alcalde del municipio de Yaiza

"Ya existe Papagayo, que es virgen" es la perla que ha dejado en la prensa de hoy el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, José Antonio Rodríguez, más conocido como Tato.

Al realizarle una entrevista en Lancelot Televisión acerca de su posición respecto al pacto de dragado del Charco de Los Clicos a cambio de la concesión durante 75 años de los derechos de explotación de la playa de Afe o Las Coloradas, Tato ha dejado claro que el que realizó el proyecto "desconoce totalmente la realidad de lo que hay" dado que "la arena de Afe es rubia y la de los Clicos es negra y gruesa".

No obstante, le parece favorable que "se le de dinamización a la playa de Las Coloradas con servicios y hamacas" defendiendo su rehabilitación de forma artificial, momento en el cuál ha dejado la perla a la que nos referíamos al inicio: "Ya existe Papagayo, que es virgen".

De esta forma, podemos dejar en claro que para este tipo de "políticos de la alpargata", término muy usado por el archicorrupto ex-alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, que dado que existe ya una serie de playas vírgenes, lo demás se puede destruir al libre albedrío, para uso y disfrute del extranjero turista.

Hace poco más de una década, la playa de Afe también era una playa virgen, una playa maravillosa de arenas doradas donde decenas de familias lanzaroteñas iban a pasar largos días de playa.

Tras la invasión del cemento y la brutalidad constructora, fruto de la podredumbre política cuyos únicos intereses eran los de tener sus bolsillos bien llenos, se permitió la construcción de una monstruosa mole de hormigón que hoy conocemos como Papagayo Arena, y que sigue siendo tan ilegal como el día que colocaron su primer bloque.

Esta mole enorme, y la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, provocaron un cambio de corrientes marinas brutales, que hicieron que aquella playa dorada perdiera por completo todo su maravilloso jable, para quedarse en una playa "pelada" de "callaos".

Una playa que en un primer momento iba a ser privatizada por el hotel ilegal, pero que de momento, DE MOMENTO, sigue siendo pública.

El único interés de que esa destrozada playa sea explotada y violada una vez más proviene de ese HOTEL ILEGAL, perteneciente a la compañía SANDOS, y que sólo busca recuperar a golpe de artificialidad aquella playa dorada y natural que jamás volveremos a ver.

Así que aconsejamos al señor Tato, que deje de decir memeces y que toda nuestra costa en peso debería ser tan vírgen como aún lo es Papagayo, a pesar de que también han habido intentos de acabar con su virginidad.

El turista no viene a ver nuestros maravillosos hoteles de hormigón armado, viene a ver lo poco que queda intacto de nuestra maravillosa tierra, eso que ustedes pretenden cargarse también.

Playas con hamacas y sombrillas hay en todo el mundo. Playas de la categoría de las de Papagayo, se cuentan con los dedos de las manos.

                         

Playa de Afe o Las Coloradas hace más de dos décadas

Playa de Afe o Las Coloradas a día de Hoy

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El PIL condenado a pagar 100.000 euros por obras impagadas

El partido símbolo de la corrupción por excelencia, PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) ha sido condenado a pagar la cifra de 100.000 euros al constructor José Ramón Vizcaíno, también imputado en el complejo caso "Unión".

Esta condena se resuelve tras una demanda interpuesta por el propio constructor al partido político, debido a una serie de obras impagadas en las sedes de dicha agrupación política allá por el año 2003.

Fabián Martín, el actual presidente del PIL e hijo del "¿Señor Martín? ¿Eh? NO", ha hecho declaraciones al respecto quitándole importancia con la frase "una raya más para el tigre", en un discurso absolutamente victimista y lamentable.

Aparte de ello, echa las culpas a los por entonces responsables del partido, Celso Betancort, en aquel tiempo presidente del PIL y actualmente imputado en el caso "Unión", y a María Isabel Déniz, que ejercía en esas fechas como secretaria general del partido, y cuya lista de imputaciones es hasta la fecha interminable.

“Imagínese si ha llovido desde entonces. Estas dos persona ya no están en la formación y dejaron eso, que finalmente ha llegado a un proceso judicial y a una sentencia”, ha explicado Fabián Martín, donde ha asegurado que su formación tendrá que recurrir esta condena porque “no existe el dinero”, o tratará de llegar a un acuerdo con el empresario, con el que todavía no ha contactado.

Fabián Martín ha señalado que este caso se remonta a poco antes de la campaña electoral de 2003, cuando “por encargo de estas personas se acometen una serie de reformas, no en sedes definitivas, sino en algunas sedes particulares para esa campaña”.

El actual presidente del PIL desconoce cómo se hicieron estas contrataciones al empresario, si fueron a través de “contratos verbales o de otra naturaleza”, ya que asegura que la formación no cuenta con “ninguna documentación al respecto”.

Cabe destacar que el propio padre del ahora presidente del PIL era quién movía todos y cada uno de los hilos de la formación política. Cada acción y cada paso eran previamente consultados al mayor capo que ha conocido la isla de Lanzarote en décadas, por lo que es necesario informar a este señor de que la culpa no es más que de su propio padre, quién deberia "apechugar" con los gastos, ya que entre testaferros y cuentas ocultas y bloqueadas, la familia Martín cuenta con un botín multimillonario, fruto de décadas de fraudes y usurpaciones a las arcas públicas, y del cuál a día de hoy siguen disfrutando sin ningún tipo de impunidad.

El que la hace la paga, y poco es lo que están pagando todos y cada uno de los que han sumido esta isla en lo más profundo del abismo con el único objetivo de llenarse los bolsillos sin dar un palo al agua.

Fabián Martín, hijo del "¿Señor Martín? ¿Eh? NO"

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Una de las piezas del caso “Unión” empezará a juzgarse el 16 de octubre

La Audiencia Provincial de Las Palmas empezará a juzgar el próximo 16 de octubre una de las piezas del caso “Unión”, en la que se acusa al ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, y al ex líder del PIL Dimas Martín, de sustraer presuntamente fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa. 

La Audiencia ya ha establecido esta fecha para celebrar el juicio, dentro de un calendario que se extiende hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones. Algunas se celebrarán en los Juzgados de Arrecife, mientras que el resto tendrán lugar en la sede principal de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El tribunal de la Audiencia será el que se desplace para las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento. Estas sesiones serán el 16 y el 17 de octubre. Además, los primeros testigos del caso, otros cargos públicos y técnicos, serán interrogados el 20, 21 y 23 de octubre. 

Posteriormente, el juicio continuará a partir del 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrarán otras cuatro sesiones.

Petición de ocho y seis años de cárcel

En esta pieza del caso “Unión” se investiga el pago de facturas por trabajos supuestamente no prestados. Rodríguez Batllori se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pide seis años de prisión para Dimas Martín, acusado de influir sobre los cargos públicos de su partido para que abonaran esas facturas presuntamente fraudulentas desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública Inalsa.

La juez instructora y la Fiscalía sostienen que Rodríguez Batllori cobró más de 43.000 euros de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife, a través de facturas bimensuales, por servicios que realmente no prestaba. Según la investigación, basada entre otras cosas en las conversaciones grabadas durante la Operación “Unión”, en las cartas interceptadas entre Dimas Martín y Batllori y en la propia confesión de José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife, lo que realmente se estaba pagando con ese dinero eran servicios privados prestados por Rodríguez Batllori al líder histórico del PIL.

Junto a Rodríguez Batllori y Dimas Martín, continúan acusados en esta causa José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos y para quien la Fiscalía pide un año de prisión; la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; la ex consejera Delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea. Para estos tres últimos acusados, el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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Estafas continuadas en las fiestas de Arrecife durante 2008

Las fiestas de Chaxiraxi del barrio capitalino de Argana Baja tienen un programa de actos modesto, pero el Ayuntamiento de Arrecife no reparó en gastos en la edición de 2008, al menos al abonar supuestos trabajos de electricidad. En total, el Consistorio pagó dos facturas al mismo empresario, José Daniel Hernández. Una por valor de 21.141 euros y la otra de 23.086 euros.

En total, casi 45.000 euros en la supuesta instalación eléctrica de unas fiestas cuyo programa de este año consistía en “campeonatos de envite, ronda, chinchón, bola y fútbol”, así como “certamen de dibujo, parchís y la organización de una yincana”. Así lo reflejaba la crónica publicada ese año por La Voz de Lanzarote, dando cobertura a estas sencillas fiestas del barrio de Argana Baja.

Ese mismo año, el Ayuntamiento pagó ocho facturas más a este empresario, también por supuestos trabajos de electricidad en otras fiestas del municipio. Y todas ellas, que en total suman más de 250.000 euros, están incorporadas a la pieza 13 del caso Unión, sobre la que se acaba de presentar ya el escrito de acusación de la Fiscalía, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y falsedad de documento mercantil.

Cabe destacar que en el año 2008 adquirió la concejalía de Festejos el que sigue siendo actual concejal, Víctor Sanginés Tremps (PSOE) tras la dimisión de Miguel Ángel Ferrer (PSOE) en marzo de ese mismo año, durante el mandato de Enrique Pérez Parrilla (PSOE)



Algunos de los trabajos fueron realizados por personal del Ayuntamiento

Los informes técnicos recabados por el propio Ayuntamiento tras el caso Unión sostienen que algunos de los trabajos por los que se pagó a la empresa de José Daniel Hernández fueron realizados en realidad por trabajadores el propio Consistorio. El técnico del área señaló en su informe que para las fiestas de los barrios no se contrataban empresas de electricidad, porque “no requieren mucho montaje” y se encargaba “el departamento de alumbrado de la institución”.

En cuanto a la instalación eléctrica de otras fiestas, como los Carnavales, por las que también se le pagó a la empresa de Hernández, el técnico señaló que en realidad ese trabajo corrió a cargo de otras dos empresas de electricidad, que fueron contratadas para ello. Concretamente fueron las empresas Leyce e Inelcon, cuyos propietarios, a petición de la Fiscalía, serán citados como testigos durante el juicio por estos hechos.

El resto de facturas abonadas a José Daniel Hernández correspondían a las “fiestas de San José Obrero” (23.320 euros); Valterra (26.208 euros); de nuevo “San José Obrero” en Titerroy (20.863 euros); el Carnaval de Arrecife (26.717 euros); las fiestas del Carmen de Valterra (29.993,25 euros); las fiestas de San Francisco Javier (26.013 euros); y otra más de San Francisco Javier presentada tres días después (25.195 euros).

En cuanto a las cuatro facturas cuyo pago fue frenado por el Ayuntamiento (pese a que ya tenían el visto bueno de Arrocha, Sáenz y José Miguel Rodríguez), todas tenían idéntico concepto: “trabajos de electricidad fiestas San José y Carnaval”. El importe de cada una oscilaba entre los 23.000 y los 27.000 euros, sumando en total casi 100.000 euros más que, en este caso, no llegaron a abonarse “por causas ajenas a la voluntad de los acusados”.


Relación entre la empresa malversadora y el Ayuntamiento 


La empresa se constituye en mayo de 2008 y presenta cinco facturas al Ayuntamiento. Las otras nueve facturas con anomalías se presentan a nombre del empresario. Dos de las facturas de Proselan pertenecen a los meses de febrero y marzo de 2008, a los carnavales y a las fiestas de San José Obrero en Titerroy.

Una de ellas se fecha en agosto de 2008 pero la otra se fecha en el 30 de marzo de ese año, cuando no estaba constituida la empresa. Tanto en esas como en las otras facturas aparece el sello de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y la firma de un técnico de ese departamento.

Hay que recordar que dos informes municipales revelan que los trabajos facturados por esa empresa no se hicieron o que los hizo el personal municipal. Por otra parte, las cantidades facturadas, que alcanzan en total 350.000 euros, son desorbitadas para los trabajos descritos y las facturas no están ni siquiera detalladas.

En su origen Hernández iba a contar con un socio que se encargara de las gestiones. Sin embargo, sin haber llegado a realizar ningún trabajo, el empresario decide adquirir él sólo la sociedad y el socio le vende la empresa.

Hernández arrastra deudas con algunos organismos oficiales. Había tenido anteriormente otra empresa de electricidad con otro socio con la que ha trabajado con distintas administraciones públicas de la isla. En marzo de 2009, su mujer, Diana Parrilla, pasa a ser la administradora de la empresa.

José Daniel Hernández Arráez se presentó en las listas del PNL-Nueva Canarias al Parlamento de Canarias en las últimas elecciones, en mayo de 2007. Iba colocado en el número tres esa lista por la isla de Lanzarote.

Por otra parte, el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, acordó en Junta de Gobierno trasladar al Ministerio Fiscal las facturas presentadas por este empresario y por su empresa. El Ayuntamiento, igualmente, ha suspendido el abono de dichas facturas hasta que no se aclare lo sucedido.

Fuentes: La Voz de Lanzarote y Diario de Lanzarote

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Un millar de manifestantes "animan" el pregón de José Manuel Soria en Telde

Sobre las seis de la tarde empezaron a congregarse manifestantes en la plaza de San Juan en Telde, con motivo del pregón que el Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, tenía previsto para las fiestas de San Juan Bautista de dicha localidad.

No se escatimaron gastos en medidas de seguridad: diez lecheras de la Policía Nacional, un helicóptero, equipos de antidisturbios, decenas de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local...todo para que el señor Ministro pudiera dar su pregón.

A la llegada de Soria, ya habían en los alrededores de la ermita de San Pedro, lugar de celebración del pregón, unas mil personas haciendo ruido con pitos, calderos y gritando consignas como "Sí se puede", "Canarias no se vende" o "Hijo de puta".

Nada más llegar en el coche oficial, José Manuel Soria entró inmediatamente a la ermita, donde le esperaban unas cincuenta personas, la gran mayoría militantes del PP del municipio de Telde.

Soria a su llegada al lugar del pregón

El pregón de estas fiestas que son para el pueblo, se realizó finalmente a puerta cerrada y con derecho de admisión. Es decir, un pregón para el pueblo pero sin el pueblo.

Tras algo más de 15 minutos de pregón y con los gritos de los manifestante incesantemente de fondo, José Manuel Soria ha salido por el lado contrario del que se encontraban los concentrados, evitando así cualquier tipo de contacto que pusiera en peligro su integridad física.

Tras el pregón, se han comenzado a desarrollar una serie de disturbios que han acabado con equipos de antidisturbios disparando pelotas de goma y manifestantes quemando contenedores a modo de barricada.

A esta hora se contabilizan en total siete detenidos.

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El fenómeno de la "emigración insular momentánea"

Desde hace ya varios años, se está produciendo en Lanzarote un fenómeno al que hemos denominado "emigración insular momentánea".

Lanzarote, la tercera potencia económica del archipiélago canario, no ha destacado mucho por su correcta política económica, a pesar del fuerte crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

Hechos como la grave corrupción, el caciquismo, los monopolios o la pésima gestión por parte de las administraciones, han pasado factura. Y es que a pesar de ser la tercera isla más poblada del archipiélago, los servicios ofertados en Lanzarote son los justos. La negativa de caciques insulares a la entrada de grandes empresas con la ayuda de los que han gobernado, ha propiciado que a día de hoy, nos hayamos quedado atrás en el "auge" de las otras islas.

En este sentido, Fuerteventura, con una población algo menor que Lanzarote, se está conviertiendo en un ejemplo de avance en este sentido. Las grandes marcas comerciales se han instaurado en la isla, propiciando una mayor competitividad y unos precios más razonables para su población.

Ese el caso también del precio de los combustibles. Tras la fatídica subida del precio de los combustibles en Lanzarote debido al impuesto gravado por el Cabildo de Lanzarote para, supuestamente, invertirlos en carreteras, la diferencia de precios en combustible entre Lanzarote y Fuerteventura es aún mayor. Tal es así, que podemos encontrar diferencias de hasta 4 céntimos por litro.

Todo esto ha propiciado que todos los fines de semana, cientos de lanzaroteños se desplacen a la isla vecina de Fuerteventura para realizar compras a mejores precios, tanto de alimentación como textiles, etc.

Este viaje es aprovechado también para llenar los tanques a precios también infinitamente más bajos que en Lanzarote, de forma que Fuerteventura se está convirtiendo en un oasis para las cada vez más apretadas carteras lanzaroteñas.

Todo este fenómeno que claramente a la larga afectará aún más a la economía de la isla, se debe a la pésima gestión que han llevado a cabo las instituciones de la isla, favoreciendo siempre al empresario cacique y cerrando los ojos ante los gritos de los ciudadanos, pidiendo un sector servicios menos centrado en el turista, y más igualitario con respecto a las demás islas del archipiélago canario.

Embarque en el puerto de Corralejo, Fuerteventura.

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