miércoles, 29 de mayo de 2013

Canarias, por favor, despierta

Tras la decisión del Tribunal Supremo de NO paralizar cautelarmente las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, los canarios nos hemos quedado con los pantalones bajados, indefensos y sin ningún tipo de apoyo.

Ahora tenemos que ser nosotros los que nos movamos, los que tomemos decisiones drásticas y los que nos impongamos frente a aquellos que pretenden tratarnos como una "gallina de los huevos de oro" pero solo recibiendo sobras y basura de aquellos que abusan de nuestra tierra, nuestro mar y nuestro aire.

Dado que los políticos, asesores malpagados y demás asociaciones solo juegan a mover papeles en instituciones y a promover la democracia, las prospecciones siguen adelante.

El papeleo NO CONSEGUIRÁ NADA, los conciertitos NO CONSEGUIRÁN NADA, y las manifestaciones masivas visto está que NO CONSEGUIRÁN NADA.

Las únicas opciones que estos ineptos no se ha decidido a adoptar son acciones directas, acciones drásticas y efectivas, acciones que surtan efecto y que realmente hagan notar que estamos aquí solo para chafarles el negocio sucio, ilegal y antidemocrático que se traen entre manos.

Estan son una serie de medidas que se DEBEN llevar a cabo y que se DEBEN difundir a través de esas instituciones públicas que tanto dicen luchar contra el petróleo.



BOICOT A LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y PRODUCTOS DE REPSOL

En Canarias existen decenas de estaciones de servicio de REPSOL y otras tantas que trabajan con carburantes y productos de REPSOL.

La cuestión en sí es desestabilizar y hacer caer las ventas de carburante y productos de esta empresa de forma masiva en las islas, cosa que realmente se hará notar si todos y cada uno de nosotros colaboramos y ponemos nuestro granito de arena.

Les dejamos las imágenes de todas y cada una de las estaciones de servicio REPSOL que se encuentra en Canarias. Pulsa en cada imagen para ampliar.







PROTESTAS EN CADA ACTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN CANARIAS

La asistencia a los actos que organice el gobierno español en cualquiera de las islas, sobre todo si cuenta con la presencia de altos cargos de gobierno y aún más si es el mismo José Manuel Soria, ayudará a dar a conocer de primera mano al Estado cuál es la opinión del pueblo canario respecto a las prospecciones.

Es vital que llegue un momento en el que tengo incluso miedo de asistir a un acto en las islas, sabiendo que recibirán todo tipo de abucheos, silbidos, insultos e improperios.

Si ellos nos tocan los cojones, ¿quién nos impide tocarselos a ellos?



DECLARAR OFICIALMENTE A ALTOS CARGOS DE REPSOL Y A JOSÉ MANUEL SORIA PERSONAS "NON GRATAS" EN CANARIAS

Visto que el Gobierno de Canarias sigue haciendo una enorme oposición respecto a las prospecciones petrolíferas, una de las acciones que puede llevar a cabo dada la autonomía de esta comunidad es nombrar oficialmente personas "non gratas" a los altos cargos de Repsol y al propio Ministro de Industria, Energía y Turismo del Partido Popular, José Manuel Soria.

De esta forma quedaría claro que Canarias no quiere saber nada de personas que pretenden aplastar el sentimiento de un pueblo que se opone a que destruyan su tierra y su entorno, con las correspondientes consecuencias que esto significaría.

Para realizar una ación como esta haría falta un gobierno con valentía y con ganas de luchar por nuestra tierra, que en este momento no es el caso.



ACCIONES DIRECTAS EN LA COSTA Y EN ALTAMAR

Si algo hemos aprendido de asociaciones como Greepeace es que la acción directa es la más eficaz.

En estos momento, buques y plataformas de sondeo no parar de moverse en los puntos calientes de prospección frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, incluso con los vetos y las medidas cautelares que se han impuesto.

Sabiendo esto y sabiendo qué barcos se dedican a estos sondeos, es fácil ir a molestar con barcos y demás medios marítimos conociendo su posición. Tan solo con estar en los alrededores basta para sacar fotos de los movimientos que hasta nuestro propio gobierno autonómico nos oculta, a pesar de la imagen que quiere dar de constante oposición al petróleo.



Estas son algunas de las formas que cada uno de nosotros puede llevar fácilmente a cabo, de forma cotidiana incluso, realizando una lucha silenciosa, no violenta y efectiva.

En tus manos está que el futuro de Canarias no sea negro y lleno de piche. En tus manos está el presente y el futuro de los tuyos.

lunes, 27 de mayo de 2013

La Justicia confirma que el Argana Centro se construyó de forma ilegal y anula las licencias que recibió después de estar terminado



El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado todas las licencias que recibió el Argana Centro entre noviembre de 2007 y enero de 2008, cuando el centro comercial ya había incluso abierto sus puertas, y ha confirmado que la construcción se realizó de forma ilegal, al no contar con una “licencia válida y efectiva para iniciar las obras”.
De hecho, la sentencia sostiene que el acuerdo de la Junta de Gobierno de Arrecife adoptado el 30 de noviembre de 2007, y que fue recurrido en los tribunales por un particular, tenía la “finalidad” de “legalizar unas obras que se había ejecutado careciendo de la necesaria cobertura jurídica”. Por eso, anula tanto ese acuerdo, por el que se aprobó un proyecto modificado de obras (que ya habían concluido un año antes), como la licencia de primera ocupación concedida ese mismo día, y la de puesta en funcionamiento otorgada mes y medio después, el 9 de enero de 2008.
Respecto al futuro de este centro comercial, la sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSJC, rechaza la pretensión del demandante de ordenar su demolición, pero advierte que podría acordarse en la fase de ejecución de sentencia, en caso de que no pueda ser legalizado.
Al respecto, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se sostiene que “la demolición es una consecuencia natural de la anulación de una licencia de obras, pero no la única posible, pues también es posible la legalización”. Eso sí, la sentencia también advierte que esa opción cabe “siempre y cuando la modificación del planeamiento no haya tenido lugar con fines espurios”, dirigidos a la “legalización de lo declarado ilegal”.

Polémico desarrollo de la Unidad Número 12

En este caso, cabe recordar que el Argana Centro está incluido en la Unidad de Actuación Número 12, cuyo planeamiento acaba de ser aprobado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, dando cabida al uso comercial en la zona. Durante la tramitación de este Plan Parcial impulsado por el Ayuntamiento de Arrecife, la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) aprobó el pasado mes de marzo la Memoria Ambiental, aunque de forma condicionada.
En su resolución, la COTMAC señalaba que había informes negativos y que faltaba uno jurídico. Además, advertía que debían “subsanarse determinadas deficiencias sobre histórico de licencias y superficie edificada máxima”, aportando también las licencias “de lo construido bajo rasante”.
En el caso de Argana Centro, consta de una planta y “dos sótanos o semisótanos”, cuando en la licencia que le concedió el Ayuntamiento en 2003, y que ni siquiera llegó a ser válida, se hablaba de un local y aparcamiento.
Un escrito de alegaciones presentado al Plan Parcial de la Unidad de Actuación Número 12, que acaba de ser aprobado definitivamente por el consejero Domingo Berriel, advertía que con ese documento se estaba cometiendo un doble “fraude”, modificando “ilegalmente” en Plan General para “legalizar” los hechos ya consumados con el Argana Centro, y dando luz verde a las nuevas operaciones previstas en esa misma Unidad de Actuación por el empresario Juan Francisco Rosa.

De “almacén y aparcamiento” a centro comercial

La historia del Argana Centro comenzó en septiembre de 1987, cuando el empresario Eduardo Spínola recibió una licencia de obras “para la construcción de un almacén y aparcamiento en la carretera Arrecife –Tinajo”. Casi dos décadas después, Spínola presentó una nueva solicitud en el Ayuntamiento, en nombre de Tiendas Especializadas Canarias, pidiendo licencia de obras sobre “proyecto básico modificado de almacén”.
El 30 de octubre de 2003, el Ayuntamiento le concedió licencia de obras, en la que se hablaba de “1 local y aparcamiento” y una superficie de 5.888 metros cuadrados. Esa licencia estaba condicionada, entre otras cosas, a que el empresario presentara el proyecto de ejecución y el proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones.
Sin embargo, sin haber presentado ninguno de estos dos documentos, comenzaron las obras del Argana Centro. “Constituye un hecho acreditado que la codemandada dio inicio a la ejecución de las obras no habiendo cumplido alguna de las condiciones impuestas en la licencia sobre proyecto básico”, sostiene la sentencia. Al respecto, subraya que “la licencia de obras obtenida sobre un proyecto básico no habilita para la realización de la construcción”.
Ese proyecto de ejecución terminó “aportándose varios años después”, “cuando las obras ya se encontraban finalizadas”. Concretamente, Spínola lo entregó en mayo de 2007, meses después de recibir un requerimiento del Ayuntamiento. En ese momento, el empresario había solicitado una renovación de la licencia, y estaba ya tramitando la licencia de primera ocupación, y los técnicos municipales emitieron informes negativos y advirtieron que no había llegado a presentarse el proyecto de ejecución.
Ahora, la sentencia señala que “no sólo el proyecto de ejecución se aportó de forma extemporánea, sino que además, el mismo difería del proyecto básico inicialmente aprobado”. Es decir, que lo que se hizo, no era lo que se había autorizado.
“Las obras finalmente ejecutadas diferían sustancialmente de lo autorizado por la licencia de obras de noviembre de 2003, al no coincidir ni la superficie finalmente construida, ni la estructura interior del edificio con las inicialmente proyectadas”, sostiene la sentencia. Y la mayor prueba de ello es que el propio empresario, en junio de 2007 y con las obras ya terminadas, pidió una nueva licencia para el proyecto modificado, después de que el Ayuntamiento le denegara la licencia de primera ocupación.

Un breve precinto del centro comercial

A finales de ese año, bajo el gobierno PSOE-PIL y con Enrique Pérez Parrilla en la Alcaldía, el Ayuntamiento autorizó la licencia del proyecto modificado y la de primera ocupación. Sin embargo, antes de tener la licencia de puesta en funcionamiento, Argana Centro abrió sus puertas.
En ese momento, el entonces teniente alcalde, Antonio Hernández, ordenó precintar el centro comercial, aunque el cierre duró poco. En enero, el Consistorio concedió la última licencia que ahora ha sido anulada, la de puesta en funcionamiento.
Para conceder esos tres permisos entre noviembre de 2007 y enero de 2008, el Ayuntamiento alegó que las obras habían quedado “fuera de ordenación”, debido al cambio que había introducido en la zona la Adaptación Básica del Plan General de Arrecife, publicada en el año 2004, que lo calificaba como urbano no consolidado, dentro de la Unidad de Actuación Número 12. Y eso, precisamente, sirvió para la supuesta “legalización” de las obras, al acogerse a un artículo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias.
Sin embargo, el Juzgado advierte en su sentencia que “el precepto al que se acoge la Administración para aprobar el proyecto modificado no ampara la legalización de las obras ejecutadas”, ya que está planteado para supuestos muy acotados, en caso de obras preexistentes que queden fuera de ordenación. Y en este caso, la sentencia “reitera” que las obras ejecutadas eran ilegales, ya que “no se encontraban amparadas por la licencia de noviembre de 2003, no sólo porque no se ajustaran a la misma, sino porque dicho acto autorizatorio nunca llegó a adquirir eficacia”.

lunes, 20 de mayo de 2013

La Fiscalía pide seis años de prisión para Luis Lleó por el intento de soborno a Espino y un año y medio para Fernando Becerra


Fernando Becerra y Luis Lleó pillados "in fraganti" en la operación "Unión"
La Fiscalía ha hecho público el escrito de acusación de la primera pieza del caso “Unión”, centrada en el intento de soborno al entonces consejero Carlos Espino para desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja. En su escrito, el fiscal Javier Ródenas pide seis años de prisión para el empresario Luis Lleó por un delito continuado de cohecho, y un año y medio para Fernando Becerra, que actuó como intermediario.
La denuncia que presentó en su día Carlos Espino por estos hechos dio origen al caso Unión, que fue creciendo con nuevas líneas de investigación, algunas de las cuales aún continúan instruyéndose. De hecho, Lleó tendrá que responder también por otros presuntos delitos en otras piezas separadas de la causa, que se juzgarán de forma independiente.

El escrito reza lo siguiente:


"Ante el interés mostrado por diversos medios de comunicación sobre la actuación llevada a cabo por esta Fiscalía en el denominado “Cohecho-Costa Roja” (Procedimiento del Tribunal del Jurado nº 1/2012 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arrecife de Lanzarote) se pone en conocimiento de la opinión pública que en fechas recientes se ha presentado escrito de acusación, elaborado por el Fiscal Decano de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de esta Fiscalía Provincial, Javier Ródenas Molina", reza en el comunicado remitido este lunes por el portavoz de la Fiscalía a este medio. 

"Se formula acusación", prosigue el portavoz de la Fiscalía, por delito continuado de cohecho contra los imputados Fernando Becerra Robayna y Luis Lleó Kuhnel".

Como se recordará, estos hechos fueron los que dieron origen a la denominada “Operación Unión”, y se trata de una de las varias piezas separadas en las que, por razones de eficacia procesal, se ha dividido la causa.


"Cronología de la paralización de las obras para la macrourbanización de Residencia Costa Roja"

Tal y como describe en su escrito la Fiscalía, en la fecha de 5 de Diciembre de 2006 el entonces Alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes Rodríguez, concedió por decreto de Alcaldía licencia a la entidad mercantil “COSTA ROJA SL” propiedad del promotor Luís Lleó quién a su vez ostenta en relación a los terrenos a urbanizar en playa blanca los cargos de liquidador de Residencial Costa Roja S.L..; Administrador único de Costa Lleó S.L., Inversiones Portonaos S.L. y Los Charcones de la Mareta S.L; Socio único y Administrador único de Inversiones Jamallero SL; Administrador solidario de Inversiones El Quintero SL, Inversiones Tinamala SL, Inversiones Tenderete SL y Lleó Inmuebles SL; entre otras, la licencia fue otorgada para la construcción de una macrourbanización de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje que el acusado Luís Lleó pretendía promover urbanísticamente en vía LZ-2 esquina Avenida de Femés, Playa Blanca. 

2 - El Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, tras conocer que se había otorgado esa licencia, decidió recurrir ante los tribunales para anularla por su manifiesta ilegalidad con la normativa urbanística, al autorizar un proyecto de construcción que va en contra de los parámetros urbanísticos globales al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, autorizando la licencia un uso distinto al establecido, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle. 

3 -De esta forma, por acuerdo plenario de fecha 28 de Febrero de 2007 ,en el que participó el Consejero de Gobierno Don Carlos Espino, se acordó por unanimidad encargar a los servicios jurídicos del Cabildo, un informe sobre la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo contra el otorgamiento de la licencia y pedir la paralización de las obras de urbanización. 

4-En la fecha de 11 de Abril de 2007, se dictó por la Excma. Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote doña Manuela Armas, la resolución de Presidencia nº 1.402 y se adoptó la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la licencia de la macrourbanización de RESIDENCIAL COSTA ROJA SL con fundamento en el informe jurídico recabado por el Cabildo en el acuerdo plenario de 28 de Febrero de 2007. 

5- Posteriormente, en la fecha de 6 de Julio de 2007, el Cabildo Insular de Lanzarote solicitó la paralización cautelar de las obras ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, y el 14 de Septiembre de 2007 el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Las Palmas, en la pieza de las medidas cautelares 110/2007 en el procedimiento ordinario 262/2007 dictó auto por el que se suspende la licencia urbanística de construcción de fecha 5-12-2006 otorgada por decreto del Alcalde de Yaiza y ordenó el cese de cualquier tipo de obras en la parcela propiedad de Luís Lleó. 

6- En virtud de esta resolución judicial de fecha 14 de Septiembre de 2007, los terrenos propiedad de Luís Lleó quedaron paralizados, y sin posibilidad de realizarse el macro proyecto urbanístico que contaba con un presupuesto declarado de obra de 69´3 millones de euros. 

7- Junto a las acciones judiciales en la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejero del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, Carlos Espino, interpuso una querella por prevaricación urbanística ante el juzgado de instrucción nº 8 de Arrecife, que se sigue en las diligencias previas 802/2007 por el otorgamiento de la referida licencia.


IDEACIÓN DE UN PLAN PARA SOBORNAR AL CONSEJERO DEL CABILDO DE LANZAROTE, CARLOS ESPINO, PARA PODER CONSEGUIR DESARROLLAR URBANÍSTICAMENTE SU PARCELA EL PROMOTOR DE “COSTA ROJA” LUÍS LLEÓ-

8- Tras la paralización judicial de las obras de urbanización de la Parcela Costa Roja y por las indudables pérdidas millonarias que aquella decisión le provocaba, LUIS LLEÓ, ideó un plan para conseguir por todos los medios desbloquear esta situación y conseguir desarrollar urbanísticamente su macrourbanización. 

9- Surgió en Luís Lleó la idea clara de querer corromper mediante el ofrecimiento de una jugosa cantidad dineraria a una de las personas con mayor poder de decisión e influencia en el Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación territorial y que con ocasión de las funciones propias de su cargo podía prevaliéndose de su superior relación jerárquica y personal requerir a los técnicos del Cabildo para hacer un traje a la medida de Luís Lleó, y vestir jurídicamente su pretensión delictiva de: que el Cabildo desistiera del recurso interpuesto y que se le cambiara el uso del suelo para que se le permitiera ejecutar su megaproyecto urbanístico paralizado por los tribunales. 

10- Este plan delictivo pasaba por sobornar al Consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, para que mediante la comisión dineraria ofrecida en el soborno, accediera, éste funcionario público en el ejercicio de sus funciones como Consejero de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, a realizar lo solicitado por el acusado Luís Lleó: Conseguirle el desbloqueo de la paralización de los terrenos de Costa Roja y el cambio de la calificación urbanística de los terrenos mediante la influencia a ejercer en los técnicos del Cabildo a cambio de la suma dineraria ofrecida. 

11- La elección de Carlos Espino como el consejero a corromper y a sobornar no era casual, ya que era notoriamente conocido que en el ejercicio de sus funciones públicas y con ocasión del cargo que desempeñó primeramente como Consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico hasta el 1 de Diciembre de 2006 y del cargo que desempeñaba en el momento del soborno, como Consejero de la Presidencia y miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente( hasta la fecha del 17 de Octubre de 2009) era la persona que con ocasión del cargo público que desempeñaba tenía la facultad de requerir informes técnicos y jurídicos a los funcionarios de la oficina insular de planeamiento del Cabildo de Lanzarote, y era la persona que después de la presidenta del Cabildo( de su mismo partido político) Doña Manuela Armas, tenía mayor capacidad de decisión en el grupo de Gobierno del Cabildo, en materia de ordenación del territorio, asimismo era la persona que fijaba en el grupo de gobierno, la dirección política y estratégica en materia de ordenación territorial y quién se había encargado de los trabajos preparatorios y del borrador del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular.

12- Por lo anterior, Luís Lleó conocía perfectamente que la llave del desbloqueo de su macrourbanización estaba en Carlos Espino y por ello diseñó una estrategia criminal para ganarse su voluntad, se convirtió así, Luís Lleó, en el corruptor que movido por el desmedido afán de enriquecerse a toda costa, atacó con su ilícito proceder la imparcialidad y la transparencia en la gestión pública, prometiendo una cantidad dineraria para que un funcionario público prevalíendose del ejercicio de las facultades propias de su cargo influyera en los funcionarios del cabildo adscritos al servicio insular de planeamiento y en la presidenta del Excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote para conseguir de éstos una resolución que le generara un beneficio económico a Luís Lleó.


EJECUCIÓN DEL PLAN PARA COMPRAR A CARLOS ESPINO.

UTILIZACIÓN POR LUÍS LLEÓ DEL INTERMEDIARIO FERNANDO BECERRA ROBAYNA PARA SOBORNAR A CARLOS ESPINO.

OFRECIMIENTOS CONCRETOS DE DINERO A CARLOS ESPINO PARA QUE ÉSTE EJECUTARA HECHOS DELICTIVOS COMO MEDIO PARA CONSEGUIR LA URBANIZACIÓN DEL MACROPROYECTO DE COSTA ROJA PRETENDIDO POR EL PROMOTOR LUÍS LLEÓ:

A) INLFUIR EN LOS TÉCNICOS DEL CABILDO DE LA OFICINA INSULAR DE PLANEAMIENTO Y EN LA PRESIDENTA DEL CABILDO PARA QUE SE DESISTIERA DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTERPUESTA CONTRA LA LICENCIA DE COSTA ROJA.

B) INCLUIR EN EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN INSULAR QUE SE ESTABA DESARROLLANDO, LOS TERRENOS DE COSTA ROJA COMO SUELO URBANIZABLE PARA PERMITIR EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE SU PARCELA.

C) CLASIFICAR EL SUELO DE COSTA ROJA COMO SUELO URBANIZABLE DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA (PTOTI) VINCULANDO LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO A LAS COMPENSACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS HOTELES CUYAS LICENCIAS HAN SIDO DECLARADAS NULAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS CON LA PROMESA DE IR A PORCENTAJE POR CADA OPERACIÓN REALIZADA CON LOS PROPIETARIOS DE LOS HOTELES.


13- En ejecución de este ilícito plan y diseño criminal, Luís Lleó se valió de un intermediario en el soborno, esto es, de una persona que le hiciese llegar a Carlos Espino el ofrecimiento concreto de cantidades dinerarias en metálico para conseguir la inclusión de sus terrenos y proyecto de construcción dentro de la normativa urbanística aplicable, así como para lograr que el Cabildo de Lanzarote desistiera del recurso interpuesto en el juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria( referenciado anteriormente en el punto 4 y 5)

14- La persona que actuando por cuenta, encargo y siguiendo las instrucciones concretas del promotor Luís Lleó respecto a qué cantidad de dinero ofrecer y hacerle llegar a Carlos Espino las instrucciones de cómo conseguir la urbanización de los terrenos de Costa Roja, fue elegida por Luís Lleó en la persona de Fernando Becerra Robayna. Luís Lleó ejecutó con la cooperación necesaria del intermediario, Fernando Becerra, el soborno del funcionario público Carlos Espino.

15- Fernando Becerra Robayna accede a ser el intermediario en el soborno a cambio de repartirse las ganancias del dinero ofrecido en nombre de Luís Lleó, al Consejero, como parte de la comisión.

16- Elegido el intermediario se procedió al desarrollo del plan perfectamente diseñado por Luís Lleó: Fernando Becerra contactó telefónicamente en la primera quincena del mes de Mayo de 2008 con el Consejero, Carlos Espino, y con el pretexto de mantener una reunión con, él, para hablar de un tema, consiguió una cita el día 22 de Mayo de 2008 en el despacho público del Consejero del Cabildo.

17- Antes de reunirse con el Consejero, Fernando Becerra quedó con Luís Lleó para que este le dijese los términos económicos del soborno a ofrecer a Carlos Espino.

18- Acordando Luís Lleó que Fernando Becerra le sobornase en su nombre con el ofrecimiento del 5% del volumen de negocio que se consiguiese una vez desarrollado urbanísticamente el macro proyecto de Costa Roja, cifrándose alternativamente una concreta cantidad económica a repartir entre Fernando Becerra y el consejero, Carlos Espino, de 400.000 euros en metálico.

A) INLFUIR EN LOS TÉCNICOS DEL CABILDO DE LA OFICINA INSULAR DE PLANEAMIENTO Y EN LA PRESIDENTA DEL CABILDO PARA QUE SE DESISTIERA DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA INTERPUESTA CONTRA LA LICENCIA DE COSTA ROJA.

19- Con las instrucciones concretas y cerrado el ofrecimiento económico a realizar al Consejero, el día 22 de Mayo de 2008, Fernando Becerra se dirigió al despacho oficial de Carlos Espino sito en la Avenida Rambla Medular s/n de Arrecife y siguiendo lo acordado previamente con Luís Lleó, le ofreció el 5% del volumen de negocio que se generara con el proyecto de Costa Roja (el 5% del valor de la parcela de Playa Blanca) o una cantidad económica de 400.000 euros en efectivo. A cambio, se le pidió al Consejero, que consiguiera desbloquear el contencioso de Costa Roja por el que se había paralizado la urbanización.

20- Tras esta primera reunión en la que Fernando Becerra ya le traslada la millonaria comisión al Consejero, se produce otra reunión en la fecha de, 5 de Junio de 2008, también en el despacho oficial de Carlos Espino y en la que Fernando Becerra para tratar de ganarse la confianza del Consejero y que éste accediera al soborno le expresó varias fórmulas de pago para que no levantara sospechas el incremento de su patrimonio: Desde esta concreta ilícita perspectiva, Fernando Becerra, le dijo que podrían realizar un contrato privado entre los dos para asegurar el pago de 400.000 euros en efectivo y la apertura de una cuenta corriente en un paraíso fiscal como Suiza para no dejar rastro alguno de la entrega del dinero.

21- Asimismo y en ejecución del plan diseñado por Luís Lleó, Fernando becerra le concreta a Carlos Espino que lo que tiene que hacer, en el ejercicio de sus funciones, es conseguir que el Cabildo de Lanzarote desista, retire el contencioso que tiene interpuesto contra la licencia de Costa Roja con el pretexto de que en el caso de seguir adelante con el pleito administrativo, el Cabildo va a perder el litigio y tendría que hacer frente a indemnizaciones millonarias al propietario de los terrenos.

22- Para conseguir esta decisión administrativa que dé vía libre al proyecto de Costa Roja, se le pide a Carlos Espino que con ocasión de las funciones propias de su cargo, se dirija a los técnicos de la Oficina Insular de Planeamiento y se les requiera para que le realicen un informe en el que jurídica y técnicamente se exprese la no viabilidad del recurso, con este informe, el Consejero, influiría en la Presidenta del Cabildo, Manuela Armas, para que dictase una resolución amparada en el informe de los técnicos de planeamiento y en el asesoramiento de su propio Consejero de Presidencia( el propio Carlos Espino) por la que el Cabildo retire el pleito contencioso administrativo y se dé vía libre a la macrourbanización proyectada por Luís Lleó.

23- Era tal el diseño criminal trazado que en esta reunión Fernando Becerra le dice a Carlos Espino que como Luís Lleó es un buen abogado él sabe los pasos que hay que hacer y que se tienen que dar para conseguir el desbloqueo de los terrenos de Costa Roja, comprometiéndose a pedirle a Luís que le entregue una hoja de ruta donde se le expliquen los pasos para conseguir cambiar la calificación urbanística de los terrenos y permitir el desarrollo urbanístico de los mismos que le entregará una vez esté confeccionada.

B) INCLUIR EN EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA INSULAR (PTOTI) QUE SE ESTABA DESARROLLANDO, LOS TERRENOS DE COSTA ROJA COMO SUELO URBANIZABLE PARA PERMITIR EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE SU PARCELA.

24- Siguiendo con la ejecución del plan previamente diseñado por Luís Lleó se procedió a confeccionar la denominada hoja de ruta que le fue entregada por Luís Lleó a Fernando Becerra el día 14 de Julio de 2008 en la cafetería “La Unión” de Arrecife.

25- En esta hoja de ruta se determinan las acciones que a cambio de la millonaria cantidad económica ofrecida deberá hacer el Consejero del Cabildo para que con ocasión del cargo que desempeña propiciar un cambio en la calificación y clasificación urbanística de los terrenos del Residencial Costa Roja que permita el desarrollo urbanístico de su macroproyecto inmobiliario.

26- La documentación entregada por Luís Lleó a Fernando Becerra consta de una infografía del Proyecto Residencial Costa Roja, planos y anexos de un complejo turístico y residencial así como de indicaciones urbanísticas a ejecutar mediante decisiones administrativas por parte del Grupo de Gobierno del Cabildo al que Carlos Espino influiría desde su especial posición y con ocasión de las funciones propias de su cargo.

27- Con la documentación en su poder Fernando Becerra telefonea a Carlos Espino y concierta una reunión en el despacho oficial del Consejero para el día 24 de Julio de 2008.

28- En esta reunión Fernando Becerra traslada a Carlos Espino las instrucciones diseñadas para Luís Lleó así como una nueva propuesta económica en aras a conseguir que el Consejero acepte el soborno ofrecido: Le ofrece 600.000 euros( a repartirse entre los dos) a cambio de que el Consejero en el ejercicio de las funciones del cargo que desempeña en el Cabildo Insular de Lanzarote y como miembro de la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente, despliegue su influencia en el resto de los funcionarios y técnicos y que con ocasión de la superior posición jerárquica que desempeña dentro de su partido y como Consejero de la Presidencia consiga las decisiones administrativas que permitan incluir los terrenos de Costa Roja en el Plan Territorial Especial De Ordenación Turística Insular(PTOTI) con la clasificación de suelo urbanizable, para que se pudiera desarrollar con esta clasificación favorable a los intereses empresariales y especulativos de Luís Lleó, el macroproyecto de urbanización sin traba legal alguna. 

C) CLASIFICAR EL SUELO DE COSTA ROJA COMO SUELO URBANIZABLE DENTRO DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN TURÍSTICA (PTOTI) VINCULANDO LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO A LAS COMPENSACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS HOTELES CUYAS LICENCIAS HAN SIDO DECLARADAS NULAS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS CON LA PROMESA DE IR A PORCENTAJE POR CADA OPERACIÓN REALIZADA CON LOS PROPIETARIOS DE LOS HOTELES.

29.- Siguiendo siempre las instrucciones y encargos de Lleó, el intermediario en el soborno, Fernando Becerra, concretó otra reunión, esta vez el día 12 de Noviembre de 2008.

30- Nuevamente en esta reunión que tuvo lugar en el despacho oficial de Carlos Espino sito en la Avenida Rambla Medular s/n de Arrecife y siguiendo lo acordado previamente con Luís Lleó, Fernando Becerra le ofrece como garantía del pago del soborno, la confección de un pagaré por importe de 100 millones de pesetas( 600.000 euros) que Luís Lleó le entregaría a Fernando Becerra y éste se lo daría a Carlos Espino en el plazo de 30 días una vez que se hubiera conseguido la resolución del Consejero de la Presidencia y los actos que con ocasión del ejercicio de su cargo permitiesen la inclusión de los terrenos de Costa Roja dentro del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística( PTOTI) como suelo urbanizable y el desbloqueo del contencioso que el Cabildo tiene interpuesto contra la licencia de Costa Roja.

31- Además, Fernando Becerra le hace llegar otra propuesta consistente en que bajo una supuesta cuestión de interés general el Cabildo busque en los terrenos de Costa Roja la solución al tema de los propietarios de los hoteles de Yaiza cuyas licencias han sido declaradas nulas por los Tribunales. Se le hace llegar al Consejero la estrategia diseñada por Luís Lleó consistente en:

32- Mediante el ofrecimiento de 600.000 euros y un porcentaje del precio de cada una de las ventas que Luís Lleó hiciera a los titulares de los hoteles ilegales de Yaiza, se le pide que con ocasión del cargo y las funciones propias que ostenta, el Consejero, consiga, además de la inclusión de los terrenos de Costa Roja en el PTOTI, la decisión administrativa que como compensación al interés general en el proceso de regularización de los hoteles ilegales permita la ejecución del acuerdo de compra-venta de los terrenos de Costa Roja entre Luís Lleó y los titulares de los hoteles de Yaiza.

33- De acuerdo con esta propuesta económica, se le hace saber al Consejero que existe un acuerdo entre Luís Lleó y propietarios de los Hoteles ilegales para que estos compren piezas de suelo de la parcela de Costa Roja y una vez que estos adquieran una parte proporcional de la parcela de la promoción de Costa Roja, se le dice al Consejero que la estrategia pasa por poner a disposición del Cabildo a título gratuito( a excepción de la parte de terreno correspondiente al Campo de Golf y un residencial proyectado por Luís Lleó) éstos terrenos y se justifica de cara a la sociedad como consecución del bien común y como compensación al interés general en el proceso de regularización de los hoteles ilegales.

LUIS LLÉO KHUNEL es mayor de edad titular del DNI nº 43758637 y ha estado privado de libertad por esta causa desde el día de su detención y desde su posterior ingreso en prisión provisional en la fecha de 29 de Mayo de 2009 hasta su puesta en libertad en la fecha de 11 de Diciembre de 2009.

FERNANDO BECERRA ROBAYNA es mayor de edad titular del DNI nº 42916089-K y ha estado privado de libertad por esta causa desde el día de su detención y desde su posterior ingreso en prisión provisional en la fecha de 1 de Junio de 2009 hasta su puesta en libertad en la fecha de 2 de Septiembre de 2009.

El acusado FERNANDO BECERRA ROBAYNA ha confesado reiteradamente en todas las declaraciones en sede policial y judicial los hechos objeto de acusación y está colaborando activamente en las diligencias previas 697/2008 facilitando importantes datos para el esclarecimiento de los hechos objeto de persecución penal y en las diligencias previas 3/2011 del juzgado de instrucción nº5 de Arrecife.

SEGUNDA: Los Hechos anteriormente relatados son constitutivos de un DELITO CONTINUADO de COHECHO previsto y penado en el artículo 423.1 del Código Penal, en relación con el Artículo 419 del Código Penal( en su redacción anterior a la LO 5/2010 de 22 de Junio) respecto de los acusados LUIS LLEÓ KHUNEL, FERNANDO BECERRA ROBAYNA. (Cohecho activo en su modalidad de ofrecimiento o promesa a funcionario público para la realización de una acción constitutiva de delito).

TERCERA.- Son autores, DEL DELITO CONTINUADO DE COHECHO, LUÍS LLEÓ KHUNEL y FERNANDO BECERRA ROBAYNA a tenor de lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del CP de 1995. 

CUARTA.- No concurren en el acusado LUÍS LLEÓ KHUNEL circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Concurre respecto de FERNANDO BECERRA ROBAYNA la circunstancia muy cualificada de atenuante analógica a la de colaboración con la justicia y confesión tal como se contempla en el vigente artículo 21.7ª (antes 21.6ª) del código penal en relación con el artículo 21.4ª del mismo texto legal.

QUINTA.- Procede imponer al acusado LUÍS LLEÓ KHUNEL, por el DELITO CONTINUADO de COHECHO previsto y penado en el artículo 423.1 del Código Penal, en relación con el Artículo 419 del Código Penal la pena de 6 AÑOS de PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 1.000.000 € ( un millón de euros) por el tanto del valor de la dádiva ofrecida e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y costas. 

Procede imponer al acusado FERNANDO BECERRA ROBAYNA, por el DELITO CONTINUADO de COHECHO previsto y penado en el artículo 423.1 del Código Penal, en relación con el Artículo 419 del Código Penal la pena de 1 AÑO y SEIS MESES de PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 200.000 € (doscientosmil euros) por el tanto del valor de la dádiva ofrecida, con arresto sustiturio de 1 mes en caso de impago, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y costas".


miércoles, 15 de mayo de 2013

Pedro San Ginés: en defensa de Juan Francisco Rosa y su futuro

Tras ponerse la Bodega Stratvs en el punto de mira por las investigaciones llevadas a cabo por supuestas ilegalidades en su construcción, Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha puesto en marcha toda su maquinaria para defender a su querido Juan Francisco Rosa, y así evitar que su futuro sigue ennegreciéndose más de lo que ya está.

Bodega Stratvs en La Geria
El empresario, que en su día denunció y consiguió apartar a dos técnicos de la oficina del PIOT de la emisión de informes relacionados con sus hoteles ilegales, ha vuelto a dirigirse al Cabildo para pedir ahora procedimientos disciplinarios dentro del área de Patrimonio. La denuncia de Rosa llega dos meses después de que cuatro técnicos del Cabildo (dos de Patrimonio y dos de la Oficina del PIOT) acudieran junto a una comisión judicial a la bodega Stratvs.
En ese momento, los técnicos fueron requeridos por el Juzgado de Instrucción Número 5, para participar en una inspección ocular que realizaron la juez y fiscal junto a varios peritos, dentro de la causa penal en la que está imputado el empresario, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en la construcción de esa bodega.
Mientras se instruye esa causa, en la que deberán informar cuatro técnicos del Cabildo, Rosa presentó el pasado 24 de abril un escrito en la Corporación, acusando a técnicos de Patrimonio de supuestas irregularidades “graves” y “muy graves” en la tramitación de un expediente vinculado a nuevas obras que pretende acometer en La Geria.
En su denuncia, Juan Francisco Rosa acusa a “funcionarios o empleados” de la Corporación de haber emitido “informes o formulado propuestas manifiestamente ilegales”, y también de no haberse pronunciado aún sobre las alegaciones que presentó contra la primera resolución.

La respuesta de San Ginés

Cuatro días hábiles después de recibir este escrito, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, firmó una providencia para abrir “diligencias informativas” y adoptar “medidas provisionales previas al eventual inicio, en su caso, de los correspondientes expedientes sancionadores”. En ese escrito, fechado el 30 de abril, San Ginés señala que su decisión obedece a “la denuncia formulada por Don Juan Francisco Rosa Marrero, en su condición de administrador solidario de la empresa BTL Lanzarote SL, por la que se solicita la incoación de expedientes sancionadores”.
Aunque Rosa sólo hace referencia en su denuncia al área de Patrimonio, San Ginés extiende de oficio las diligencias a otros departamentos y ordena en su providencia que se dé traslado de la denuncia “a los responsables de los servicios de Patrimonio, Medio Ambiente y Plan Insularde esta Corporación, como posibles departamentos afectados por la resolución que pueda adoptarse”.
Además, les da 15 días para que informen del “motivo por el que se ha dilatado la tramitación de los escritos de la entidad interesada que conforman el expediente originario” e identifiquen a “los empleados públicos encargados de su tramitación”. Por último, ordena “dar traslado también de la presente providencia a los consejeros de las áreas de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, para su conocimiento”.


Un precedente similar

En el año 2010, el empresario Juan Francisco Rosa ya dirigió al Cabildo un escrito cuestionando a otros técnicos. En aquel momento, solicitó a Pedro San Ginés que apartara a Esteban Armas y a Leopoldo Díaz, técnicos de la Oficina del PIOT, de la emisión de informes relativos a sus hoteles ilegales. Rosa alegaba que estos dos trabajadores tenían una presunta “enemistad manifiesta” con él, y una supuesta relación de amistad o vinculación con la Fundación César Manrique.
En ese momento, Rosa intentaba regularizar sus establecimientos, ya que la sentencia que los había declarado ilegales estaba en fase de ejecución. Cuando estos técnicos emitieron un informe negativo, el empresario pidió que se les apartara de ese cometido, llegando a afirmar que su empresa se sentía “perseguida y maltratada por los responsables de la Oficina del Plan Insular de Lanzarote”.
El presidente del Cabildo no dio respuesta a ese escrito de Rosa, pero sí contestó a otro presentado en el mismo sentido por Urena Montain. Así, el 15 de octubre de 2010, San Ginés decidió apartar a estos técnicos no sólo de la emisión de informes relativos a Urena Montain S.A., que quería hacer un hotel nuevo junto al Faro de Pechiguera, sino que también de todos los casos relacionados con expedientes de legalización de hoteles ilegales, incluidos los de Rosa.
En su batalla contra estos dos técnicos del PIOT, Juan Francisco Rosa llegó incluso a presentar una querella contra ellos en los Juzgados, acusándoles de supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y desobediencia. Sin embargo, su denuncia fue archivada por los tribunales, y también los recursos que presentó contra ese archivo.
En la segunda resolución archivando la causa, el juez señaló que no existen “indicios mínimamente serios de que en los querellados exista una conducta desleal hacia la Administración Pública, más allá de meras conjeturas expresadas por la representación procesal de la querellante”. Por su parte, la Audiencia Provincial ratificó el archivo y condenó a Rosa a pagar las costas del recurso, recordando además que la licencia de su hotel había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que ése era el “contexto” en el que había que analizar los informes de los técnicos del PIOT.

Nueva batalla

Ahora, Rosa pide expedientes sancionadores contra nuevos técnicos del Cabildo, en este caso en relación con los permisos que solicitó para realizar obras en dos parcelas de cultivo de La Geria, ligadas a su bodega. Según recuerda en su denuncia, fue el 4 de abril de 2011 cuando pidió la calificación territorial al Ayuntamiento de Yaiza, para la “recuperación del cultivo de vid en hoyos”.
El Consistorio tiene delegadas competencias en esta materia, pero al estar en ese momento incoado un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de La Geria, también era necesaria la autorización previa del Cabildo. Según señala el empresario en su denuncia, el Ayuntamiento se dirigió al Cabildo (aunque no aclara cuándo lo hizo) solicitando esa autorización.
Finalmente, en agosto de 2012, el consejero delegado de Patrimonio Histórico del Cabildo firmó una resolución autorizando la ejecución del proyecto, aunque con condicionantes.En ese sentido, pedía a la empresa que realizara una prospección arqueológica en la zona, porque “según documentación histórica, podría ser que en el subsuelo se ubicara una aldea o núcleo poblacional anterior a las erupciones volcánicas del siglo XVIII”.
Dos meses después de dictarse esa resolución, Juan Francisco Rosa presentó alegaciones ante el Ayuntamiento de Yaiza, quien a su vez trasladó el escrito a Cabildo, el 15 de noviembre de 2012. Ahora, el empresario denuncia que en estos meses, el Servicio de Patrimonio “no se ha pronunciado sobre el mismo”.

Acusaciones y caducidad del BIC

En el escrito que remitió al Cabildo, Rosa acusa a los técnicos de hasta seis infracciones disciplinarias (una muy grave, tres graves y dos leves), aunque la mayoría no tienen que ver con la supuesta tardanza en la respuesta en su recurso, sino con el contenido de la primera resolución, que considera que incurre en “numerosas infracciones constitucionales y legales”, aunque paradójicamente no la recurrió cuando tuvo conocimiento de la misma
En cualquier caso, el propio empresario señala también en su denuncia que “a fecha de hoy”, la resolución del área de Patrimonio del Cabildo “carece de objeto”, ya que el Gobierno de Canarias declaró el pasado mes de febrero la caducidad y archivo del expediente incoado para la declaración de Bien de Interés Cultural a favor de La Geria. Es decir, que sostiene que el permiso dependería ahora exclusivamente del Ayuntamiento de Yaiza.
El expediente para declarar BIC este espacio se inició en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Manuela Armas. Ahora, tras declararse su caducidad, el actual presidente ha anunciado que no lo incoará de nuevo, porque entiende que la zona ya tiene suficiente protección.

Rumores: Se dice que en la investigación llevada a cabo en la Bodega Stratvs por técnicos del Cabildo y la unidad medioambiental SEPRONA de la Guardia Civil, fue requisada una escopeta, la cual carecía de licencia alguna. Según las afirmaciones del propietario, dicha escopeta era usada para "matar ratones en la bodega".

El Agitador recurrirá la sentencia que le condena a pagar 20.000 euros por una viñeta sobre el fiscal Miguel Pallarés




La revista digital de humor satírico El Agitador ha anunciado que recurrirá la sentencia que le condenó hace dos semanas a pagar 20.000 euros por una viñeta que realizó sobre el fiscal Miguel Pallarés, a quien llamaba “Miguel Callaré” y “el fiscal mudo”. Además, ha lanzado una campaña en “defensa de la libertad de expresión” y para recaudar fondos para hacer frente a este pago, a través de la web yotambiensoyelagitador.wordpress.com.
La campaña, según Carlos Meca, editor de El Agitador, pretende dar a conocer la historia de la viñeta de “El fiscal mudo”, por la que los administradores de la revista fueron condenados al pago de una multa de 7.500 euros y de una indemnización de 12.000 euros para el denunciante, Miguel Pallarés. Así, se hace un repaso a las circunstancias que rodearon la elaboración de la viñeta, a la situación de la casa del fiscal Pallarés en La Bufona y a “la eternización del proceso judicial que debe determinar la ilegalidad del plan parcial en que se encuentra su vivienda”. Además, se incluye un enlace al texto completo de la sentencia y a noticias y artículos de opinión sobre la misma.

Logo de El Agitador 
La nueva web incluye una sección para que, quien lo desee, pueda colaborar con los integrantes de El Agitador, “a quienes se les viene embargando parcialmente las nóminas desde hace casi un año, al serles impuesta por este caso una fianza de 80.000 euros”, según han señalado a través de un comunicado.
Para los interesados en colaborar económicamente con la web satírica, se ha dispuesto la cuenta bancaria nº 0075 0951 74 060 06453 61, y en breve comenzarán a venderse camisetas para ayudar a sufragar el importe de la multa.
En la nueva página, los miembros de la revista se definen como “un medio independiente quelucha a través del humor por vivir en una isla más libre, más justa y más democrática”.“Lo hacemos, con nuestros aciertos y nuestros errores, desde el convencimiento de que la risa es poderosa y de que una idea se transmite mejor desde la distorsión disparatada de la realidad que nos rodea”, han insistido.

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