miércoles, 30 de julio de 2014

El fiscal pide el archivo provisional de las actuaciones que se siguen contra 17 imputados del caso “Unión”

El Ministerio fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen dentro de una pieza separada del caso “Unión” respecto a 17 imputados. En un escrito fechado el día 21 de julio, el fiscal Javier Ródenas pide el archivo provisional de la causa para Segundo Rodríguez, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez. 

En ese escrito, el fiscal pide que se dicte este auto de sobreseimiento provisional en esta pieza separada número 12 de este caso, “por la ausencia de material probatorioque justifique la pendencia de este estadio procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación, que legitime la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral”.

Esta pieza se centraba en la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos, sobre todo en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife en el periodo de 2007 a 2009, pero también desde 2005 en algún caso concreto, a empresarios de la isla cuyos intereses económicos habrían estado en buena parte ligados, de hecho, habrían dependido de las decisiones políticas, según un auto de 5 de julio de 2012.

El fiscal concreta en su escrito por qué no es posible fundamentar la acusación contra alguno de estos imputados. En este sentido, recuerda que Matías Curbelo declaró en sede judicial en febrero de 2010, “la participación en operaciones destinadas a la financiación irregular del PIL en el año 2003-2007”, época en la que era la persona que ejercía las funciones de administrador de campaña del partido.

Juzgados de Arrecife



Declaraciones que "no han podido ser corroboradas" 

Sin embargo, afirma el fiscal, las operaciones que relató en dicha comparecencia, “muchas de ellas con poca precisión e inconexas”, no han podido ser corroboradas por datos externos a su propia declaración y por expedientes concretos de adjudicación de obras. “No existiendo otro material en las actuaciones que la personal declaración del coimputado no es posible fundamentar en este sólo dato una eventual acusación ante la falta de corroboraciones externas a su personal declaración”, señala el fiscal.

Respecto a Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife, el Ministerio Público asegura que no se ha acreditado “dato de sesgo incriminatorio que permita atribuirle conducta ilícita en una contratación, la de su madre, que no se produjo en ningún momento”.

Sobre los tres arquitectos imputados en esta pieza del caso “Unión”, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez, el fiscal insiste en que también procede decretar el archivo provisional de las actuaciones “porque no se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de voluntades entre los arquitectos con los responsables públicos para defraudar a la administración en la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife”.

De otra parte, el fiscal solicita la práctica de diligencias “indispensables” para enfilar la “decisiva” fase intermedia respecto a 22 imputados. En concreto, respecto a Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín, Yoana Cabrera Machín, Loyola del Mar Fernández Álvarez, María Luisa Blanco, Juan Rafael Arrocha, María Elena Martín, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenes, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y Joaquín Herrera.


Sostener la acusación o adherirse a la Fiscalía 

Ante este escrito del fiscal, la juez, en una providencia y atendiendo a la petición del Ministerio Público, pide que se dé traslado a las restantes acusaciones personadasen la causa para que en un plazo de diez días puedan alegar, en particular si sostienen la acusación contra los citados imputados, o se adhieren a lo interesado por el Ministerio fiscal.

También, solicita que se cite a declarar como imputado a Samuel Lemes por un presunto delito de estafa, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la vista del dictamen pericial auditor de los expedientes de obras de la empresa de su titularidad por la facturación supuestamente excesiva al Ayuntamiento de Arrecife en el acondicionamiento del centro sociocultural de San Francisco Javier. Para ello, se fija el día 12 de septiembre a las 10.30 horas.

En esta misma providencia, se acuerda oficiar al director de la cárcel de Tahíche para que en el plazo de 10 días se aporte el testimonio íntegro de la documentación entregada por el interno Dimas Martín para la consecución del tercer grado penitenciario, en especial, el contrato de trabajo presentado lograr tal objetivo.

Fuente: LaVozDeLanzarote

martes, 29 de julio de 2014

Zona Comercial Abierta de Playa Honda ¿necesidad o pelotazo?

Hace unos días se inauguró la nueva Zona Comercial Abierta de Playa Honda situada en la calle Mayor, con mucha festividad y pomposidad por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé para tratar de justificar lo injustificable. Y es que el empeño de María Dolores Corujo, actual alcaldesa de San Bartolomé, en esta obra destaca sobre las demás obras "a medias" que tiene pendientes en Playa Honda, tales como una piscina municipal o mejoras en las infraestructuras urbanas.

La nueva Zona Comercial Abierta de Playa Honda

El resultado de esta obra, cuyo plazo se alargó mucho más de lo esperado con las consecuentes molestias para los vecinos y transeúntes, ha sido de cara a la realidad un completo desastre.

Al cerrarse uno de los carriles para hacerlo peatonal, se ha favorecido el estancamiento de uno de los accesos más frecuentados de la localidad, haciendo que ahora las horas puntas se conviertan en una pesadilla tanto para los vecinos como para los que circulan por la zona.

Por otro lado, la destrucción de aparcamientos ha sido brutal, teniendo en cuenta que han eliminado más de 100 plazas de aparcamientos exteriores que aportaban fluidez y rapidez a la búsqueda de aparcamiento.

Pero todo tiene una explicación.
Los Marciales están construyendo en la misma zona una gran superficie SPAR con varias planta y un aparcamiento privado con cientos de plazas.
Esta sería una de las principales causas de la destrucción de aparcamientos exteriores por parte de la nueva obra del Ayuntamiento de San Bartolomé para favorecer el tráfico de vehículos hacia el nuevo parking de los Marciales.

Es el claro ejemplo de cómo fastidiar a la ciudadanía para favorecer a los empresarios caciques de la isla, un "toma y daca" que llevamos sufriendo durante décadas.

Cartel de Obra de la gran superficie de los Marciales
Las críticas surgidas por parte de los vecinos y usuarios de la zona, dan por sentados que los únicos que quedan satisfechos con dicha Zona Comercial Abierta son el grupo de gobierno y los caciques que se verán altamente beneficiados.

viernes, 18 de julio de 2014

Boicot a Repsol de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones


En la tarde de este viernes 18 de julio de 2014, alrededor de 150 personas se han concentrado en la entrada a la estación de servicio de Repsol cercana al centro comercial La Ballena en Las Palmas de Gran Canaria,

Con esta concentración que transcurrió en medio de innumerables pitidos de apoyo de los coches que pasaron por las inmediaciones de la protesta, se da inicio a una campaña que incluirá información ciudadana y diversas concentraciones planificadas por las diferentes asambleas barriales de la Coordinadora en diferentes estaciones de servicio de Repsol y oficinas de la Caixa (principal accionista de la petrolera),.

Dichas acciones  se realizarán periódicamente en las siete islas canarias con el objetivo de visibilizar el peligro que supone el proyecto de prospecciones planteado por esta multinacional en aguas del archipiélago y exigiendo que la decisión final sobre estas prospecciones la tenga la ciudadanía canaria por medio de ua consulta popular vinculante.

Manifestantes en una estación de servicio de Repsol

El operativo de limpieza de la Playa de El Cabrón evidencia que ante una posible catástrofe mayor las instituciones Canarias no están preparadas en absoluto.

Así lo ha asegurado la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones en un comunicado de prensa.
"El operativo de limpieza de la Playa de El Cabrón evidencia que ante una posible catástrofe mayor las instituciones Canarias no están preparadas en absoluto.

Mientras las autoridades del Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Gran Canaria son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad y funciones de cada cual en la limpieza de la Playa de El Cabrón, los compañeros y compañeras de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones que han participado en las labores del limpieza como voluntarios junto a cientos de personas, atestiguan el grado de improvisación y la falta de coordinación en dichos trabajos. En los que la enorme voluntad de los participantes choca con órdenes contradictorias, falta de implicación clara de las instituciones, dotación de mascarillas de papel inadecuadas y un absoluto desorden en las tareas de limpieza que inclusive pueden derivar en un riesgo sanitario para los voluntarios y voluntarias. Asimismo queremos advertir que contrariamente a lo que afirman las autoridades, el desastre es bastante más importante de lo que reportan, siendo que hemos podido contabilizar ya más de 15 toneladas de petróleo recogidas sin que con ello se haya, ni remotamente, acercado el fin de las labores de limpieza.
A esto hay que sumarle la absoluta impunidad de quien ha provocado el vertido, de hecho el capitán marítimo de Las Palmas, Pedro Mederos, ha señalado cuando le han preguntado sobre el responsable: "no tenemos ni idea" ; la inexistencia de medidas de prevención de accidentes de este tipo, la negligencia evidente cuando una avioneta advirtió de la mancha de crudo seis horas antes de la tragedia y nadie movió un dedo en ninguna de las administraciones más preocupadas por responsabilizarse unas a otras que por actuar con diligencia y de manera coordinada.
Ante este conjunto de despropósitos la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas, quiere exigir mayor coordinación y responsabilidad a las instituciones involucradas Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria. Por otra parte hacemos un llamamiento a la población ha seguir participando de las tareas de limpieza puesto que aún queda mucho trabajo por hacer. Finalmente exigimos al gobierno del Estado que entienda lo sucedido en la Playa de El Cabrón como una advertencia de las nefastas consecuencias que puede tener el proyecto de prospecciones en canarias y lo archive definitivamente."

miércoles, 16 de julio de 2014

Las incoherentes palabras de Tato, teniente de alcalde del municipio de Yaiza

"Ya existe Papagayo, que es virgen" es la perla que ha dejado en la prensa de hoy el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Yaiza, José Antonio Rodríguez, más conocido como Tato.

Al realizarle una entrevista en Lancelot Televisión acerca de su posición respecto al pacto de dragado del Charco de Los Clicos a cambio de la concesión durante 75 años de los derechos de explotación de la playa de Afe o Las Coloradas, Tato ha dejado claro que el que realizó el proyecto "desconoce totalmente la realidad de lo que hay" dado que "la arena de Afe es rubia y la de los Clicos es negra y gruesa".

No obstante, le parece favorable que "se le de dinamización a la playa de Las Coloradas con servicios y hamacas" defendiendo su rehabilitación de forma artificial, momento en el cuál ha dejado la perla a la que nos referíamos al inicio: "Ya existe Papagayo, que es virgen".

De esta forma, podemos dejar en claro que para este tipo de "políticos de la alpargata", término muy usado por el archicorrupto ex-alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, que dado que existe ya una serie de playas vírgenes, lo demás se puede destruir al libre albedrío, para uso y disfrute del extranjero turista.

Hace poco más de una década, la playa de Afe también era una playa virgen, una playa maravillosa de arenas doradas donde decenas de familias lanzaroteñas iban a pasar largos días de playa.

Tras la invasión del cemento y la brutalidad constructora, fruto de la podredumbre política cuyos únicos intereses eran los de tener sus bolsillos bien llenos, se permitió la construcción de una monstruosa mole de hormigón que hoy conocemos como Papagayo Arena, y que sigue siendo tan ilegal como el día que colocaron su primer bloque.

Esta mole enorme, y la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, provocaron un cambio de corrientes marinas brutales, que hicieron que aquella playa dorada perdiera por completo todo su maravilloso jable, para quedarse en una playa "pelada" de "callaos".

Una playa que en un primer momento iba a ser privatizada por el hotel ilegal, pero que de momento, DE MOMENTO, sigue siendo pública.

El único interés de que esa destrozada playa sea explotada y violada una vez más proviene de ese HOTEL ILEGAL, perteneciente a la compañía SANDOS, y que sólo busca recuperar a golpe de artificialidad aquella playa dorada y natural que jamás volveremos a ver.

Así que aconsejamos al señor Tato, que deje de decir memeces y que toda nuestra costa en peso debería ser tan vírgen como aún lo es Papagayo, a pesar de que también han habido intentos de acabar con su virginidad.

El turista no viene a ver nuestros maravillosos hoteles de hormigón armado, viene a ver lo poco que queda intacto de nuestra maravillosa tierra, eso que ustedes pretenden cargarse también.

Playas con hamacas y sombrillas hay en todo el mundo. Playas de la categoría de las de Papagayo, se cuentan con los dedos de las manos.

                         
Playa de Afe o Las Coloradas hace más de dos décadas

Playa de Afe o Las Coloradas a día de Hoy





El PIL condenado a pagar 100.000 euros por obras impagadas

El partido símbolo de la corrupción por excelencia, PIL (Partido de Independientes de Lanzarote) ha sido condenado a pagar la cifra de 100.000 euros al constructor José Ramón Vizcaíno, también imputado en el complejo caso "Unión".

Esta condena se resuelve tras una demanda interpuesta por el propio constructor al partido político, debido a una serie de obras impagadas en las sedes de dicha agrupación política allá por el año 2003.

Fabián Martín, el actual presidente del PIL e hijo del "¿Señor Martín? ¿Eh? NO", ha hecho declaraciones al respecto quitándole importancia con la frase "una raya más para el tigre", en un discurso absolutamente victimista y lamentable.

Aparte de ello, echa las culpas a los por entonces responsables del partido, Celso Betancort, en aquel tiempo presidente del PIL y actualmente imputado en el caso "Unión", y a María Isabel Déniz, que ejercía en esas fechas como secretaria general del partido, y cuya lista de imputaciones es hasta la fecha interminable.

“Imagínese si ha llovido desde entonces. Estas dos persona ya no están en la formación y dejaron eso, que finalmente ha llegado a un proceso judicial y a una sentencia”, ha explicado Fabián Martín, donde ha asegurado que su formación tendrá que recurrir esta condena porque “no existe el dinero”, o tratará de llegar a un acuerdo con el empresario, con el que todavía no ha contactado.

Fabián Martín ha señalado que este caso se remonta a poco antes de la campaña electoral de 2003, cuando “por encargo de estas personas se acometen una serie de reformas, no en sedes definitivas, sino en algunas sedes particulares para esa campaña”.

El actual presidente del PIL desconoce cómo se hicieron estas contrataciones al empresario, si fueron a través de “contratos verbales o de otra naturaleza”, ya que asegura que la formación no cuenta con “ninguna documentación al respecto”.

Cabe destacar que el propio padre del ahora presidente del PIL era quién movía todos y cada uno de los hilos de la formación política. Cada acción y cada paso eran previamente consultados al mayor capo que ha conocido la isla de Lanzarote en décadas, por lo que es necesario informar a este señor de que la culpa no es más que de su propio padre, quién deberia "apechugar" con los gastos, ya que entre testaferros y cuentas ocultas y bloqueadas, la familia Martín cuenta con un botín multimillonario, fruto de décadas de fraudes y usurpaciones a las arcas públicas, y del cuál a día de hoy siguen disfrutando sin ningún tipo de impunidad.

El que la hace la paga, y poco es lo que están pagando todos y cada uno de los que han sumido esta isla en lo más profundo del abismo con el único objetivo de llenarse los bolsillos sin dar un palo al agua.

Fabián Martín, hijo del "¿Señor Martín? ¿Eh? NO"


Una de las piezas del caso “Unión” empezará a juzgarse el 16 de octubre

La Audiencia Provincial de Las Palmas empezará a juzgar el próximo 16 de octubre una de las piezas del caso “Unión”, en la que se acusa al ex consejero del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, y al ex líder del PIL Dimas Martín, de sustraer presuntamente fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa. 
La Audiencia ya ha establecido esta fecha para celebrar el juicio, dentro de un calendario que se extiende hasta el 21 de noviembre a lo largo de nueve sesiones. Algunas se celebrarán en los Juzgados de Arrecife, mientras que el resto tendrán lugar en la sede principal de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El tribunal de la Audiencia será el que se desplace para las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento. Estas sesiones serán el 16 y el 17 de octubre. Además, los primeros testigos del caso, otros cargos públicos y técnicos, serán interrogados el 20, 21 y 23 de octubre. 
Posteriormente, el juicio continuará a partir del 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrarán otras cuatro sesiones.

Petición de ocho y seis años de cárcel
En esta pieza del caso “Unión” se investiga el pago de facturas por trabajos supuestamente no prestados. Rodríguez Batllori se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pide seis años de prisión para Dimas Martín, acusado de influir sobre los cargos públicos de su partido para que abonaran esas facturas presuntamente fraudulentas desde el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública Inalsa.
La juez instructora y la Fiscalía sostienen que Rodríguez Batllori cobró más de 43.000 euros de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife, a través de facturas bimensuales, por servicios que realmente no prestaba. Según la investigación, basada entre otras cosas en las conversaciones grabadas durante la Operación “Unión”, en las cartas interceptadas entre Dimas Martín y Batllori y en la propia confesión de José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife, lo que realmente se estaba pagando con ese dinero eran servicios privados prestados por Rodríguez Batllori al líder histórico del PIL.

Junto a Rodríguez Batllori y Dimas Martín, continúan acusados en esta causa José Miguel Rodríguez, que confesó los hechos y para quien la Fiscalía pide un año de prisión; la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; la ex consejera Delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea. Para estos tres últimos acusados, el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.

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