sábado, 23 de febrero de 2013

Golpe a la corrupción en la Guardía Civil de Fuerteventura


La Guardia Civil ha detenido este jueves en Fuerteventura a siete personas en una operación relacionada con el tráfico de drogas y dirigida de forma conjunta por la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria y el equipo de la Policía Judicial de Costa Teguise, en Lanzarote. Cinco de los detenidos son agentes de la Guardia Civil.
Según las fuentes consultadas, los detenidos se dedicaban al menudeo de cocaína y hachís. De hecho, en el momento de la detención los agentes les han incautado varios fardos de hachís.
Las prácticas delictivas de los cinco agentes detenidos habían sido denunciadas hace varios años, pero la investigación para detenerlos empezó a finales del 2012.
La instrucción judicial la lleva el magistrado Leandro Martínez, titular del juzgado número 2 de Arrecife, en Lanzarote. En las próximas horas, los detenidos serán trasladados a esa isla para comparecer ante el juez.
La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, confirmó esta mañana las detenciones durante un acto en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuente: El Mundo

Es aconsejable que sepan que esta clase de mafias dentro de las autoridades públicas está muy calada en los cuerpos de seguridad de Canarias y los de Fuerteventura no son los únicos que llevaban a cabo este tipo de acciones de narcotráfico.
En distintas islas son conocidos los movimientos de ciertos componentes de diferentes cuerpos de seguridad con la finalidad de facilitar la entrada, el tráfico o la compra-venta de drogas. Para ello las redes no dudan en utilizar sus poderes legislativos así como diferentes vías de extorsión y amenazas a todo aquel que trate de dar problemas a lo que hoy en día es un negocio multimillonario.
Por ello Canarias se ha convertido en una de las principales entradas de droga de todo el territorio nacional e incluso de toda Europa. La facilidad con la que estas sustancias se mueven en estas islas es sorprendente y las autoridades políticas y de gobierno siguen haciendo la vista gorda y mirando hacia otro lado.
La frase que vamos a utlizar es la siguiente: "Tiempo al tiempo"

jueves, 21 de febrero de 2013

José Miguel Rodríguez devuelve el dinero que el Ayuntamiento de Arrecife pagó a Batllori

El ex concejal de hacienda del Ayuntamiento de Arrecife por el PIL, José Miguel Rodríguez, imputado en el caso Unión, se ha arrepentido de forma expresa ante el Juzgado número 5 de Arrecife y ha consignado en el Juzgado casi 17.000 euros, que se corresponden con la cantidad que autorizó que el Ayuntamiento pagara al ex consejero del Gobierno canario, Francisco Rodríguez-Batllori.


                    


Rodríguez ha devuelto el dinero de esta pieza separada del caso Unión, que se elevará a juicio próximamente, después de que la Fiscalía haga pública su petición de penas para los acusados. En esta pieza están imputados, además de Rodríguez y de Batllori, la ex concejal Luisa Blanco, así como Dimas Martín, el ex gerente de Inalsa y cuñado de Martín, Rafael Elorrieta y la ex consejera de la empresa pública de aguas, Plácida Guerra. 

Rodríguez, que es trabajador del Cabildo de Lanzarote, destinado actualmente en el Teatro Insular, está imputado por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. La petición de pena, probablemente sea menor al haber devuelto el dinero por iniciativa propia.

Rodríguez también está imputado en la pieza central de Unión por cobrar comisiones ilegales y contratar servicios y suministros con precios inflados o que no se llevaron a cabo. Es este caso la cifra que pagó el Ayuntamiento es mucho mayor, superior al millón de euros. El ex concejal también está imputado en la operación Montecarlo por motivos similares. 

La jueza María Jesús Hernández, que tramita el caso, dictó esta semana un auto previo para pasar el caso a la última fase antes de la celebración del juicio en el que consideró que Batllori había percibido 16.941 euros del Ayuntamiento de Arrecife y otros 26.089 euros de Inalsa entre 2008 y 2009 sin justificar, gracias a la influencia de Dimas Martín, para quien realizaría gestiones particulares. Considera que existen indicios claros de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento capitalino y en Inalsa para beneficiar a Batllori por orden de Dimas.

La defensa de Batllori ha solicitado el archivo de la causa. Insiste en que el ex consejero de Empleo asesoró tanto al Ayuntamiento como a Inalsa y recalca las reuniones mantenidas, por ejemplo, con el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, para tratar la situación del vertedero de Argana y el Plan General, o con el director de Endesa para abordar la deuda de la empresa pública de aguas.

La jueza considera que Dimas Martín, “desde su situación de especial poder dentro del partido PIL, y pese a estar condenado con pena entre otras de inhabilitación, mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en Inalsa”.

Así, sostiene que Dimas “se prevalió de su superior jerarquía dentro del PIL utilizando conscientemente tal ascendencia para lograr beneficiar económicamente a Batllori por las gestiones que éste hacia en su nombre”.

Fuente: Diario de Lanzarote

Un jubilado que asegura que es "analfabeto" y que no recuerda nada ingresó más de 40.000 euros en las cuentas familiares de Dimas Martín


Un hermano de Matías Curbelo que trabajaba en Inalsa, un trabajador portuario jubilado que se definió ante la UCO como “analfabeto”, un antiguo conserje del Cabildo y una dependienta de Zara tienen algo en común: todos ellos manejaron decenas de miles de euros, cobrando cheques de distintas empresas y haciendo ingresos en las cuentas de la familia de Dimas Martín.
Los cuatro fueron citados a declarar por la UCO en calidad de testigos, dentro de la investigación sobre el patrimonio oculto de Dimas Martín. Sus nombres aparecieron en la documentación aportada por distintas entidades bancarias, que a petición de la UCO identificaron a las personas que habían cobrado cheques bajo sospecha, y también a las que habían realizado importantes ingresos en efectivo en cuentas a nombre de familiares de Dimas Martín.
En uno de los casos, un trabajador portuario prejubilado llegó a ingresar más de 40.000 euros en varias operaciones, entre diciembre de 2005 y agosto de 2006. En total hizo cinco ingresos, de entre 11.000 y 4.590 euros cada uno. Cuatro de ellos fueron a una cuenta de la mujer de Dimas, María Elena Martín, y otro a la empresa Gestión y Desarrollo Gaida, que está a nombre de los cuatro hijos del líder del PIL.
     Dimás Martín, analfabeto amigo de los analfabetos
Al ser llamado a declarar, y enfrentarse a cada uno de los resguardos bancarios, aseguró que no recordaba nada, aunque sí reconoció su firma y la fotocopia de su DNI. A eso mismo se aferró ante cada pregunta, incluyendo otra sobre un cheque que cobró por valor de 11.977 euros, emitido por una de las empresas investigadas en Unión por el presunto pago de comisiones ilegales. Alegó que no recordaba haberlo cobrado, y tampoco a quién le entregó después el dinero. “Quiero dejar constancia de que soy analfabeto”, comenzó diciendo en su declaración, según consta en el acta de a UCO.
Respecto a su relación con Dimas Martín, aseguró que sólo lo conoce “del partido”, y explicó que colaboró en varias campañas electorales del PIL “para entretenerse”. Según su declaración, “Dimas es una persona más de la calle y si hace favores se los hace a todo el mundo”.

Su hija sí recordaba

Pese a la falta de memoria de este testigo, quien sí dio todo lujo de detalles fue su hija, que también fue llamada a declarar. En su caso, fue contratada por el Cabildo como auxiliar administrativa del grupo PIL en la Corporación, “gracias a las relaciones” que tenía su padre “con el partido”. Y desde que entró, siempre según su propio testimonio, empezó a recibir distintos encargos de Dimas Martín, pese a que en ese momento no ocupaba cargos públicos y estaba cumpliendo condena por el caso de Complejo Agroindustrial en régimen de tercer grado.
Entre esas gestiones, se incluía cobrar cheques y hacer ingresos bancarios a familiares del líder del PIL. En uno de los casos, según su declaración, el propio Dimas le llevó en su coche hasta el banco. Ese día ingresó 4.500 euros en una cuenta a nombre de la mujer de Dimasy 6.000 euros en otra a nombre de la sociedad Serrano Atlántico, administrada también por María Elena Martín
Además, también admitió haber cobrado dos cheques de la empresa Gestión y Desarrollo Gaida (a nombre de los hijos de Dimas). Uno por importe de 6.000 euros, que después le entregó en efectivo a Dimas Martín, y otro de 12.000 euros, que ingresó a continuación en la cuenta de su mujer.

Fabián Martín y el Registro de la Propiedad

En su declaración, esta testigo dio cuenta también de otros encargos que realizó para el líder histórico del PIL mientras trabajaba en el Cabildo, como reservar vuelos, redactar documentos eincluso hacer gestiones en el Registro de la Propiedad. Preguntada sobre este extremo, dio los nombres de las sociedades que figuraban como dueñas de esas propiedades, y todas ellas están vinculadas al supuesto entramado que utilizó Dimas Martín para ocultar su verdadero patrimonio, poniendo bienes a nombre de familiares e incluso de empresarios que actuaban como presuntos testaferros.
Sobre el coste que tenía que pagar por las gestiones en el Registro de la Propiedad, aseguró en su declaración ante la UCO que “las gastos de esas gestiones se los solicitaba a Fabián Martín y él se lo ingresaba” en su cuenta. Además, también relató que le encargaron hablar con un trabajador de la Oficina Técnica de Teguise, porque Dimas iba a renunciar a la propiedad de varias fincas que estaban a su nombre en el municipio, lo que supondría que cualquiera pudiera reclamarlas.

Un cheque de "varios millones de pesetas"

Al igual que esta testigo, también otro ex trabajador del Cabildo, que entró a trabajar como conserje de la Corporación cuando gobernaba el PIL, después de haber colaborado en la campaña electoral del partido, confirmó que había realizado distintas gestiones para Dimas Martín, como llevar documentación a empresarios y cobrar cheques. Uno de ellos, por valor de“varios millones de pesetas”, que después “transfirió a otra cuenta”. El resto, entre “cinco y diez” cheques más, de entre 3.000 y 4.000 euros cada uno, también los cobró “por encargo de Dimas Martín o de Matías Curbelo”, a quienes después “les entregaba el dinero”.
Precisamente un hermano de Matías Curbelo también fue llamado a declarar como testigo, por hechos similares. En su declaración, explicó que era empleado de Inalsa y que había trabajado en distintas campañas electorales del PIL. En cuanto a si en mayo de 2003 cobró un cheque de 18.000 euros, procedente de una empresa investigada en el caso Unión, aseguró que no lo recordaba, pero que “pudo ser una donación para el partido en campaña”.
En cuanto a otra testigo, que fue contratada por el PIL para ejercer de azafata en varios eventos del partido, y trabajaba como dependienta de Zara, optó por negar directamente los hechos. Al preguntarle la UCO si en mayo de 2003 cobró un cheque de 4.507 euros procedente de una empresa, por encargo de Dimas, aseguró que ella “no ha cobrado ni ese cheque ni ningún otro”. Sin embargo, los datos aportados por la entidad bancaria señalan que fue ella quien hizo esa gestión.

Matías Curbelo ingresó a Dimas más de 147.000 euros

A los distintos ingresos que constan en las cuentas de la familia de Dimas hay que sumar también los realizados por el que entonces era su mano derecha, Matías Curbelo. En total, según los informes de la UCO, depositó 147.050 euros en distintas cuentas de Dimas Martín y de su entorno.
En sus informes, la UCO señala que tanto los ingresos de Curbelo como los de otros colaboradores del partido son en realidad los de menor cuantía dentro del entramado societario del líder del PIL, pero aclara que da cuenta de ellos porque son “una constante en el tiempo”y porque se trata de dinero de “dudosa procedencia”.

Personal eventual en San Bartolomé

Recientemente se ha anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el cese de uno de los componentes del equipo de personal eventual del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Se trataba concretamente de Bernardino Curbelo Morín, el cual había sido nombrado para desempeñar el puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, fundamentalmente en el Área de Obras y Servicios Públicos, así como en otras Concejalías que lo requirieran.

Con la misma, fue sustituído en ese puesto por Carlos ErikMartín Oliva, quién a partir de ahora pasaría a cobrar la sustanciosa cantidad de 2.904,31 euros/brutos mensuales por jornada completa.

Y también se procedió a trasladar al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Antonio Cárdenas Carrillo, que actualmente ocupaba el puesto de personal eventual o de confianza en el Área de Urbanismo y Zona Industrial de Playa Honda, al Área de Obras y Servicios Públicos de este Ayuntamiento, con dedicación parcial, o lo que eslo mismo, a media jornada y una retribución mensual de 2.000 euros/netos.

Con esto sólo queremos decir que si un técnico que ejerce como personal eventual (sin oposiciones, ni ningún tipo de prueba o examen previo) de un Ayuntamiento de un municipio de menos de 20.000 puede llegar a cobrar semejantes sueldos (sabiendo que son personas elegidas totalmente a dedo)...¿cómo es que no se tiene la solución a la crisis que nos está hundiendo a todos, incluso haciendo morir gente?

Es indignante que cientos de caraduras, salidos de vete a saber donde, por ser amigos y conocidos de un alcalde o concejal, se metan en un Ayuntamiento público a vivir del cuento y a sacar dinero de las arcas como si en ello fuera su vida.

Esta clase de nombramientos, esta clase de cargos, estos salarios impropios son los que nos han llevado y los que nos siguen llevando a la miseria.

Si quieren un maldito técnico en obras públicas, que se saque la maldita carrera, y que se saque unas malditas oposiciones públicas para lograr la plaza fija y conseguir un salario adecuado a su situación y a su calidad.

Esta basura es la que vemos a diario y sobre la que no decimos ni "mu", porque es tan normal que un ignorante (o no) llegue de enchufado a un Ayuntamiento que ya nos da igual. Es más, si no fuera por los boletines, jamás nos enteraríamos de que diablos hacen con el dinero de nuestros impuestos, que acaba en bolsillos y carteras de amigos y familiares de los políticos.

Así nos va....así nos va.

miércoles, 20 de febrero de 2013

Embargan 80.000 euros a El Agitador




A los integrantes de la web satírica El Agitador (elagitador.com) un Juez les ha embargado por valor de 80.000 euros a la espera de que salga el juicio en el que se dirima si una viñeta publicada en la revista de humor constituye una ofensa al honor o, por el contrario, la ampara la libertad de expresión que, si no lo han quitado con esto de los recortes, debe estar por algún lado en la Constitución. La información la hemos podido leer en http://carreoart.blogspot.com.es/

La viñeta de la discordia parece caracterizar a tres muy populares personajes de la vida pública lanzaroteña: una ex alcaldesa y un ex secretario, que además de por su trabajo también han sido noticia por estar en sumarios judiciales que relacionan diversas prácticas con la corrupción, y un fiscal que ejerció en Lanzarote y que, al final, fue más conocido por los problemas de su vivienda en La Bufona (como Astrid Pérez y tantos otros) que por su lucha contra la corrupción en la isla, precisamente. 

El juicio, según hemos podido saber, será el 9 de abril y, quién sabe, si es una buena oportunidad para que los ciudadanos demostremos si queremos humor atrevido y del bueno en la inmensa mayoría de las ocasiones, o que se persiga a quien retrata a los que, por méritos propios, se ponen delante del objetivo.

Fuente: LanzaroteAhora


Esto solo nos deja ver cómo en un sistema gobernado por la corrupción y las malas artes, quién sale perdiendo siempre es aquel que lucha y, en este, se ríe de la basura política que dice gobernar para el ciudadano. 

Como bien dice la nota de prensa, los afectados por la viñeta están ahora con el agua al cuello, y una de ellas, María Isabel Déniz, estuvo incluso en prisión preventiva durante varios días, pero tras los chanchullos de siempre pudo salir libre y ahora te puedes encontrar a todos ellos por la calle, con la cabeza muy alta y orgullosos de su estatus social.

La mejor opción es que al verlos, expreses tus sentimientos, les grites los ladrones, chanchulleros y basura que son y que te quedes tan a gusto.



lunes, 18 de febrero de 2013

AC advierte de que las “pérdidas en la red y el fraude” en Inalsa provocaron un descenso de 18 millones de euros en la facturación de 2012


Alternativa Ciudadana ha vuelto a denunciar la “grave situación” derivada de la red de Inalsa y del “fraude”, que ocasionaron en 2012 una pérdida de 18 millones de euros en la facturación de la empresa. Según esta formación, por culpa de la situación de la red de distribución se perdieron 10,2 millones de euros, 1,4 millones de euros por los contadores en mal estado y 5,1 millones de euros por el “fraude por personas o empresas que consumen y no pagan”.
Alternativa ha denunciado en repetidas ocasiones que Inalsa pierde en la red “el 50 por ciento de su producción”. Además, ha criticado la competencia “desleal” que suponen las desaladoras ilegales, prohibidas por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOT) y de la que “se ven directamente beneficiados los empresarios hoteleros”. “Estas desaladoras no pagan a Inalsa a pesar de que utilizan la red de saneamiento pública”, ha insistido.
“Es difícil entender que siendo tan antiguo el déficit que suponen estos dos asuntos para las cuentas de la empresa no se hayan atajado con carácter urgente, máxime cuando Inalsa pasa por una complicada situación económica. En esta cuestión caben dos planteamientos: o bien existe una grave ineptitud para afrontar la situación o bien no resulta tan incómoda de cara a una posible privatización”, ha denunciado Alternativa Ciudadana a través de un comunicado.

sábado, 16 de febrero de 2013

Carta de Lanzarote Corrupta a los niñatos de carnavales y fiestas

Estimado niñato:

De entrada lo que haces en las fiestas con tu grupo de niñatos alrededor nos da en parte lástima. Lástima porque damos por hecho que con esa actitud que muestras tu vida no puede ser mejor que la de un mísero perro abandonado.

Probablemente tus padres sean unos pasotas, o simplemente estarán enfermos o depresivos porque tú los has llevado a ese punto, y al final lo único que recibes de ellos es la misma basura con la que les respondes. Te dejan salir de noche con 14, 15 o 16 años porque esperan que algún día la armes de verdad, te metas en problemas serios y acabes metido en un reformatorio o peor: en un cementerio. Aunque sea eso servirá para que ellos descansen de lo que tu les has estado haciendo sufrir.

Damos por hecho también, que eres un ignorante y que la educación que has recibido es una auténtica basura. Que no tienes respeto por tu vida ni por la de los demás, y que no aprecias el verdadero valor de la misma, básicamente porque, como antes dijimos, la tuya debe ser un auténtico asco.

Vas por ahí en grupito con tus otros colegas ignorantes y maleducados pero todos sabemos que si fueras sólo por la calle no serías más valiente que una gallina.

Tu chulería y tu ignorancia te hacen beber, fumar y meterte de todo sin saber que estas destrozando el poco futuro que podías tener, y que gracias a eso encima estás jodiendo la fiesta a gente que ha salido esa noche con ganas de disfrutar, sin ninguna intención de salir a buscar problemas.

También existen otro tipo de niñatos que superan la mayoría de edad...pero eso ya se puede deber a problemas mentales y a una vida sin arreglo definitivamente.

Tú, niñato, te estas cargando nuestras fiestas y por tu culpa ya no son lo que eran antes. Por tu culpa hay miles de personas que no acuden a disfrutar y que prefieren quedarse en casa antes que ver como idiotas como tú la van armando, impidiendo que la fiesta sea eso, una fiesta.

Sólo te deseamos que cambies, y que te des cuenta de que lo que haces solo te lo estas haciendo a ti mismo, y que acabarás mal....muy mal.

viernes, 15 de febrero de 2013

El Ayuntamiento pagó vuelos y hoteles al marido, la hija y la hermana de Isabel Déniz


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Imagen de la terraza del lujoso hotel donde se alojaban en Madrid.
Los viajes de María Isabel Deniz y su familia se han convertido en uno de los ejes del caso “Unión”, que sostiene que varias empresas pagaron las vacaciones de la ex alcaldesa y de otros cargos públicos y funcionarios, incluyendo al entonces secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, a destinos como Tanzania y Marruecos. Sin embargo, al dirigirse a distintas agencias de viajes en busca de pruebas, los agentes de la UCO no sólo encontraron facturas de viajes privados pagados por Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas, sino también por el propio Ayuntamiento de Arrecife.
En uno de los atestados de la UCO, se recoge la información aportada por una de las agencias de viajes, que sólo en el año 2004 cobró hasta tres facturas del Ayuntamiento de Arrecife, por viajes realizados por María Isabel Déniz y sus familiares.
La primera de ellas, fechada el 18 de junio, incluye un vuelo a Madrid a nombre de María Isabel Déniz, y otro a nombre de su hija, así como una noche de alojamiento en el lujoso hotel Reina Victoria. En total, la factura pagada con dinero público ascendió a 980,77 euros, por un viaje entre el 24 y el 25 de junio.
Sólo cuatro días después, la hija de María Isabel Déniz volvió a viajar a Madrid, aunque esa vez ni siquiera voló con la entonces alcaldesa. En esa ocasión se desplazó a la capitalcon su padre, aunque la factura, por valor de 717,87 euros, también fue cargada al Ayuntamiento de Arrecife. El marido y la hija de Isabel Déniz volaron el 19 de junio y regresaron al día siguiente, y también se alojaron el hotel Reina Victoria.

Lujo y vistas privilegiadas

En la página web de este establecimiento, la empresa lo define como un “hotel de lujo”, “estratégicamente situado en el centro de la ciudad, con fácil acceso a los principales puntos de interés como son los Museos del Prado, Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía, el Parque del Retiro, el Congreso, Puerta del Sol, Plaza Mayor, el Palacio Real y la zona comercial y empresarial”, y también destaca su terraza "The Roof", que califica como “una de las 10 mejores de España”, y tiene unas vistas privilegiadas.
Además, en esas fechas el Ayuntamiento pagó un tercer viaje a familiares de la alcaldesa, en este caso a su hermana, Carolina Déniz. La factura, por importe de 621,77 euros, corresponde a dos billetes de avión, uno a nombre de María Isabel Déniz y otro a nombre de su hermana. Ambas volaron juntas a Barcelona el 7 de mayo de 2004.
Carolina Déniz, que es juez y también ha sido viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, ya fue llamada a declarar como testigo en el caso “Unión”, por su participación en otro viaje junto a la ex alcaldesa y varios miembros de su familia. En ese caso, se fueron a Marruecos y la factura fue abonada por Fomento Construcciones y Contratas, en lo que la investigación sostiene que pudo ser un presunto soborno a María Isabel Déniz a cambio de la adjudicación de obras. Otros participantes en ese viaje, como el marido de la ex alcaldesa, también fueron llamados a declarar como testigos.

De Tanzania a Cuba en tres meses

Además de este viaje a Marruecos realizado en 2005, en la causa también se investigan otras vacaciones de María Isabel Déniz. Según la investigación, la entonces alcaldesa viajó a Tanzania del 17 al 27 de enero de 2004 junto a Felipe Fernández Camero y las parejas de ambos, en un viaje presuntamente pagado por Urbaser.
En las agendas incautadas al ex gerente de la empresa en Lanzarote, Jacinto Álvarez, constan varias anotaciones de las supuestas exigencias que le hicieron tanto María Isabel Déniz como Felipe Fernández Camero para que pagara ese viaje. En uno de esos apuntes, Jacinto Álvarez aseguraba que ya les había entregado 14.000 euros “para un viaje que iba a hacer a Kenia” (país limítrofe con Tanzania), así como los billetes a Madrid. Respecto a esos vuelos de enlace con la capital, la UCO localizó las facturas en una agencia de viajes, y fueron pagadas por Urbaser.
Menos de tres meses después de ese viaje a Tanzania, el 3 de abril de 2004 consta otro viaje de María Isabel Déniz, en este caso a Cuba, y acompañada de nuevo por su marido y sus hijos, así como por Felipe Fernández Camero y su mujer. La UCO localizó una factura conjunta del viaje, a nombre de la ex alcaldesa, “desconociéndose la forma de pago, al no aparecer adeudos similares al total de la factura en las cuentas relacionadas con María Isabel Déniz”.
Por ello, los agentes creen que el viaje pudo ser abonado con dinero negro, procedente de un presunto soborno. En esas fechas, Jacinto Álvarez también realizó anotaciones en su peculiar agenda, en las que señalaba a una posible empresa que podría haber abonado ese viaje.

La juez del caso “Unión” da diez días para que se formule el escrito de acusación definitivo en la pieza de Rodríguez Batllori


La juez del caso “Unión”, María Jesús Hernández Elvira, ha dado diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en la causa para que soliciten la apertura del juicio oral en la pieza separada sobre Francisco Rodríguez Batllori, formulando el escrito definitivo de acusación o, en su caso, solicitando el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
En esta pieza del caso "Unión", además del abogado y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, están imputados el líder histórico del PIL, Dimas Martín, los ex concejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y el ex gerente de la empresa pública de aguas, Rafael Elorrieta.
Todos ellos están imputados por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, por haber contribuido a pagar facturas supuestamente ficticias a Rodríguez Batllori, tanto desde Inalsa como desde el Ayuntamiento de Arrecife.
Según la investigación, lo que realmente se estaba pagando a través de la administración pública era el asesoramiento privado de Batllori a Dimas Martín, por temas vinculados a su situación judicial y penitenciaria.

     Batlori detenido siendo detenido.

Pruebas y confesiones

En su auto, la juez hace referencia a las diligencias practicadas con respecto a esta pieza, y detalla que se ha acreditado que Rodríguez Batllori recibió entre marzo de 2008 y abril de 2009 la cantidad de 16.941,18 euros del Ayuntamiento de Arrecife y 26.089,40 euros de Inalsa. Sin embargo, no había ningún contrato firmado con él, e incluso imputados como José Miguel Rodríguez reconocieron en los Juzgados que Batllori no prestó realmente servicios al Ayuntamiento de Arrecife.
La juez señala en su auto que ni Rodríguez ni Luisa Blanco, que autorizaron esas facturas abonadas a Rodríguez Batllori, pudieron "concretar qué funciones tenia encomendadas, en concepto de qué lo hacía, mediante qué tipo de contrato (al margen del contrato verbal, de sobra conocido de imposible aplicación en el ámbito de la Administración Pública), si llegó a presentar algún informe en el sentido que fuera, cuáles eran las necesidades que venía a cubrir o por qué la Corporación precisaba de un Letrado".
En cuanto a Inalsa, "al igual que en el Ayuntamiento de Arrecife, ni consta contrato, ni consta la necesidad de contratación, ni consta en qué consistió su trabajo, al margen de entrevistas, de no más de media hora y en una sola ocasión con distintas autoridades del Gobierno de Canarias y otras empresas públicas, sin resultado alguno materializado".
Al respecto, la juez señala que "los concejales y cargos de INALSA, en concreto la imputada Plácida Guerra en concepto de consejera delegada y Rafael Elorrieta (yerno de Dimas Martín Martín) en concepto de gerente, siguiendo las instrucciones de Dimas, cerraron un acuerdo verbal con Batllori consistente en el pago de cantidades bimestrales con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento y de INALSA a los que tenían disposición, una vez Batllori presentara, a modo de justificación, unas facturas en concepto de minutas de honorarios por labores de asesoramiento, plenamente conscientes de que la documentación mercantil presentada era inveraz, en tanto que no respondía a trabajo alguno".

"Un dominio absoluto"

En el auto, la juez también señala que aunque Dimas estaba en ese momento cumpliendo condena e inhabilitado, "mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife y en INALSA, igualmente dirigida por representantes del PIL". Y gracias a ello, "Dimas se prevalió de su superior jerarquía dentro del PIL utilizando conscientemente tal ascendencia para lograr beneficiar económicamente al Batllori por las gestiones que éste hacia en su nombre".
Según subraya la juez, "en ejecución de este ilícito plan de beneficiar a un particular por las gestiones que éste realizara en favor de Dimas, se prescindió de manera grosera de trámites absolutamente esenciales en la normativa de la contratación del sector público, dirigido a hacer valer y velar el cumplimiento del interés general que aparece quebrantado". Por todo ello, señala que "existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío", en una pieza que entra ya en la recta final para ir a juicio.

Fuente: La Voz de Lanzarote

Dimas facturó cientos de miles de euros con una de sus empresas por “gestionar” licencias en Costa Teguise mientras gobernaba el PIL


Los primeros pasos del caso “Unión” ya desvelaron que Dimas Martín cobraba presuntos sobornos a empresarios, a cambio de influir sobre los cargos públicos de su partido para que favorecieran sus intereses, adjudicándoles contratos o abonándoles facturas. Sin embargo,los informes posteriores de la UCO reflejan también un cobro de comisiones revestido de “legalidad” por parte del líder del PIL, vinculado a la concesión de licencias urbanísticas.
Al rastrear el patrimonio oculto de Dimas Martín, dentro ya de la Operación “Jable”, los agentes localizaron pagos “oficiales” de cientos de miles de euros a una de sus empresas, por supuestos servicios de “gestión” para la obtención de licencias en Costa Teguise, donde gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote.
La empresa, Gestión y Desarrollo Gaida S.L., estaba a nombre de sus cuatro hijos(Susana, Elena, Fabián y José Dimas Martín), con Susana Martín como administradora. Sin embargo, el propio Dimas era quien la dirigía y “daba las órdenes”, según admitió él mismo tras su segunda detención, dentro de la Operación “Jable”. Sólo entre 2001 y 2003, la empresa ingresó al menos medio millón de euros por esos servicios de “gestión” de licencias.
La mayoría de esos pagos fueron realizados por José María Rosell, un empresario andaluz que también fue detenido e imputado en esta causa, como presunto testaferro de Dimas. A través de una de sus sociedades, Grupo Hoteles Playa S.A., Rosell firmó un contrato el 22 de febrero de 2001 con la empresa de Dimas, para que ésta gestionara la obtención de licencias en dos parcelas de su propiedad: la 232 y la 216 del Plan de Ordenación de Costa Teguise.

Licencia para un hotel ilegal

En este contrato, que fue localizado por la UCO dentro de esta investigación, Gestión y Desarrollo Gaida se comprometía a “llevar a cabo cuantos trámites sean precisos ante los organismos correspondientes, especialmente Oficina del Plan de Ordenación de Lanzarote, dependiente del Cabildo de la isla, Consejerías de Política Territorial y de Turismo de Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Teguise, hasta conseguir la obtención de las licencias de construcción, con arreglo a los proyectos que el Grupo Hoteles Playa presentará en los mencionados organismos”. Ese mismo día, Rosell entregó dos pagarés por importe de 270.455 euros, que fueron ingresados en la cuenta de la empresa de Dimas Martín.

Nueve meses después, el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (que en aquella época militaba en el PIL y formaba parte del círculo más cercano a Dimas) concedió la licencia a José María Rosell para construir un hotel de 600 plazas en la parcela 216 de Costa Teguise, ubicada junto al hotel Playa Verde, propiedad del mismo empresario.
El hotel es hoy un esqueleto a la entrada de Costa Teguise, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias paralizó las obras en el año 2005. Después, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas declaró ilegal la licencia y una segunda prórroga de la misma, afirmando que en su concesión hubo “una auténtica omisión total y absoluta del procedimiento”. Según la sentencia, el alcalde concedió los permisos (una prórroga de una licencia anterior que había perdido vigencia e incumplía la moratoria insular) pese a que no contaba con informe del Cabildo, y tampoco con informes técnicos y jurídicos de la Oficina Técnica municipal de Teguise.

Pagos a Fernández Camero por asesoramiento

En el contrato firmado entre la empresa de Dimas y Rosell para gestionar esta licencia, se establecía que los 270.455 euros se destinarían a “los gastos que se produzcan como pago a los diferentes organismos por derechos o tasas de la obtención de licencias”, quedándose Dimas con unos “honorarios de un 10 por ciento de la liquidación final que resulte”.
Sin embargo, la UCO no ha podido determinar si realmente se utilizó parte de ese dinero para abonar “algún pago derivado de los gastos de las oportunas licencias”. Lo que sí encontraron los agentes fueron dos pagarés entregados a Adelfas 24 S.L., una sociedad perteneciente al abogado Felipe Fernández Camero, por la elaboración de dos informes relativos a las parcelas de Rosell.
Uno de los pagarés abonados a Fernández Camero por la empresa de Dimas era de 2.126 euros y el otro de 1.890 euros, correspondientes a las minutas por realizar esos informes: uno sobre la parcela 216 y otro sobre la 232. El primero se elaboró diez días antes de que el alcalde de Teguise concediera la licencia al hotel de José María Rosell, sin contar con otros informes del Cabildo ni del propio Ayuntamiento.
En el concepto de la factura abonada a Fernández Camero, se especificaba que correspondía a los “servicios jurídicos prestados a Hoteles Playa Canarias S.L., consistentes en la emisión de undictamen fechado el 19 de noviembre de 2001, sobre la vigencia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Teguise para construir un hotel de cinco estrellas en la parcela 216 de la urbanización Costa Teguise”. Una vigencia que realmente no existía, tal como determinaron después los Tribunales, al paralizar las obras y declarar ilegal la prórroga de esa licencia.
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José María Rosell, abandonado los Juzgados tras su detención en la Operación Jable.

Otros contratos con Rosell

Además de los 270.000 euros de esta operación, José María Rosell entregó otras cantidades a la empresa de Dimas Martín por gestiones similares. En el año 2002, Susana Martín, como administradora de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., firmó otro contrato con una empresa de Rosell, en este caso Inversiones Turísticas Inmo S.L., para gestionar licencias de construcción en la parcela 205 de la Urbanización La Maleza, también en Costa Teguise.
En este caso, Rosell entregó a Dimas algo más de 480.000 euros, aunque al día siguiente (el 19 de agosto de 2002) se transfirieron 420.708 al Ayuntamiento de Teguise. La propia Susana Martín entregó después un escrito en el Consistorio, en el que informaba de la intención de “proceder al cambio de uso de las parcelas de turístico a residencial” y de haber realizado elingreso “voluntario parcial a cuenta de la liquidación que en su momento realice ese Ayuntamiento sobre los derechos a pagar por la concesión de dicha licencia”.
El resto del dinero entregado por Rosell en esta operación, 51.117 euros, fue utilizado por la familia de Dimas Martín, con varias disposiciones en efectivo de entre 1.800 y 6.000 euros, con transferencias y con una orden de pago de 19.105 euros a un hermano de Dimas en Orlando, Florida.
Por otra parte, la UCO también localizó tres facturas por importe de 342.856 euros, relacionadas con otro pago de Rosell a la empresa de Dimas por la supuesta intermediación en la compraventa de la parcela 232 de Costa Teguise, aunque en este caso la investigación no ha encontrado asientos contables del ingreso de esa cantidad.

La compra de una clínica y el Plan General de Arrecife

Aunque la mayor parte de los ingresos por la “intermediación” con el Ayuntamiento de Teguise vienen de José María Rosell, la empresa de Dimas también firmó contratos similares con otras sociedades. Uno de ellos, con Urincasa S.A., que pretendía conseguir una prórroga de la licencia para construir 372 apartamentos. En el contrato, la empresa también pedía que se incluyera la “legalización de calle de rodadura”, “unificación de parcelas” y “realizar locales comerciales”, entre otras cosas.
Urincasa se comprometía a entregar 180.304 euros iniciales y otros 300.506 euros “previa presentación de la factura a la renovación definitiva de la licencia correctamente legalizada”. El 1 de marzo de 2003, se ingresaron los 180.304 euros en la cuenta de Gestión y Desarrollo Gaida S.L., aunque no hay constancia del otro pago.
En cuanto a los 180.304 euros, según la UCO, no hay constancia de que se utilizaran para ningún pago relativo a las licencias de Urincasa. Lo que sí han conseguido acreditar es la compra de varias parcelas por parte de la empresa de Dimas, justo unos días después de recibir ese dinero.
Además, Gestión y Desarrollo Gaida S.L. también cobró en el año 2002 como intermediaria en la compraventa de una clínica de Arrecife. Según los documentos localizados por la UCO, Dimas acordó por escrito una comisión de 47.479 euros, aunque en su cuenta encontraron un ingreso de 270.451 euros en relación con esta operación, sin que esté acreditado cuánto destinó a los posibles trámites para ejecutar esa compraventa.
En uno de los ordenadores intervenidos a Dimas Martín durante los registros realizados por la UCO, encontraron varios archivos relativos a esa clínica. Y en uno de ellos, se habla no sólo de la compra, sino también de la situación urbanística de la parcela y de que “se quiere cambiar su uso de clínica a comercial y oficinas a través del Plan General”. En ese momento, en Arrecife también gobernaba el Partido de Independientes de Lanzarote, con María Isabel Déniz como alcaldesa.


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