El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a
las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de
cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran
Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto
Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las
explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no
sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector
turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que
se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es
precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental...