miércoles, 27 de marzo de 2013

La juez de Costa Roja reabre la causa contra Lleó e imputa a Fernández Camero y al reconocido catedrático Rafael Entrena


La primera causa abierta por la concesión ilegal de una licencia en la parcela de Costa Roja ha dado un nuevo giro, reabriendo las actuaciones contra Luis Lleó, imputando nuevos delitos al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y al secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y sumando dos nuevos imputados: el abogado Felipe Fernández Camero y el jurista Rafael Entrena Cuesta, reconocido en toda España por sus aportaciones al derecho administrativo.
Parcela donde se hubiera ubicado la urbanización ilegal
En un auto dictado el pasado 22 de marzo, la juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, señala que “procede incoar” nuevas diligencias previas y reabrir las que habían sido sobreseídas en el año 2010. En aquel momento, la juez archivó la imputación contra el empresario Luis Lleó y mantuvo la del ex alcalde y dos técnicos municipales, al entender que había indicios de prevaricación urbanística, pero que no estaban “debidamente acreditados” los delitos de cohecho de los que venían siendo acusados.
Ahora nuevas diligencias se han sumado a la causa, a la que se han incorporado datos que resultaban relevantes del caso “Unión”. Entre otras cosas, ha sido clave un informe de la Guardia Civil sobre la documentación intervenida a Luis Lleó cuando fue detenido dentro de la Operación “Unión”.
De la mano de esas nuevas diligencias, la juez se dirigió a principios de este mes al Ayuntamiento de Yaiza, para que con “carácter urgente” enviara al Juzgado todo el expediente relativo a un pago realizado por el Consistorio al catedrático Rafael Entrena Cuesta, que en mayo de 2007 elaboró un informe sobre la licencia concedida a Costa Roja por José Francisco Reyes. A petición de la Fiscalía, la juez reclamó al Ayuntamiento los documentos sobre el encargo del trabajo, la factura y el contrato, “a fin de investigar la presunta existencia de un delito de prevaricación por parte de Luis Lleó y Rafael Entrena”.
Finalmente, además de ese delito la juez también ha introducido el de fraude a la administración y malversación de caudales públicos, por las presuntas irregularidades en ese pago. En su auto, acuerda imputar al catedrático Rafael Entrena, así como al abogado Felipe Fernández Camero, los delitos de prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Por su parte, José Francisco Reyes y Vicente Bartolomé Fuentes, que ya estaban imputados por prevaricación urbanística, suman nuevas imputaciones de prevaricación, fraude a la administración y malversación.
En cuanto a Lleó, se reabren las actuaciones contra él y pasa a estar de nuevo imputado en la causa esta vez por prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación. Además, Lleó continúa también imputado en elcaso “Unión”, donde sí se le acusa de un delito de cohecho, al haber ofrecido un presunto soborno a Carlos Espino, a través de Fernando Becerra para que desbloqueara la construcción de esa misma parcela.
Cuando se produjo ese ofrecimiento, esta primera causa ya estaba en marcha e investigaba la licencia que Reyes concedió a Lleó para construir más de 1.000 viviendas y 200 locales comerciales en esa parcela. Los tribunales habían parado su desarrollo, después de que fuera denunciada por el Cabildo por lo que Lleó intentó ese presunto soborno a Espino, que entonces era consejero de Política Territorial. Finalmente, el empresario tendrá que responderpenalmente en dos causas distintas por los dos intentos de urbanizar esa parcela.

Fuente: La Voz de Lanzarote

La juez del caso Montecarlo deja en libertad a Carlos Sáenz y a José Montesinos



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Carlos Sáenz a su salida de prisión
Los dos principales imputados en la operación Montecarlo, el interventor Carlos Sáenz y el empresario José Montesinos, han sido puestos en libertad, tras 10 meses en prisión provisional en la cárcel de Tahíche, en Lanzarote. Así lo ha acordado la juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Aurora García, en un auto dictado este martes. Pocas horas después, ambos imputados han abandonado el centro penitenciario.
Carlos Sáenz fue arrestado en Lanzarote el 22 de mayo de 2012, pero primero prestó declaración en los Juzgados de Fuerteventura y después fue trasladado a Arrecife. Los Juzgados de ambas islas decidieron enviarle a prisión provisional.
Sáenz tiene una plaza como interventor en Arrecife y cuando salga de prisión, ahora que se ha acordado su puesta en libertad, podría reclamarla y regresar a su puesto. En cuanto a Teguise y San Bartolomé, donde Sáenz ejercía como interventor por “acumulación”, Función Pública ya anuló su designación y autorizó a los ayuntamientos a cubrir la plaza con otra persona.
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José Montesinos saliendo de prisión.
En cuanto al empresario José Montesinos fue arrestado en La Oliva, en Fuerteventura. Tras su detención fue conducido a Lanzarote, donde el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife le envió a prisión provisional.
Los dos acusados están imputados por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad en documento público. Ésta será una de las últimas decisiones que adopte la juez Aurora García sobre este caso Montecarlo, ya que en dos semanas se trasladará en comisión de servicios a Sevilla.
Desde que se decretara su ingreso en prisión provisional, tanto Sáenz como Montesinos habían presentado varios recursos para abandonar la cárcel, pero éstos habían sido rechazados hasta ahora tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial. Sin embargo, Carlos Sáenz había vuelto a recurrir y en esta ocasión la juez ha decidido dejarles en libertad hasta que se celebre el juicio.

Próximas declaraciones

Asimismo, Carlos Sáenz deberá declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife el próximo 2 de abril. Además, el 3 de abril tendrá que prestar declaración el tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera.

sábado, 23 de marzo de 2013

Apagón en la T1 del Aeropuerto de Lanzarote

Durante esta mañana se ha producido un apagón en la Terminal 1 del aeropuerto de Lanzarote, que ha provocado ciertas demoras en el tráfico aéreo y ha puesto en el punto de mira el correcto funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias.

Torre de Control del aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote)
Sobre las 10 de la mañana se produjo el apagón eléctrico, fallaron las baterías de emergencia que deberían haber proporcionado energía a la instalación durante el tiempo que los técnicos reparaban los daños. De esta forma, la torre de control se ha quedado tan solo con los servivios de emergencia radio, que cuentan tan solo con una hora de autonomía. La torre de control de Lanzarote en concreto cuenta con tres equipos radio, por lo que el máximo tiempo que pueden funcionar sin energía eléctrica y sin energía de las baterías de emergencia es de 3 horas.

Debido al percance, se ha restringido a un máximo de 10 despegues/aterrizajes por hora.

Tras una hora de apagón, los técnicos de mantenimiento de AENA lograron reponer la energía para toda la terminal. A pesar de todo seguía fallando el sistema SACTA (Sistema Automatizado de Control de Tráfico Aéreo) pero es algo secundario respecto a la actividad aérea y el tráfico ha retomado la normalidad sobre las 11:30 am.

El Hotel Papagayo Arena pierde la última batalla legal para anular la sentencia que lo ilegaliza


El pasado mes de febrero, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el último recurso que le quedaba al Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, para intentar dejar sin efecto la sentencia que anula su licencia de construcción.

La propiedad del hotel había solicitado ante los tribunales la nulidad de la sentencia de octubre de 2012 sobre el recurso de apelación, por la que se pedía que se retrotrajesen las actuaciones hasta el momento anterior a dictar sentencia. El Cabildo de Lanzarote pidió que se desestimara esa nulidad. La licencia realmente se anuló por parte del TSJC en julio de 2007, pero la propiedad siguió apelando.
Vista aérea del hotel Papagayo Arena
El hotel, de la sociedad levantina Explotaciones Nueva Valencia, consideraba que en la sentencia se había incluido un motivo sin que se le hubiera dado la oportunidad de discutirlo. El tribunal sigue sosteniendo que no ha existido indefensión y que al anularse la licencia de obra del hotel se anulan a su vez el resto de licencias conseguidas tras ella. El TSJC impone las costas del proceso a la empresa.

El caso del Papagayo Arena es uno de los 27 casos de licencias en Playa Blanca y Costa Teguise anuladas por los tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote y de la Fundación César Manrique, que se mantienen desde hace años en situación de ilegalidad. La ejecución de la sentencia se está intentando encajar a través de una legalización en el Plan General de Yaiza y del Plan Insular de Ordenación (PIO) del Cabildo, que deberán ratificar los tribunales.

Papagayo Arena

La licencia para el Hotel Papagayo Arena la concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en junio de 1998 y se comenzó a construir en 2001. Tiene cuatro estrellas y 747 plazas y se comercializa en régimen de todo incluido.

En el año 2007 se anuló su licencia porque no se publicaron las ordenanzas del plan parcial, no se recabó el informe jurídico municipal para dar la licencia y no respetó la suspensión de licencias que estaba vigente en el momento de concederla.

Además, incumple el PIO, la Moratoria, el plan parcial y la autorización turística. El proyecto incumple el número máximo de plazas que se podía aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más, invade una zona verde y un pasillo de acceso a la playa y lo construido no se corresponde con el proyecto autorizado.

En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública y la iniciación de los trámites legales para la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero después se paralizó.

Fuente: Diario de Lanzarote

viernes, 22 de marzo de 2013

Lanzarote: acampa como puedas

Lanzarote es a día de hoy, el espacio denominado Reserva de la Biosfera donde menos se puede disfrutar a plena actividad de su paisaje y su naturaleza (o lo poco que queda de ella).

La acampada ha sido desde décadas una actividad muy practicada y seguida por los lanzaroteños, y por generaciones y generaciones de familias.

Tras la imposición de sanciones por realizar acampadas en el medio natural por parte de instituciones como el SEPRONA, Medio Ambiente y otras autoridades del género, los campistas de la isla se tuvieron que conformar con acampar en los campings adaptados para esta actividad, donde al usuario se le cobra un importe diario por el uso de una parcela, el agua y la luz.

Uno de los mayores de Lanzarote y mejor preparados es el camping de Papagayo, que a pesar de todo seguirá cerrado en esta Semana Santa, al igual que todos los campings oficiales de la isla.

Camping de Papagayo

Con una capacidad de 2000 personas y unas 280 parcelas, el camping de Papagayo se antepone como la mejor opción para la acampada en la isla. Desgraciadamente, la mala gestión por parte de políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza ha sido la principal causa de que los problemas para abrir este recinto sean cada vez mayores.
Las jugadas y las estafas millonarias por parte del Ayuntamiento de Yaiza durante los muchos años de funcionamiento del camping han sido de tal magnitud que ha llevado a quebrar las arcas del consistorio sureño para dicha actividad.
Camping de Papagayo
Tenemos constancia de que en los tiempos de gozo y de auge económico (así como de auge de corrupción y prevaricación), las irregularidades se contaban a cientos.
Empresas (o particulares) que gestionaban el transporte de cubas de agua al camping y que cobraban el doble de viajes de los que realmente realizaban, trabajadores del Ayuntamiento que robaron cientos de litros de los tanques de combustible para los motores que proporcionaban la energía eléctrica del camping, motores innecesarios comprados por el Ayuntamiento a precios desorbitados...y por supuesto el descontrol del uso de los enganches de agua y luz de cada parcela, en las que un individuo con una simple caravana pagaba lo mismo que otro que llevaba lavadoras, lavavajillas, televisiones, congeladores, neveras...sin que nadie regulara si se pasaba de un tope de uso o no.
El descontrol ha sido masivo, y las pérdidas millonarias, pero no por la crisis, ni por la falta de campistas, sino por la pésima gestión de los que han gobernado el Ayuntamiento de Yaiza, y que han conseguido que la isla quede aún en peor lugar de lo que ya estaba con anterioridad.
No vendría mal un "Caso Camping" en las muchas investigaciones que la UCO y Anticorrupción llevan a cabo en la isla de Lanzarote.

Sin un lugar donde acampar en Semana Santa

De este modo, los miles de campistas de Lanzarote y de toda Canarias que antes acudían a los campings desaparecerán esta Semana Santa, de la misma forma que han ido disminuyendo durante los últimos años debido a la falta de previsión y a las pésimas gestiones.
Es de vergüenza que ahora, encima de prohibir (porque básicamente es lo que han hecho) una actividad como la acampada, encima pretendan que la gente no pueda ir a una mísera playa a colocar su caseta para pasar unos días vacaciones diferentes, en una época en la que no se pueden ni pagar un viaje a la isla vecina de Fuerteventura.
Cuanto más nos fastidia la crisis, más nos prohíben lo poco que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades.

Lugares como Caleta de Caballo o Playa Quemada entre otros se están convirtiendo estos días en improvisados campings debido a la falta de una opción alternativa en la isla.
Caleta de Caballo
Desde aquí animamos a todos los campistas a salir a acampar donde les salga de los mismísimos cojones, y al que pueda que acampe en la mismísima puerta del Cabildo y de los Ayuntamientos.

Respeto hacia nuestra isla

Otro tema muy acorde a este artículo, y posicionándonos en el otro lado, es el tema de la suciedad por parte los campistas.
Hay campistas, y campistas, igual que hay personas y personas. Hay campistas que son un verdadero lujo y un honor para esta actividad, y estos son los que llegan a un lugar a quedarse varios días y que cuando se van dejan la zona tal y como estaba, sin modificar de ninguna manera el entorno. 
Sin embargo, también están los campista guarros, asquerosos e irrespetuosos. Estos son los que llegan, cagan y mean donde les plazca, y lo único que hacen es llenar de mierda y basura la zona donde se instalan, sin tener la conciencia humana de recogerlo todo cuando se marchan sin pensar en ningún momento en quién vendrá detrás (que es probable que sean ellos mismos). Estos son los que avergüenzan a los que realmente realizan la actividad por el placer de disfrutar del entorno.
Suelen ser desde jóvenes y adolescentes cuyo único objetivo es emborracharse por las noches y dormir por el día, hasta gente adulta que por desgracia no tienen dos dedos de frente y tampoco ninguna clase de educación.
Desgraciadamente, lo que antes llama la atención a la vista son estos guarros maleducados, y es por eso que en cierta parte la acampada está mal vista por parte de la sociedad.
Si todos tuviéramos un poco más de respeto por el medio en el que vivimos y disfrutáramos de él dejando disfrutar a los demás, otro gallo cantaría.

Sistemas de gestión más eficientes

Para todos aquellos que deseen realizar la acampada sin tener que vivir en un "campamento gitano" como son los camping y prefieran disfrutar de las zonas naturales de la isla, cabe la posibilidad de la creación de una red insular de campista, que estén registrados e identificados, y que puedan pedir permisos a las instituciones para realizar acampadas en otros puntos de la isla. Teniendo un control de estos campistas, sabiendo donde van a estar en todo momento e imponiendo multas a aquellos que incumplan las normas generales de convivencia con el medio, las cosas serían muy diferentes, y todo el mundo tendría la capacidad de elegir dónde acampar, cómo y cuando.
Que esto es una isla señores, no es un continente. Gestionen un poco, solo un poco, y las cosas irán mejor.

lunes, 18 de marzo de 2013

Reguera autorizó un pago de 63.000 euros por un supuesto proyecto que ni siquiera conocía la técnico responsable


No le consta “que hubiera un proyecto con ese nombre”, ni tampoco “ningún contrato” ni “ningún servicio” que se prestara y que “encaje” con el concepto de la factura. Eso es lo que aseguró en los Juzgados una técnico del Ayuntamiento de Arrecife, cuando le mostraron una factura de 63.000 euros pagada por el Consistorio e investigada dentro del caso “Montecarlo”.
El pago fue autorizado por el ex alcalde, Cándido Reguera, y cargado a una de las Concejalías que gestionaba Lorenzo Lemaur. Sin embargo, la técnico que trabajaba en las áreas de Lemaur asegura que desconoce “el proyecto” al que se hace referencia en la factura, y también que realmente se haya prestado algún servicio en ese concepto. Lo mismo afirmó por escrito el trabajador responsable del área de Cultura, al recibir un requerimiento de la Fiscalía pidiendo documentos sobre ese pago. Según este trabajador, en su departamento no constaba ni el proyecto ni la memoria del mismo.
Lemaur junto a Reguera el día de su toma de posesión
En la factura, de la empresa Tunera Producciones, se especifica que el concepto era el“Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife” y se emitió en diciembre de 2010. Sólo un mes antes, esa empresa había presentado al Ayuntamiento una propuesta para realizar un proyecto con una denominación muy similar: “Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife”.
En su declaración como testigo en el caso Montecarlo, la técnico responsable señaló que sí conocía el proyecto bajo ese nombre, aunque en este caso tampoco le consta cómo se contrató ni que se llegara a ejecutar. Al respecto, explicó que cuando Tunera presentó esta propuesta, en noviembre de 2010, Lemaur le “solicitó ayuda para la elaboración del pliego de prescripciones técnicas, porque el servicio de contratación era muy estricto, en el sentido de que hubiera algún técnico que hubiera supervisado el pliego”.

“Necesitaba un técnico”

Tras cumplir este encargo, la técnico comunicó al concejal que “la adjudicación debía tramitarse como un procedimiento negociado” y que “debía invitarse a otras dos empresas”, ya que el contrato superaba los 18.000 euros. Sin embargo, según declaró en los Juzgados, no le consta que después “se hicieran las invitaciones, ni que se celebrara el contrato, ni que se ejecutara el servicio”.
Y todo ello, pese a que le hicieron figurar a ella como la encargada del contrato. “Entiendo que fue porque necesitaba un técnico”, explicó en su declaración, en la que insistió en que ella se limitó a hacer el pliego de prescripciones técnicas, y después no volvió a saber nada más, por lo que entendía que el contrato ni llegó a firmarse.
Sin embargo, el Ayuntamiento sí pagó hasta tres facturas por este supuesto servicio. La primera, en teoría, sería la abonada por orden de Cándido Reguera, aunque no coincide la denominación exacta del proyecto. Las dos segundas fueron autorizadas por el ex concejal Lorenzo Lemaur y eran de 15.461 euros cada una.
La autorizada por Reguera, por importe de 63.000 euros, corresponde en teoría al supuesto “estudio y conclusiones” del proyecto, que en realidad se había presentado solo un mes antes en el Consistorio, y como una simple propuesta. La segunda, abonada ya por Lemaur y por importe de 15.461 euros, correspondía al pago del desarrollo del proyecto entre los meses de octubre de 2010 y enero de 2011. Es decir, se pagaba incluso un mes en el que el supuesto proyecto ni siquiera se había presentado aún en el Consistorio.
Además, cuando Cándido Reguera estaba aún en la Alcaldía, a la Fiscalía llegó dos veces el mismo proyecto para justificar estos gastos. En ambos casos, el texto es idéntico y sólo cambia la última hoja: en una aparece el presupuesto, y en la otra no. Y en la que sí figura el importe que tendrá esta iniciativa, la cifra coincide con las dos facturas abonadas por Lemaur, que en total suman 29.450 euros más IGIC, pero no se dice nada sobre los 63.000 euros abonados previamente por Reguera.

“Estudios sociológicos” y pantallas para el Mundial

Tras ser citado a declarar en calidad de imputado por estos y otros hechos al estallar la causa,Cándido Reguera reconoció que nunca vio la memoria de ese proyecto, en la que se debía dar cuenta de las actividades realizadas, aunque afirmó que “sabe que se hizo porque recuerda haber visto a dos chicas trabajando en los centros socioculturales”. Sin embargo, con respecto a la factura de 63.000 euros que él firmó personalmente, acabó señalando que en realidad obedecía a otros servicios prestados por la empresa.
Según él, “proyectos pequeños que se iban contratando” y que se abonaron en esa misma factura. Y entre esos proyectos, aseguró que se incluían un “estudio sociológico sobre Malpaís”, “las pantallas para ver los partidos de la selección española en el Mundial”, “el Día del Emprendedor” o “el Día de Canarias”. Sin embargo, tanto en la factura como en la orden de pago, el concepto que figura es el de “Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los centros socioculturales de Arrecife”.
Lo que sí señaló el ex alcalde es que fue él quien “encargó personalmente” esos supuestos servicios a esta empresa. Además, admitió que “fue una decisión verbal” y que “no hay procedimiento de contratación”. Aunque según él, fueron “varios encargos a lo largo de 2010 y 2011” y esos 63.000 euros “no se pagaron por el proyecto solo”.
Ante esta afirmación, el ex alcalde también tuvo que responder si se trataba de un posible “fraccionamiento irregular” de facturas, para evitar los trámites de contratación establecidos, a lo que respondió que entendía que no.
En cuanto al “estudio sociológico” que aseguró que se pagaba dentro de esos 63.000 euros, el fiscal le preguntó si se trataba de una encuesta y Cándido Reguera confirmó que sí. Según su declaración, la empresa le dio una copia, en la que “aparece una empresa de Madrid, llamada Institutos Perfiles Canarios”. Respecto al dinero que costó esa encuesta, Reguera aseguró que lo desconoce.

Firmaba facturas “sin mirar el importe”

Aunque reconoció que fue él quien pidió esos supuestos servicios a Tunera y que lo hizo sin ningún procedimiento de contratación, Cándido Reguera intentó justificar la firma de esas facturas escudándose en el interventor, Carlos Sáenz, que también está imputado en la causa y continúa en prisión provisional.
En este sentido, aseguró que “al no poner reparos el interventor”, él “firmaba” las facturas “con carácter de dar el visto bueno, porque entiende que sí han pasado los cauces legales”. Además, a preguntas de su abogada, agregó que cuando firmaba facturas no era una sola, sino “un bloque”, y que “a veces no miraba el importe ni el concepto” y “firmaba sin más”.
Ni en la factura firmada por Reguera ni en las dos de Lorenzo Lemaur aparece la firma de la técnico del área, que asegura desconocer todo lo relativo al proyecto de Tunera. En la primera factura, junto a Cándido Reguera firma como técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de Turismo.
En las otras dos facturas, junto al nombre de Lemaur aparece el de Emilia Perdomo, que en esa época era miembro del grupo de gobierno, aunque la firma no se corresponde con la suya. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que aclarar después al Juzgado que quien realmente firmó esas facturas fue un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés, y que por “error” se agregó debajo el nombre de Emilia Perdomo.

“Política general” y “dinamización”

En el encabezamiento del proyecto presentado por Tunera al área de Barrios, la empresa lo definía como “un servicio externo para el desarrollo de actividades y proyectos a desarrollar, de forma directa o indirecta, por dicha Concejalía, dirigidos a la política general en materia de Barrios del Ayuntamiento, a la dinamización social y cultural de los mismos y, de forma específica, si bien no principal, de apoyo a la gestión y dinamización de los centros socioculturales del municipio”.
En las cláusulas, se establecía también que se presentarían memorias mensuales, para ir “evaluando las acciones” y “replanteando objetivos”. Sin embargo, no constan en el Ayuntamiento ni esas memorias mensuales, ni tampoco la memoria final del proyecto, en la que se debería haber dado cuenta de las acciones realizadas.
De hecho, la Fiscalía considera que esos servicios ni siquiera llegaron a prestarse: ni los que se pagaron con las dos facturas de Lemaur, ni los de los 63.000 euros autorizados previamente por Reguera, y adjuntados a ese mismo expediente.


Como vemos, y como siempre decimos en Lanzarote Corrupta, el tiempo pone a cada uno en su lugar, y vamos viendo poco a poco como podemos enorgullecernos de desenmascarar a los politicuchos corruptos que han gobernado o que siguen gobernando las instituciones públicas con sueldos que nosotros los ciudadanos les pagamos, lo que no les impide robar aún más dinero de nuestros impuestos con sus chachullos y sus trampeos.
Lorenzo Lemaur, Cándido Reguera, Miguel Ángel Leal o Tunera Producciones (propiedad del empresario corrupto Eduardo Ferrer, dueño también de Tecnosound o Covertura) son algunos de los nombre que aparecen en esta noticia. Toda una gama de corruptos que al final resultará ser la plantilla completa de todos los partidos de la isla, porque les podemos asegurar que actualmente ni uno sólo de los políticos que desempeña algún cargo público está libre de delitos de corrupción, prevaricación o malversación de caudales públicos. 
No se libra NADIE y nuestro objetivo es acabar con esta lacra que acabará destruyendo la pizca de libertad, derechos y bienestar que habíamos logrado tras la transición. 
Y lo que más odiamos y nos quema por dentro es que ninguno de estos arrastrados y babeantes personajes acabará entre rejas pagando por delitos de alta gravedad como estos, sino que pagaran una multa con una pequeña parte de lo robado y seguirán paseándose por la calle como si nada hubiera pasado. 

sábado, 16 de marzo de 2013

Dimas Martín, un preso con privilegios


 “Te voy a revelar un secreto que me tienes que prometer que no lo cuentas ni a tu mujer”. Con esta frase, Dimas Martín empezó a compartir con el entonces concejal del PIL en Arrecife, José Miguel Rodríguez, el gran secreto que guardaba en prisión, y que le permitía seguir comunicándose con el exterior. “Yo te mandaré un mensaje un día de estos y te diré que soy el invisible, para que me identifiques”, le explicaba en una carta.
En ese momento, julio de 2007, Dimas cumplía condena en el Centro Penitenciario de Tahíche, tras habérsele retirado el tercer grado, y José Miguel Rodríguez estaba estrenándose como cargo público. Tras las elecciones, PSOE y PIL gobernaban juntos en la capital y José Miguel Rodríguez, que ocupaba la Concejalía de Hacienda, empezó a comunicarse con Dimas Martín en prisión, a través de cartas en las que le pedía instrucciones para distintos temas.
Dimas Martín entrando en la cárcel.
“Ante todo, muchas gracias por tu carta y por acordarte de mí, no todos lo hacen”, señalaba Dimas en su respuesta a la primera carta de Rodríguez. Y a continuación, le empezaba a dar instrucciones para hacer esa comunicación más fluida.

Correo “exprés”

Lejos de las normas que rigen para el resto de los internos, Dimas le explicaba cómo le podían hacer llegar cartas en el día, a través de una auxiliar contratada en el Cabildo para el grupo PIL: “Ella me las hace llegar todos los días y el mismo día por la tarde tienes tu contestación, excepto en el mes de agosto, que el correo estará de vacaciones”, le adelantaba. “No obstante”, insistía Dimas, “ponte de acuerdo con ella, que creo que tienen otra alternativa”.
En ese escrito, quedan claros los hilos que podían mover dentro de la prisión, con personas que habrían ayudado al líder del PIL a burlar los controles que rigen para otros presos, haciéndole llegar cartas a diario. Pero además, confirma también otro extremo que trascendió poco después de su detención, y que desde el centro penitenciario habían negado: Dimas tenía acceso a un teléfono móvil en la cárcel.
“Todas las noches a partir de las 9:30 me puedes mandar mensajes que yo te los contesto, y alguna vez podríamos hablar”, le explicaba Dimas a José Miguel Rodríguez, tras desvelarle su secreto. El primer paso lo daría Dimas, mandándole un primer mensaje, bajo el apodo de “el invisible”, para que tuviera su número. “Mediante este método me puedes consultar lo más urgente y lo más complicado lo haces cuando hablemos o mediante carta, pero te repito el absoluto secreto de tema. Nunca des nombres, ni el tuyo ni el mío”.

Entregas en sitios “discretos”

Al margen de esta carta, también hay otros datos del sumario que apuntan a los privilegios de Dimas Martín en la prisión de Tahíche. Uno de los detenidos e imputados en la causa,Francisco Rodríguez Batllori, reconoció en su declaración que Dimas Martín le llamaba desde la cárcel y que tenía un móvil en prisión, y agregó que lo consideraba "increíble”.
Además, un testigo que trabajó para el PIL en campañas electorales y congresos y fue contratado como ordenanza del Cabildo, también dio detalles sobre este tema. Según declaró ante la UCO, poco después de que Dimas volviera a entrar en prisión, él recibió un “encargo de Matías Curbelo de contactar con un funcionario del Centro Penitenciario de Tahíche”. A través de él, debía hacer llegar a Dimas “correspondencia, periódicos y ocasionalmente algo de comida”.
Según detalló este testigo, se reunía con este funcionario de prisiones en su casa de Los Cocoteros “o en alguna cafetería cercana a Tahíche”, aunque esto le costó un reproche del líder del PIL. “Dimas Martín me llamó la atención por carta, diciendo que las entregas las debía hacer en sitios más discretos”, relató ante los agentes, afirmando que eso “le hizo empezar a sospechar de la posible ilegalidad del trabajo que le pedían”.

Estrecha relación con el director de la prisión

A todo esto hay que sumar, como ya había trascendido al levantarse la primera parte del secreto de sumario, la estrecha relación que mantenía Dimas Martín con el entonces director del Centro Penitenciario de Tahíche, Joaquín Herrera. En varias conversaciones telefónicas interceptadas por la UCO, Herrera hablaba con Dimas (que en ese momento disfrutaba del tercer grado) de los nuevos beneficios penitenciarios que iba a solicitar para él, como la pulsera que le permitiría dejar de ir también a dormir a prisión.
En esas conversaciones, a su vez, Dimas Martín le hablaba de la posibilidad de conseguirle un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife o en el Cabildo, ya que Herrera sabía que pronto iba a ser destituido como director de la prisión.
Durante esa etapa, la Junta de Tratamiento de Tahíche, de la que formaba parte el director,recomendó hasta en dos ocasiones otorgar el tercer grado a Dimas Martín (la primera cuando sólo había cumplido nueve meses de una condena de ocho años), pero las dos vecesesta medida fue después anulada por la Audiencia Provincial. Así, obligó a Dimas a regresar a prisión, al entender que no se daban las condiciones para que disfrutara de este beneficio penitenciario, entre otras cosas porque no había pagado la multa ni devuelto el dinero malversado en su gestión al frente del Complejo Agroindustrial.
Tras la Operación Unión, que desveló las presuntas actividades delictivas que Dimas Martín seguía dirigiendo, incluso desde la prisión de Tahíche, el líder del PIL fue trasladado a otro centro penitenciario de Canarias, y desde entonces sólo ha regresado a la isla para disfrutar de algún permiso, o para comparecer con motivo de una citación judicial.
Dimas Martín minutos antes de entrar en la prisión de Tahiche
Fuente: La Voz de Lanzarote

martes, 12 de marzo de 2013

¿Pelotazo, favor o capricho de San Ginés?


Dudas sobre la compra de una casa

Saúl García en DiariodeLanzarote.com

Los propietarios de la casa de Fermín Rodríguez, la familia Manrique de Lara, parece que pasan por problemas de liquidez. Ya intentaron vender el cortijo de Manguia al Cabildo hace unos años, a través de Segundo Rodríguez y Dimas Martín. El PIL hizo público su interés en una rueda de prensa en la que se les preguntó por los propietarios. “Eso es lo de menos”, dijo el entonces portavoz, Manuel Cabrera. Pues no era lo de menos.

Casa de Don Fermín, propiedad de María de los Ángeles Manrique de Lara

 Y no es lo de menos. El año pasado le ofrecieron la casa al Cabildo. Así lo dice el área de Patrimonio en un informe. Y parece lógico que Patrimonio sea favorable a su adquisición. Es una casa que, sin duda, merece pasar a formar parte del patrimonio público, al igual que otras, como El Cabrerón o la casa Curbelo Brito, en La Plazuela. Eso, a pesar de que algunos edificios que tienen la suerte de ser públicos están cerrados y sin uso.

 El área de Patrimonio considera que es idónea para el Museo de arqueología porque el Plan Insular (en revisión) dice que el Museo de arqueología debe ir en Arrecife y porque esta sería una buena solución, dada la falta de suelo, etc, etc. Bien. Es discutible que sea un buen emplazamiento, pero es posible. El tiempo lo dirá.

 El área de Patrimonio debe velar por el mantenimiento del patrimonio. Parece obvio. Así que lo raro es que dijera que no recomienda su compra por la situación económica o por otras razones ajenas. Lo que quiero decir es que la compra es una decisión política, como siempre. Avalada por los informes, sólo faltaría. Pero es una decisión política. Una prioridad.

 Lo que no sabíamos es que el Cabildo tenía como objetivo crear otro Centro Turístico en Arrecife, para dar un impulso, suponemos, a la economía de la capital, y que era una prioridad (¿vendría en el programa electoral?) dar un impulso a la creación del Museo arqueológico, que bienvenido sea.

 Y el proceso para la compra se acelera. ¿Quién tiene prisa, el Cabildo, que no tiene proyecto ni presupuesto para crear el Museo, una vez adquirido el inmueble, o la propiedad? El Cabildo reservó 1,1 millones para los próximos cuatro años pero la casa en realidad cuesta 1,6 y se va pagar en siete años. ¿Cómo va a pagarla? Pues piensa pedir un crédito de 5 millones (que probablemente no le den) entre otras cosas, para usar este año 420.000 euros para esta casa, pero como tiene prisa pues decide aumentar la cantidad e incluir ya mismo en el presupuesto una partida de 625.000 euros con dinero que no se gastó del vertedero de Zonzamas y que luego reintegrará una vez que le concedan el crédito.

 Ya ven. Cuando hay voluntad, las cosas salen adelante. Ya sólo falta que en alguna ocasión el impulso público no sea el reflejo de los intereses particulares y el día menos pensado esto arranca.

lunes, 11 de marzo de 2013

La Fiscalía pide que se anule la licencia del Puerto Deportivo Marina Rubicón dentro del juicio del caso “Yate”


La investigación del caso “Yate” puso sobre la mesa hace ya más de dos años la presunta ilegalidad del Puerto Deportivo Marina Rubicón y ahora, en el escrito definitivo de acusación,la Fiscalía ha solicitado que se anule la licencia que permitió construir esta infraestructura. Así, además de juzgarse los delitos de prevaricación urbanística que se imputan al ex alcalde y a dos técnicos de Yaiza por autorizar esa licencia, el juicio también podría servir para decretar la ilegalidad de este puerto.
Puerto Deportivo Marina Rubicón
A diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de las licencias investigadas en esta causa (que ya habían sido previamente anuladas por los tribunales en la vía contencioso-administrativa), Marina Rubicón sigue teniendo su licencia en vigor. Sin embargo, eso podría cambiar cuando el caso Yate llegue a juicio. “Procede decretar la nulidad de las licencias indebidamente concedidas”, sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito.
En agosto de 2010, en el marco del caso “Yate” (que empezó investigando la concesión masiva de licencias ilegales para hoteles en Playa Blanca), el fiscal Ignacio Stampa solicitó una copia del expediente administrativo que llevó al Ayuntamiento a autorizar las obras de Marina Rubicón. Y de la mano de ese expediente, se destapó una sorprendente cronología, de unas obras que comenzaron sin un solo permiso y que consiguieron licencia municipal sólo seis días después de pedirla, cuando el puerto estaba ya casi terminado.
Y todo ello, en medio de fuertes protestas sociales y ecologistas por esta obra; de órdenes judiciales de paralización de los trabajos; de denuncias de particulares que después las retiraron tras recibir dinero de los promotores del puerto (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas); y de querellas que se archivaron a petición del que entonces era fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés, que en 2008 fue enviado a un nuevo destino fuera de la isla.

Tres acusados

Ahora, el caso “Yate” ha reabierto este tema, al encontrar presuntos delitos contra la ordenación del territorio (en su modalidad de prevaricación urbanística) en la concesión de esta licencia. Sólo por este expediente, que es uno de los muchos que se han analizado en esta causa, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para José Francisco Reyesdos años de prisión y diez de inhabilitación para el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y dos años de prisión y diez de inhabilitación para el aparejador municipal Alfredo Morales.
José Francisco Reyes
En su escrito, la Fiscalía señala que Vicente Bartolomé Fuentes emitió un informe para el otorgamiento de esa licencia “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde”. En su informe, el secretario “omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo, por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión”.
Al día siguiente, el 20 de marzo de 2003, el aparejador Alfredo Morales emitió otro informe favorable, pese a que era “plenamente consciente de que la edificación invadía la zona de dominio público marítimo terrestre”, según el fiscal. Además, el informe se basaba en las ordenanzas de un Plan Parcial en el que realmente no se encontraba ese suelo y hacía referencia a un proyecto que “ni siquiera estaba aprobado por el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente”.
La Fiscalía sostiene el aparejador municipal también obvió “a sabiendas” que el Plan General de Yaiza en vigor no contemplaba la construcción de un puerto en esa zona y que tampoco se había declarado como Sistema General Insular en el PIOT, para lo que hubiera sido necesario hacer un estudio de impacto ambiental. “Aunque no había instrumento de ordenación del territorio que diera cobertura a un Sistema General Puerto Deportivo Marina del Rubicón”, Alfredo Morales “informó en sentido favorable, contribuyendo de manera decisiva al otorgamiento por el alcalde de la referida licencia, al afirmar en su informe que cumplía con las determinaciones del Plan”, sostiene el fiscal.

Una licencia para paralizar los procedimientos judiciales

El mismo día en que el técnico emitió ese informe, José Francisco Reyes concedió la licencia, según el fiscal, “obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable” y “sin contar con los informes técnicos o jurídicos previos exigidos”.
Cuando Reyes firmó esa licencia, el 20 de marzo de 2003, las obras del puerto ya estaban prácticamente terminadas. Sin embargo, ese permiso fue utilizado por los promotores de Marina Rubicón para presentarlo en los tribunales, que habían paralizado los trabajos precisamente por carecer de licencia.

Además, Juan Francisco Rosa firmó un contrato con el empresario que había denunciado las obras. En virtud de ese acuerdo, los promotores de Marina Rubicón le pagaron 1,8 millones de euros para que desistiera de los cinco pleitos contenciosos que había abierto, así como de otra causa penal contra Rafael Lasso por un presunto delito de desobediencia, al haber continuado las obras pese a la orden de paralización. Poco después, los Juzgados archivaron todas las causas que quedaban abiertas contra Marina Rubicón.
Juan Francisco Rosa
Sin embargo, a instancias ahora de la Fiscalía, la Justicia tendrá que pronunciarse finalmente sobre la posible ilegalidad de ese puerto, y también sobre los presuntos delitos que se cometieron al autorizar las obras.

La Fiscalía quiere abrir otro procedimiento penal sólo con las licencias concedidas por Reyes en el Plan Parcial Playa Blanca


José Francisco Reyes y las personas que intervinieron en la concesión de licencias ilegales en el Plan Parcial Playa Blanca podrían enfrentarse a un nuevo procedimiento penal. Así al menos lo ha solicitado la Fiscalía, en el mismo escrito en el que formula la acusación definitiva contra doce personas en el caso “Yate”.
Urbanizaciones sin licencias en Playa Blanca
Esa causa se inició a raíz de las licencias hoteleras concedidas por el ex alcalde de Yaiza en Playa Blanca, pero la investigación fue ampliándose y llegó a otros permisos ilegales otorgados por Reyes. Entre ellos, el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, por cuya aprobación están imputados el ex alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo.
Además del proyecto inicial para desarrollar ese Plan Parcial, que en realidad estaba extinguido y no podía autorizarse, posteriormente se fueron autorizando decenas de licencias para la construcción de unas 600 viviendas, que ni siquiera han llegado a analizarse en detalle dentro del caso “Yate”.
Por eso, dado el volumen que ha alcanzado esa investigación, con un escrito de acusación definitivo de casi 150 folios, la Fiscalía ha decidido separar las actuaciones que se habían realizado hasta el momento con respecto a esas licencias, concedidas entre los años 2004 y 2007, y abrir un nuevo procedimiento y una investigación específica por esos hechos.
Así, y aunque los presuntos delitos de prevaricación urbanística por la concesión del primer permiso para ese Plan Parcial (el del proyecto de urbanización) se juzgarán dentro del caso “Yate”, el resto de las licencias podrían dar lugar a una nueva acusación. Y con ello, podrían solicitarse nuevas penas para Reyes (para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel sólo por el caso “Yate”) y también para los técnicos municipales que informaron favorablemente esas licencias.
Por uno de esos permisos, concretamente el que Reyes concedió a su compañero de partido,Pedro de Armas, ya hay abierto un procedimiento penal en otro juzgado, concretamente en el de Primera Instancia Número 5. En esa causa, que se inició a raíz de una denuncia, están imputados José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por las licencias que concedieron a Pedro de Armas para construir viviendas en un plan parcial que realmente no existía.
Pedro de Armas, "El Cangrejo", implicado en varios casos de corrupción.
Al igual que este caso, hay decenas de permisos más que se otorgaron a distintos promotores dentro de ese Plan Parcial, y ahora la Fiscalía propone investigarlas todas juntas en una nueva causa. En el escrito de acusación del caso “Yate”, se citan hasta 24 licencias concedidas a distintas empresas en el Plan Parcial Playa Blanca, entre las que destacan las de Agueri, representada por Federico Díaz de Aguilar, y las de varios promotores vascos, como José Ramón Olaberría.

Presuntas estafas


Además del nuevo procedimiento penal que podría abrirse ahora, el Plan Parcial Playa Blanca tiene ya un largo recorrido en los tribunales. Por un lado, con los procesos contencioso-administrativos que declararon ilegales las licencias. Por otro, con las batallas judiciales que han tenido que emprender decenas de compradores de esas viviendas, que desconocían su situación cuando las adquirieron.
Muchos de ellos tuvieron que llevar a los promotores a los tribunales para conseguir que les devolvieran la señal que habían entregado al comprar las viviendas, que fueron declaradas ilegales antes de que las recibieran. Otros, decidieron también acudir a la vía penal, al sentir que habían sido víctimas de una estafa. Y es que sostienen que los promotores conocían la situación del plan parcial cuando estaban vendiendo las casas, y se lo ocultaron a los compradores.

viernes, 8 de marzo de 2013

Piden 25 años de cárcel para José Francisco Reyes


El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel dentro del caso Yate, que durante años ha investigado la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio. La Fiscalía presentó la pasada semana el escrito de acusación definitiva contra las doce personas que podrían ir a juicio en esta causa.

Reyes en el banquillo de los acusados
Junto a Reyes, están acusados su mujer y tres de sus hijos, en este caso por blanqueo de capitales, al haberse beneficiado del dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde a cambio de la concesión de licencias ilegales. La Fiscalía pide cinco años de prisión la mujer de Reyes y otros cinco para tres de sus hijos. Además, reclama una multa de casi 9 millones de euros para la familia de Reyes (6 millones debería abonarlos el ex alcalde y el resto, en distintas cuantías, su mujer y sus tres hijos).
Además, también pide que sean decomisados distintos bienes de la familia, entre los que se incluyen una vivienda en La Laguna y otra en Barcelona, con sus respectivas plazas de garaje, la embarcación "El Pachi", cinco vehículos, dinero de diez cuentas corrientes y hasta mobiliario y electrodomésticos que adquirieron con dinero en efectivo y de procedencia desconocida, incluyendo efectos de decoración, material náutico, distintos muebles y hasta un spa.

Prisión e inhabilitación para tres técnicos

Junto a Reyes y su familia, también están acusados tres técnicos municipales. La acusación más grave pesa sobre el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que la Fiscalía pide 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación. A él se suma el aparejador municipal Alfredo Morales, para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación por prevaricación urbanística, en relación al informe que emitió para conceder la licencia al puerto Deportivo Marina Rubicón.
El tercer técnico acusado es el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, para quien no se pide cárcel sino inhabilitación, por tiempo de diez años. En su caso, su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.

Otros cuatro acusados

Junto al ex alcalde, sus familiares y tres técnicos de Yaiza, la Fiscalía ha formulado acusación contra otras cuatro personas: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Para ellos, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel.
Los otros dos, según la Fiscalía, pertenecían al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, pese a que "conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Presuntamente, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Ambos se enfrentan a una petición de 3 años de cárcel.

La acusación

El escrito que se ha hecho público este viernes, y que está firmado por el fiscal decano de medioambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal asignado a la sección de medio ambiente en Lanzarote, Ignacio Stampa, que instruyó la causa desde su inicio, tiene dos partes claramente diferenciadas.
José Francisco Reyes y su mujer, también acusada.
Por un lado, se formula acusación por delitos de prevaricación urbanística consistentes en la concesión de licencias de construcción de establecimientos hoteleros entre los años 1998 y 2003. Por otro, se imputan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental, “relacionadas fundamentalmente con incrementos patrimoniales no justificados y encubrimiento de los mismos a través de personas o sociedades interpuestas”, según subraya la Fiscalía.

Fuente: La Voz de Lanzarote


jueves, 7 de marzo de 2013

Nuestra agua, al mejor postor


Finalmente serán tres empresas las que concursen para quedarse con el agua pública de Lanzarote durante 25 años. En los próximos 30 días se negociará la gestión del servicio público con cada una de ellas. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que desembolsar 50 millones de euros para cubrir la deuda generada y 15 millones más para la mejora de las infraestructuras.
Las transnacionales francesas Suez Environnement y Saur, y la empresa Canal de Isabel II Gestión, serán las que finalmente opten a quedarse con los beneficios del agua pública de la isla. En un principio eran cinco las empresas invitadas por el Consorcio Insular de Aguas, pero Acciona y FCC optaron por retirarse de la puja.

El proceso
La Mesa de Contratación será la encargada de recepcionar, en primer lugar, las ofertas presentadas por las empresas, las remitirá posteriormente a la Asamblea del Consorcio, cuya función es la de establecer los criterios de negociación que deberá seguir la Comisión Negociadora.
Finalmente, la Comisión Negociadora propondrá a la Mesa de Contratación la mejor oferta, la cual será trasladada a la Asamblea del Consorcio, encargada de tomar la decisión final de venta. En caso de que no haya una oferta interesante, el concurso volverá a declararse desierto.

Quién es quién
La Mesa de Contratación es un órgano formado por el presidente del Consorcio Insular de Aguas y a la vez presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el Secretario y el Interventor del Cabildo, el Gerente del Consorcio, tres vocales y una secretaria, los miembros de la Asamblea del Consorcio y el Comité de Empresa de Inalsa. Cabe recordar que, tanto los grupos políticos del PP, PIL, Alternativa Ciudadana y Vecinos Unidos, como la Mesa Social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua, no aceptaron participar en esta Mesa.
La Comisión Negociadora, formada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña y la de San Bartolomé, Dolores Corujo, será la encargada de reunirse con las empresas y negociar las condiciones de la venta.
La Asamblea del Consorcio, formada por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés y los siete alcaldes de la isla, fue la que decidió por mayoria, con la abstención del alcalde de Tías, José Francisco Hernández (PP), optar por el procedimiento negociado para la adjudicación a una empresa privada la gestión del agua pública de Lanzarote.

Las empresas
Gestagua es el nombre comercial bajo el que opera el grupo Saur, gestionado por el consorcio de empresas francesas AXA, Seche Environnement y Caisse des dépôts et consignations. Tiene el 33% de Emalsa, encargada de la gestión de aguas en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Sacyr-Vallehermoso (Repsol) y el Ayuntamiento de la ciudad.





Canaragua empresa gestionada por la Corporación Canaria de Negocios, s.a y Aguas de Barcelona (AGBAR). Agbar pertenece a Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, s.a (HISUSA), sociedad entre el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
Suez ha conseguido recientemente la adjudicación de contratos, por 40 millones de euros, para la construcción de plantas de tratamiento de agua en cuatro ciudades africanas, por medio de su filial Degrémont. Mientras que AGBAR ha sido denunciada, el pasado mes de febrero, ante la Fiscalía Anticorrupción por la Plataforma ‘Aigua és vida’, por presuntos delitos en la prestación de servicios sin contrato.

Canal de Isabel II Gestión es la empresa encargada de gestionar los servicios de agua en la Comunidad de Madrid. A través de empresas pertenecientes al grupo, actúa tanto en España como en varios países de Latinoamérica.
Esta empresa fue creada como sociedad anónima 100% pública, después de que la fuerte presión social lograra paralizar temporalmente el proceso de privatización del Canal de Isabel II por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embrago, Plataforma contra la Privatización del Canal, sigue denunciando la opacidad en el proceso de formación de la empresa y considera que la intención final es privatizarla.




Anulación de la Asamblea del Consorcio
Vecinos Unidos por Lanzarote y la Confederación Vecinal Independiente de Canarias (COVEINCA) solicitaron, en enero de 2013, que la Asamblea del Consorcio fuese declarada nula de Pleno Derecho, por entender que ninguno de sus componentes estaba legitimado para tomar la decisión sobre el procedimiento de privatización.
Consideran que la decisión debía ser de las corporaciones y no de los alcaldes en particular, quienes tendrían que haberla llevada a pleno y consultar con el resto de las formaciones municipales. Siendo que la mayor parte del los alcaldes son del mismo signo político que los gestores del Cabildo (CC y PSOE) y que, con sus votos, podrían perjudicar los intereses de los Ayuntamientos, en beneficio de sus compañeros de partido.
Así mismo, recuerdan que el alcalde de Haría, José Torres Stingaes uno de los gestores de Inalsa sobre el que pesa el embargo preventivo de sus bienes, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas. Por lo que entienden que su voto en la Asamblea debería ser considerado nulo, máxime cuando ni siquiera contó con el apoyo del Pleno de Haría.

Fuente: Lanzarote Sostenible

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