miércoles, 31 de julio de 2013

Repsol expone a información pública el Estudio de Impacto Ambiental realizado para las prospecciones en Canarias

El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un expediente que supera el millar de páginas”.
El anuncio oficial del Ministerio de Industria para la apertura de este plazo de consulta en Gran Canaria se publica hoy 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-B-2013-29831.pdf), tal y como se anunció en un acto del Partido Popular desde hace ya unas semanas.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones, sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la paralización del proyecto”.
El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750, 3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de Repsol”.


El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un expediente que supera el millar de páginas”.
El anuncio oficial del Ministerio de Industria para la apertura de este plazo de consulta en Gran Canaria se publica hoy 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-B-2013-29831.pdf), tal y como se anunció en un acto del Partido Popular desde hace ya unas semanas.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones, sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la paralización del proyecto”.
El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750, 3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de Repsol”.

El Ministerio de Industria del Gobierno de España obliga a la ciudadanía, a las instituciones privadas y públicas de Lanzarote, Fuerteventura, o de cualquier otra isla canaria, a desplazarse físicamente a Las Palmas Gran Canaria para consultar en la Delegación del Gobierno el Estudio de Impacto Ambiental que desde hoy se expone a información pública.
De este modo, se vuelve a poner en evidencia que la imposición de las explotaciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura constituye no sólo una amenaza real para la conservación del territorio y para el sector turístico, sino un despropósito sistemático por las formas y la actitud con que se trata a la población canaria y a sus instituciones. El último ejemplo es precisamente la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que Repsol ha realizado en el área de las prospecciones frente a las islas orientales, que ha salido hoy miércoles 31 de julio a la luz pública para que las instituciones y la ciudadanía pueda conocer los datos que la petrolera tiene sobre los impactos que sus perforaciones podrían generar en el medio natural de las islas. El subsecretario de Energía e Industria del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, sugirió hace dos meses en Fuerteventura que el estudio de impacto estaría disponible probablemente a la vuelta del verano y de las vacaciones, cuando en realidad lo han anunciado el último día de julio, es decir, haciendo coincidir el periodo de alegaciones con el mes de agosto.
Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es intolerable y una nueva falta de respeto a la población canaria que el Estado Español no facilite este Estudio en las islas que están más afectadas por este proyecto petrolífero, porque obliga a sus habitantes y representantes a desplazarse a Las Palmas, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para poder leer un expediente que supera el millar de páginas”.
El anuncio oficial del Ministerio de Industria para la apertura de este plazo de consulta en Gran Canaria se publica hoy 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-B-2013-29831.pdf), tal y como se anunció en un acto del Partido Popular desde hace ya unas semanas.
El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión de este proceso hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones petrolíferas representan una amenaza ambiental no sólo para estas islas vecinas, sino para todo el conjunto del archipiélago. Tanto el Cabildo lanzaroteño como el majorero, han remitido esta mañana un escrito a la Delegación de Gobierno en Canarias pidiendo de forma urgente el acceso de esta información para toda la ciudadanía, a través de internet y de documento impresos en todas las islas. Ambos Cabildos exigen transparencia y facilidades mínimas para poder continuar trabajando en la defensa del territorio canario contra un proyecto sistemáticamente rechazado por numerosas administraciones, sectores empresariales y científicos, a causa de su alto nivel de riesgo.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que "los defensores del proyecto petrolífero hablan mucho de transparencia, de que las cosas se harían bien y de que el proceso administrativo por el que nos pretenden imponer las prospecciones sería respetuoso con las lógicas preocupaciones de cientos de miles de personas que ven en este asunto una futura ruina de nuestro turismo y de nuestro medio natural. Y ahora, un día después de conocer que, para Repsol, la zona donde pretende perforar sólo alberga tres merluzas y un tiburón, nos obligan a los lanzaroteños y majoreros a viajar a Las Palmas para ver un documento que puede determinar la paralización del proyecto”.

El escueto anuncio que hoy publica el BOE siguiendo las indicaciones dadas por altos cargos del PP, reconoce explícitamente las autorizaciones para perforar en seis emplazamientos distintos con unas profundidades de 2.750, 3.500 (2 pozos), 3.650, 6370 y hasta 6.800 metros de profundidad total. A este respecto, el presidente de la primera corporación insular explicó que "el Cabildo de Lanzarote no sólo presentará alegaciones elaborando un documento por parte de un equipo que lleva meses articulándose precisamente para este momento, sino que pondrá a disposición de toda la sociedad insular estas alegaciones para facilitar que los ciudadanos, los colectivos, las empresas y los ayuntamientos puedan suscribirlas y multiplicar así el número de alegaciones de rechazo a esta intolerable imposición del Gobierno español y de Repsol”.

Fuente: Nota de prensa del Cabildo de Lanzarote.

miércoles, 24 de julio de 2013

Los imputados en la causa penal contra Stratvs ascienden ya a 18 personas

La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs, del empresario Juan Francisco Rosa,alcanza ya los 18 imputados, cuatro de los cuales tendrán que declarar este mismo miércoles en los Juzgados de Arrecife. Esta causa va creciendo y entre las nuevas imputaciones, hay tres que afectan al Ayuntamiento de Yaiza.
Vista aérea de la bodega Stratvs.
En concreto, han sido llamados a declarar en calidad de imputados el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, un técnico y el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes. También ha sido imputado un técnico del Cabildo insular de Lanzarote. Antonio Lorenzo tendrá que declarar este miércoles a las 13.00 horas en los Juzgados de Arrecife. Previamente, declararán Vicente Bartolomé Fuentes y los dos técnicos imputados.
En esta causa están imputados técnicos y políticos que participaron en la concesión de los permisos al empresario Juan Francisco Rosa para realizar una obra que el Juzgado considera que nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido y, además, ni siquiera se ajustó a lo que establecía la licencia.
Las últimas imputaciones que se conocieron afectaban a los ediles que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno, como la propia alcaldesa, Gladys Acuña, o los concejales Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García. Todos ellos participaron en la concesión de la licencia de actividad a la bodega en el año 2008, cuando ya llevaba varios meses funcionando. Según la investigación, lo hicieron amparándose en un informe técnico favorable (firmado por el técnico que también ha sido imputado), pero sin contar con un informe jurídico.
Las imputaciones por la construcción de la bodega Stratvs han llegado también a técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, ya que el Ejecutivo regional también concedió a Juan Francisco Rosa la autorización para construir en suelo rústico (el equivalente a la actual calificación territorial).
Por este motivo ya declararon como imputados hace unos días el que era director de Política Territorial, Juan César Muñoz, así como Armando Vilacencio y el aparejador Rafael Pérez. Además, también declaró como imputado el que fuera jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez.
Este martes, una comisión judicial inspeccionó la bodega y realizó varias catas geológicas para saber qué había bajo la construcción. También se trasladaron hasta esta instalación técnicos del Cabildo y agentes del Seprona.

José Domingo Hernández renuncia a su cargo como personal de confianza del Ayuntamiento de Arrecife


El histórico militante socialista, José Domingo Hernández, presentará a primera hora del miércolessu dimisión como personal de libre designación de la Alcaldía capitalina. La decisión responde a la denuncia en Fiscalía de su vinculación mercantil con la administración local, con la que ha contratado servicios de dinamización del mercadillo turístico y artesanal y provisión de actuaciones musicales.
“Pese a mi convicción de inocencia, demostrada por la transparencia con la que he mantenido siempre la relación empresarial con el Ayuntamiento, no deseo que esta situación afecte a la gestión municipal o a la imagen pública de mis compañeros y compañeras del PSOE de Arrecife”, ha manifestado.
Hernández recuerda que, como es sobradamente conocido, su empresa ha sido contratada por los siete ayuntamientos de la isla y por el Cabildo de Lanzarote en diversas ocasiones.
A su juicio, las acusaciones son "infundadas y responden a un montaje perverso e interesado" . “Confío en que las investigaciones demuestren mi total inocencia”, añade.
Hernández critica, ademñas, "la maldad de los denunciantes, que dan a entender que me he embolsado esas cantidades, cuando en realidad hay que descontar innumerables gastos derivados de la organización de los conciertos, los cachés de los artistas, o los impuestos, tal y como debe saber muy bien la empresaria denunciante".

"Llegó a pedirme que contratara a la parranda de un familiar"

El socialista expresa su extrañeza ante la denuncia “porque Alternativa Ciudadana tenía total conocimiento de mis actividades mercantiles durante los meses en que formaron parte del grupo de Gobierno”. “Tanto es así que el denunciante llegó a pedirme que contratara a la parranda de un familiar directo”, afirma.
Según recuerda el socialista, “han sido varios los grupos de Gobierno, de distinto color político, que han contratado servicios a mi empresa, los cuales he prestado bajo el control de los técnicos municipales”.
Por su parte, la dirección del PSOE de Lanzarote no alberga dudas de que “esta denuncia quedará en papel mojado” y ha valorado muy positivamente "la generosidad" del compañero, al apartarse del Ayuntamiento de Arrecife hasta que se aclaren las circunstancias del caso.
La secretaria general de los Socialistas, María Dolores Corujo, y su homólogo local de Arrecife, José Montelongo, han destacado "el enorme trabajo desplegado" por José Domingo Hernández, “tanto en el ámbito orgánico del partido como en su calidad de trabajador eventual de la concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento capitalino”.


Una comisión judicial vuelve a Stratvs para realizar una prueba geológica sobre el terreno

Una comisión judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, junto con técnicos del Cabildo y agentes del Seprona han acudido este martes a las 10.00 horas a la bodega Stratvs para realizar una cata, es decir, una prueba geológica sobre el terreno para verificar qué hay debajo de esta construcción.
La providencia de la juez Silvia Muñoz es de 18 de julio de 2013 y en ella fija este martes para realizar esta cata acordada en una resolución el 18 de junio. La resolución le ha sido notificada al propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, para que pueda facilitar el acceso de los técnicos del Cabildo, de miembros del Seprona y de la comisión judicial a estas instalaciones, ubicadas en La Geria.
Los técnicos han bajado de un furgón varias herramientas, como un motor eléctrico, una radial o un taladro. Así se han acercado hasta la fachada de la bodega para realizar el primer agujero, la primera cata en la pared. Posteriormente, han vuelto a hacer otra inspección geológica.
En febrero, otra comisión judicial, la juez y el fiscal así como cinco peritos y tres agentes del Seprona se desplazaron hasta la bodega Stratvs para realizar una inspección ocular de las instalaciones y para determinar así las presuntas ilegalidades cometidas en su construcción.
La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs suma ya 13 imputados, entre los que se incluyen políticos y técnicos que participaron en la concesión de los permisos a Juan Francisco Rosa. El Juzgado considera que esta obra nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido y además ni siquiera se ajustó a lo que establecía la licencia.
Recientemente, el 6 de junio, el empresario Juan Francisco Rosa tuvo que regresar a los Juzgados de Arrecife para declarar como imputado por la presunta ilegalidad de la bodega. Ese mismo día estaban citados el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

martes, 23 de julio de 2013

AC denuncia a 9 políticos y trabajadores de Arrecife por el pago de 560.000 euros a las empresas del asesor José Domingo Hernández

Los concejales de Alternativa Ciudadana (AC) en Arrecife, Blanca Blancas y Domingo García, han desvelado este martes el contenido de una denuncia registrada en Fiscalía contra nueve políticos y trabajadores del Ayuntamiento por el pago de más de 560.000 euros a las empresas de José Domingo Hernández, un asesor del grupo de gobierno (CC y PSOE).

Blanca Blancas, concejal de AC25M en Arrecife, en la rueda de prensa.
En la denuncia presentada en Fiscalía, Alternativa considera que se han cometido un total de seis delitos: prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, negociación y actividades prohibidas a funcionario público y también omisión del deber de perseguir delitos

La denuncia no sólo incluye a Hernández sino a políticos y técnicos del Ayuntamiento que autorizaron los pagos al asesor y sus empresas, y abarca los grupos de gobierno de Enrique Pérez Parrilla, Cándido Reguera y Manuel Fajardo Feo, según dieron a entender los ediles de AC, que omitieron los nombres de los denunciados hasta que actúe la Fiscalía.

Los concejales de AC aseguraron que Hernández “creó con la única finalidad de contratar con el Ayuntamiento de Arrecife” las empresas Musilan Producciones y Producciones Calarasi, y que “en nombre propio y el de sus empresas se dedicó a facturar al Ayuntamiento por espectáculos callejeros, musicales y de electricidad”.
En la denuncia se destaca que los servicios se adjudicaron “en la mayoría de las ocasiones” con contratos verbales, “expresamente prohibidos por ley”, llevándose a cabo el pago de las facturas “sin ningún tipo de control previo por los órganos fiscalizadores del Ayuntamiento”.
“La extrema gravedad de esta situación la aumenta el hecho de que durante un tiempo” del periodo denunciando, que se remonta a 2006 hasta prácticamente la actualidad, Hernández “era a su vez, trabajador público con contrato de personal eventual de confianza” por lo que, según la denuncia, estaba sujeto a “incompatibilidad” para contratar con el Ayuntamiento.

Investigación de años
Tras recabar facturas en los últimos meses, Alternativa asegura que entre 2006 y 2009, a través de Musilan Producciones, facturó 323.095 euros por la contratación de actividades artísticas o festivas. En 2010, cuando se pone en marcha el mercado turístico municipal, que se celebraba los sábados, pasa a facturar con Producciones Calarasi y en nombre propio.
Todo ello, según Alternativa, “sin mediar ningún tipo de concurso público ni de contrato hasta que en febrero de 2011 se firma uno de cuantía menor, que se renueva en junio. “Estas actividades supusieron para el Ayuntamiento un coste total de 135.859 euros”, destaca Alternativa.
A los ediles de AC le “llama la atención” una factura de 8.400 euros, de enero de 2011, por “alquiler de motivos luminosos navideños” a pesar de que “esta empresa nada tenía que ver con temas eléctricos” por lo que “no se sabe si este trabajo se realizó”.

“Enmascarar” vínculos
La portavoz de Alternativa destacó que la segunda empresa con la que se facturó al Ayuntamiento, Producciones Calarasi, fue creada en marzo de 2010 por José Domingo Hernández, nombrándose en octubre de ese año administradora a “su pareja sentimental” para “enmascarar” sus vínculos con la sociedad, “interponiendo” a otra persona.

“Conocimiento y colaboración”
Para Alternativa, los responsables municipales de los últimos gobiernos “han estado consintiendo que esta relación comercial perdurara” y no sólo han tenido “conocimiento” de lo que ahora denuncian sino que han “colaborado”. “A la que vez que firmaban su contratación como empleado público de confianza, le adjudicaban distintos servicios para el Ayuntamiento”, resaltó Blanca.

Ejemplos de facturas

01. PARRANDAS. Los ediles de AC detallaron que, en febrero de 2013, se pasó una factura de más de 5.000 euros por actuaciones de parrandas en el mercado turístico. Cada fin de semana calcula que podía llegar a generar “unos 7.000 u 8.000 euros” entre “parrandas, hinchables y burritos”.

02. CHAYANNE. En rueda de prensa, los concejales de Alternativa Ciudadana pusieron como ejemplo otra factura que se pasó al Ayuntamiento de Arrecife por la compra de entradas para un concierto de Chayanne en el campo de fútbol de Altavista producido por Calarasi de más de 7.000 euros.


03. CLAVE DE JA. Alternativa también destacó que en 2008 el Ayuntamiento capitalino abonó una factura de unos 10.000 euros por un espectáculo en el que se cobraba entrada de ‘En clave de Ja'. “Preguntas en el Ayuntamiento y nadie sabe nada o dicen que no fue en su época”, expone AC.

sábado, 13 de julio de 2013

Gladys Acuña y dos concejales de Yaiza declaran como imputados en la causa por la bodega Stratvs

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Gladys Acuña a su llegada a los juzgados

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha acudido este viernes a declarar como imputada en la causa penal abierta por la construcción de la bodega Stratvs. Junto a ella, estaban citados otros tres concejales que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno del Consistorio, durante el pacto entre el PIL y CC, cuando se concedió la licencia de apertura a esta bodega.
Tras Acuña, sobre las 12 horas han llegado a los Juzgados los concejales Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García. García ha sido el segundo en declarar y ha abandonado los Juzgados sobre las 13:30 horas.
En cuanto al cuarto citado este viernes, Leonardo Rodríguez, finalmente no ha prestado declaración. Al parecer, el edil de CC presentó un recurso contra su imputación y se ha negado a declarar hasta que se resuelva.
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Los ediles Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García han llegado juntos a los Juzgados.
La alcaldesa y los tres concejales están imputados por presuntos delitos de prevaricación urbanística. Según la investigación, concedieron la licencia de apertura de la bodega pese a que no había un informe jurídico que lo avalara. Lo que sí había era un informe técnico favorable, elaborado por el técnico municipal Andrés Morales, que también ha sido imputado en la causa.

Declaración de los técnicos

Las declaraciones de este viernes se suman a las que habían tenido lugar el día anterior, cuando estaban citados varios técnicos. Además de Morales, en la causa está imputado el hasta ahora aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, sobre el que ya pesan dos condenas (una de ellas firme) por otros procedimientos judiciales.
Este jueves también acudieron a los Juzgados varios técnicos del Cabildo de Lanzarote, que declararon en calidad de testigos. En base a los informes periciales, tanto la Fiscalía como la juez instructora consideran que la construcción de la bodega nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido, y que además la obra ni siquiera se ajustó a lo que se establecía en la licencia.

Trece imputados

En total, la causa cuenta hasta el momento con trece imputados, entre los que se encuentra el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, el arquitecto del proyecto, Miguel Ángel Armas Matallana, y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que concedió la primera licencia para la construcción.
Además, las imputaciones han llegado también a técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, ya que el Ejecutivo regional también concedió a Juan Francisco Rosa la autorización para construir en suelo rústico (el equivalente a la actual calificación territorial).
Por este motivo ya declararon como imputados el que era director de Política Territorial, Juan César Muñoz, así como Armando Vilacencio y el aparejador Rafael Pérez. Además, también declaró como imputado el que fuera jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez.


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