¿Pelotazo, favor o capricho de San Ginés?

Dudas sobre la compra de una casa

Saúl García en DiariodeLanzarote.com

Los propietarios de la casa de Fermín Rodríguez, la familia Manrique de Lara, parece que pasan por problemas de liquidez. Ya intentaron vender el cortijo de Manguia al Cabildo hace unos años, a través de Segundo Rodríguez y Dimas Martín. El PIL hizo público su interés en una rueda de prensa en la que se les preguntó por los propietarios. “Eso es lo de menos”, dijo el entonces portavoz, Manuel Cabrera. Pues no era lo de menos.

Casa de Don Fermín, propiedad de María de los Ángeles Manrique de Lara

 Y no es lo de menos. El año pasado le ofrecieron la casa al Cabildo. Así lo dice el área de Patrimonio en un informe. Y parece lógico que Patrimonio sea favorable a su adquisición. Es una casa que, sin duda, merece pasar a formar parte del patrimonio público, al igual que otras, como El Cabrerón o la casa Curbelo Brito, en La Plazuela. Eso, a pesar de que algunos edificios que tienen la suerte de ser públicos están cerrados y sin uso.

 El área de Patrimonio considera que es idónea para el Museo de arqueología porque el Plan Insular (en revisión) dice que el Museo de arqueología debe ir en Arrecife y porque esta sería una buena solución, dada la falta de suelo, etc, etc. Bien. Es discutible que sea un buen emplazamiento, pero es posible. El tiempo lo dirá.

 El área de Patrimonio debe velar por el mantenimiento del patrimonio. Parece obvio. Así que lo raro es que dijera que no recomienda su compra por la situación económica o por otras razones ajenas. Lo que quiero decir es que la compra es una decisión política, como siempre. Avalada por los informes, sólo faltaría. Pero es una decisión política. Una prioridad.

 Lo que no sabíamos es que el Cabildo tenía como objetivo crear otro Centro Turístico en Arrecife, para dar un impulso, suponemos, a la economía de la capital, y que era una prioridad (¿vendría en el programa electoral?) dar un impulso a la creación del Museo arqueológico, que bienvenido sea.

 Y el proceso para la compra se acelera. ¿Quién tiene prisa, el Cabildo, que no tiene proyecto ni presupuesto para crear el Museo, una vez adquirido el inmueble, o la propiedad? El Cabildo reservó 1,1 millones para los próximos cuatro años pero la casa en realidad cuesta 1,6 y se va pagar en siete años. ¿Cómo va a pagarla? Pues piensa pedir un crédito de 5 millones (que probablemente no le den) entre otras cosas, para usar este año 420.000 euros para esta casa, pero como tiene prisa pues decide aumentar la cantidad e incluir ya mismo en el presupuesto una partida de 625.000 euros con dinero que no se gastó del vertedero de Zonzamas y que luego reintegrará una vez que le concedan el crédito.

 Ya ven. Cuando hay voluntad, las cosas salen adelante. Ya sólo falta que en alguna ocasión el impulso público no sea el reflejo de los intereses particulares y el día menos pensado esto arranca.

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La Fiscalía pide que se anule la licencia del Puerto Deportivo Marina Rubicón dentro del juicio del caso “Yate”

La investigación del caso “Yate” puso sobre la mesa hace ya más de dos años la presunta ilegalidad del Puerto Deportivo Marina Rubicón y ahora, en el escrito definitivo de acusación,la Fiscalía ha solicitado que se anule la licencia que permitió construir esta infraestructura. Así, además de juzgarse los delitos de prevaricación urbanística que se imputan al ex alcalde y a dos técnicos de Yaiza por autorizar esa licencia, el juicio también podría servir para decretar la ilegalidad de este puerto.

Puerto Deportivo Marina Rubicón

A diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de las licencias investigadas en esta causa (que ya habían sido previamente anuladas por los tribunales en la vía contencioso-administrativa), Marina Rubicón sigue teniendo su licencia en vigor. Sin embargo, eso podría cambiar cuando el caso Yate llegue a juicio. “Procede decretar la nulidad de las licencias indebidamente concedidas”, sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente en su escrito.

En agosto de 2010, en el marco del caso “Yate” (que empezó investigando la concesión masiva de licencias ilegales para hoteles en Playa Blanca), el fiscal Ignacio Stampa solicitó una copia del expediente administrativo que llevó al Ayuntamiento a autorizar las obras de Marina Rubicón. Y de la mano de ese expediente, se destapó una sorprendente cronología, de unas obras que comenzaron sin un solo permiso y que consiguieron licencia municipal sólo seis días después de pedirla, cuando el puerto estaba ya casi terminado.

Y todo ello, en medio de fuertes protestas sociales y ecologistas por esta obra; de órdenes judiciales de paralización de los trabajos; de denuncias de particulares que después las retiraron tras recibir dinero de los promotores del puerto (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas); y de querellas que se archivaron a petición del que entonces era fiscal coordinador en Lanzarote, Miguel Pallarés, que en 2008 fue enviado a un nuevo destino fuera de la isla.

Tres acusados

Ahora, el caso “Yate” ha reabierto este tema, al encontrar presuntos delitos contra la ordenación del territorio (en su modalidad de prevaricación urbanística) en la concesión de esta licencia. Sólo por este expediente, que es uno de los muchos que se han analizado en esta causa, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para José Francisco Reyes, dos años de prisión y diez de inhabilitación para el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y dos años de prisión y diez de inhabilitación para el aparejador municipal Alfredo Morales.

José Francisco Reyes

En su escrito, la Fiscalía señala que Vicente Bartolomé Fuentes emitió un informe para el otorgamiento de esa licencia “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final del decreto de concesión de licencia por el alcalde”. En su informe, el secretario “omitió deliberadamente aspectos esenciales que imposibilitaban la aprobación de la licencia de construcción de obras para la edificación del puerto deportivo, por cuanto le constaba que era exigible el informe previo del Cabildo sobre la compatibilidad con el Plan Insular y su Revisión”.

Al día siguiente, el 20 de marzo de 2003, el aparejador Alfredo Morales emitió otro informe favorable, pese a que era “plenamente consciente de que la edificación invadía la zona de dominio público marítimo terrestre”, según el fiscal. Además, el informe se basaba en las ordenanzas de un Plan Parcial en el que realmente no se encontraba ese suelo y hacía referencia a un proyecto que “ni siquiera estaba aprobado por el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas ni por la Viceconsejería de Medio Ambiente”.

La Fiscalía sostiene el aparejador municipal también obvió “a sabiendas” que el Plan General de Yaiza en vigor no contemplaba la construcción de un puerto en esa zona y que tampoco se había declarado como Sistema General Insular en el PIOT, para lo que hubiera sido necesario hacer un estudio de impacto ambiental. “Aunque no había instrumento de ordenación del territorio que diera cobertura a un Sistema General Puerto Deportivo Marina del Rubicón”, Alfredo Morales “informó en sentido favorable, contribuyendo de manera decisiva al otorgamiento por el alcalde de la referida licencia, al afirmar en su informe que cumplía con las determinaciones del Plan”, sostiene el fiscal.

Una licencia para paralizar los procedimientos judiciales

El mismo día en que el técnico emitió ese informe, José Francisco Reyes concedió la licencia, según el fiscal, “obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable” y “sin contar con los informes técnicos o jurídicos previos exigidos”.

Cuando Reyes firmó esa licencia, el 20 de marzo de 2003, las obras del puerto ya estaban prácticamente terminadas. Sin embargo, ese permiso fue utilizado por los promotores de Marina Rubicón para presentarlo en los tribunales, que habían paralizado los trabajos precisamente por carecer de licencia.

Además, Juan Francisco Rosa firmó un contrato con el empresario que había denunciado las obras. En virtud de ese acuerdo, los promotores de Marina Rubicón le pagaron 1,8 millones de euros para que desistiera de los cinco pleitos contenciosos que había abierto, así como de otra causa penal contra Rafael Lasso por un presunto delito de desobediencia, al haber continuado las obras pese a la orden de paralización. Poco después, los Juzgados archivaron todas las causas que quedaban abiertas contra Marina Rubicón.

Juan Francisco Rosa

Sin embargo, a instancias ahora de la Fiscalía, la Justicia tendrá que pronunciarse finalmente sobre la posible ilegalidad de ese puerto, y también sobre los presuntos delitos que se cometieron al autorizar las obras.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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La Fiscalía quiere abrir otro procedimiento penal sólo con las licencias concedidas por Reyes en el Plan Parcial Playa Blanca

José Francisco Reyes y las personas que intervinieron en la concesión de licencias ilegales en el Plan Parcial Playa Blanca podrían enfrentarse a un nuevo procedimiento penal. Así al menos lo ha solicitado la Fiscalía, en el mismo escrito en el que formula la acusación definitiva contra doce personas en el caso “Yate”.

Urbanizaciones sin licencias en Playa Blanca

Esa causa se inició a raíz de las licencias hoteleras concedidas por el ex alcalde de Yaiza en Playa Blanca, pero la investigación fue ampliándose y llegó a otros permisos ilegales otorgados por Reyes. Entre ellos, el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, por cuya aprobación están imputados el ex alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo.

Además del proyecto inicial para desarrollar ese Plan Parcial, que en realidad estaba extinguido y no podía autorizarse, posteriormente se fueron autorizando decenas de licencias para la construcción de unas 600 viviendas, que ni siquiera han llegado a analizarse en detalle dentro del caso “Yate”.

Por eso, dado el volumen que ha alcanzado esa investigación, con un escrito de acusación definitivo de casi 150 folios, la Fiscalía ha decidido separar las actuaciones que se habían realizado hasta el momento con respecto a esas licencias, concedidas entre los años 2004 y 2007, y abrir un nuevo procedimiento y una investigación específica por esos hechos.

Así, y aunque los presuntos delitos de prevaricación urbanística por la concesión del primer permiso para ese Plan Parcial (el del proyecto de urbanización) se juzgarán dentro del caso “Yate”, el resto de las licencias podrían dar lugar a una nueva acusación. Y con ello, podrían solicitarse nuevas penas para Reyes (para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel sólo por el caso “Yate”) y también para los técnicos municipales que informaron favorablemente esas licencias.

Por uno de esos permisos, concretamente el que Reyes concedió a su compañero de partido,Pedro de Armas, ya hay abierto un procedimiento penal en otro juzgado, concretamente en el de Primera Instancia Número 5. En esa causa, que se inició a raíz de una denuncia, están imputados José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por las licencias que concedieron a Pedro de Armas para construir viviendas en un plan parcial que realmente no existía.

Pedro de Armas, "El Cangrejo", implicado en varios casos de corrupción.

Al igual que este caso, hay decenas de permisos más que se otorgaron a distintos promotores dentro de ese Plan Parcial, y ahora la Fiscalía propone investigarlas todas juntas en una nueva causa. En el escrito de acusación del caso “Yate”, se citan hasta 24 licencias concedidas a distintas empresas en el Plan Parcial Playa Blanca, entre las que destacan las de Agueri, representada por Federico Díaz de Aguilar, y las de varios promotores vascos, como José Ramón Olaberría.

Presuntas estafas

Además del nuevo procedimiento penal que podría abrirse ahora, el Plan Parcial Playa Blanca tiene ya un largo recorrido en los tribunales. Por un lado, con los procesos contencioso-administrativos que declararon ilegales las licencias. Por otro, con las batallas judiciales que han tenido que emprender decenas de compradores de esas viviendas, que desconocían su situación cuando las adquirieron.

Muchos de ellos tuvieron que llevar a los promotores a los tribunales para conseguir que les devolvieran la señal que habían entregado al comprar las viviendas, que fueron declaradas ilegales antes de que las recibieran. Otros, decidieron también acudir a la vía penal, al sentir que habían sido víctimas de una estafa. Y es que sostienen que los promotores conocían la situación del plan parcial cuando estaban vendiendo las casas, y se lo ocultaron a los compradores.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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Piden 25 años de cárcel para José Francisco Reyes

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel dentro del caso Yate, que durante años ha investigado la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio. La Fiscalía presentó la pasada semana el escrito de acusación definitiva contra las doce personas que podrían ir a juicio en esta causa.

Reyes en el banquillo de los acusados

Junto a Reyes, están acusados su mujer y tres de sus hijos, en este caso por blanqueo de capitales, al haberse beneficiado del dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde a cambio de la concesión de licencias ilegales. La Fiscalía pide cinco años de prisión la mujer de Reyes y otros cinco para tres de sus hijos. Además, reclama una multa de casi 9 millones de euros para la familia de Reyes (6 millones debería abonarlos el ex alcalde y el resto, en distintas cuantías, su mujer y sus tres hijos).

Además, también pide que sean decomisados distintos bienes de la familia, entre los que se incluyen una vivienda en La Laguna y otra en Barcelona, con sus respectivas plazas de garaje, la embarcación "El Pachi", cinco vehículos, dinero de diez cuentas corrientes y hasta mobiliario y electrodomésticos que adquirieron con dinero en efectivo y de procedencia desconocida, incluyendo efectos de decoración, material náutico, distintos muebles y hasta un spa.

Prisión e inhabilitación para tres técnicos

Junto a Reyes y su familia, también están acusados tres técnicos municipales. La acusación más grave pesa sobre el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, para el que la Fiscalía pide 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación. A él se suma el aparejador municipal Alfredo Morales, para el que el fiscal pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación por prevaricación urbanística, en relación al informe que emitió para conceder la licencia al puerto Deportivo Marina Rubicón.

El tercer técnico acusado es el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, para quien no se pide cárcel sino inhabilitación, por tiempo de diez años. En su caso, su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya ha sido declarado ilegal por los Tribunales.

Otros cuatro acusados

Junto al ex alcalde, sus familiares y tres técnicos de Yaiza, la Fiscalía ha formulado acusación contra otras cuatro personas: José Rafael Mesa Ferrer, Manuel Benito Mesa Ferrer, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Los dos primeros, como asesores fiscales, ayudaron supuestamente al alcalde a blanquear sus cuentas a través de una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote S.L., en la que se encargaban de la contabilidad. Para ellos, la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel.

Los otros dos, según la Fiscalía, pertenecían al "círculo íntimo de amistad" de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, pese a que "conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban". Presuntamente, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares una de las hijas de Reyes, junto a Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. Ambos se enfrentan a una petición de 3 años de cárcel.

La acusación

El escrito que se ha hecho público este viernes, y que está firmado por el fiscal decano de medioambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, y el fiscal asignado a la sección de medio ambiente en Lanzarote, Ignacio Stampa, que instruyó la causa desde su inicio, tiene dos partes claramente diferenciadas.

José Francisco Reyes y su mujer, también acusada.

Por un lado, se formula acusación por delitos de prevaricación urbanística consistentes en la concesión de licencias de construcción de establecimientos hoteleros entre los años 1998 y 2003. Por otro, se imputan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y falsedad documental, “relacionadas fundamentalmente con incrementos patrimoniales no justificados y encubrimiento de los mismos a través de personas o sociedades interpuestas”, según subraya la Fiscalía.

Fuente: La Voz de Lanzarote

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Nuestra agua, al mejor postor

Finalmente serán tres empresas las que concursen para quedarse con el agua pública de Lanzarote durante 25 años. En los próximos 30 días se negociará la gestión del servicio público con cada una de ellas. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que desembolsar 50 millones de euros para cubrir la deuda generada y 15 millones más para la mejora de las infraestructuras.

Las transnacionales francesas Suez Environnement y Saur, y la empresa Canal de Isabel II Gestión, serán las que finalmente opten a quedarse con los beneficios del agua pública de la isla. En un principio eran cinco las empresas invitadas por el Consorcio Insular de Aguas, pero Acciona y FCC optaron por retirarse de la puja.

El proceso

La Mesa de Contratación será la encargada de recepcionar, en primer lugar, las ofertas presentadas por las empresas, las remitirá posteriormente a la Asamblea del Consorcio, cuya función es la de establecer los criterios de negociación que deberá seguir la Comisión Negociadora.

Finalmente, la Comisión Negociadora propondrá a la Mesa de Contratación la mejor oferta, la cual será trasladada a la Asamblea del Consorcio, encargada de tomar la decisión final de venta. En caso de que no haya una oferta interesante, el concurso volverá a declararse desierto.

Quién es quién

La Mesa de Contratación es un órgano formado por el presidente del Consorcio Insular de Aguas y a la vez presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el Secretario y el Interventor del Cabildo, el Gerente del Consorcio, tres vocales y una secretaria, los miembros de la Asamblea del Consorcio y el Comité de Empresa de Inalsa. Cabe recordar que, tanto los grupos políticos del PP, PIL, Alternativa Ciudadana y Vecinos Unidos, como la Mesa Social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua, no aceptaron participar en esta Mesa.

La Comisión Negociadora, formada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña y la de San Bartolomé, Dolores Corujo, será la encargada de reunirse con las empresas y negociar las condiciones de la venta.

La Asamblea del Consorcio, formada por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés y los siete alcaldes de la isla, fue la que decidió por mayoria, con la abstención del alcalde de Tías, José Francisco Hernández (PP), optar por el procedimiento negociado para la adjudicación a una empresa privada la gestión del agua pública de Lanzarote.

Las empresas

Gestagua es el nombre comercial bajo el que opera el grupo Saur, gestionado por el consorcio de empresas francesas AXA, Seche Environnement y Caisse des dépôts et consignations. Tiene el 33% de Emalsa, encargada de la gestión de aguas en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Sacyr-Vallehermoso (Repsol) y el Ayuntamiento de la ciudad.

Canaragua empresa gestionada por la Corporación Canaria de Negocios, s.a y Aguas de Barcelona (AGBAR). Agbar pertenece a Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, s.a (HISUSA), sociedad entre el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
Suez ha conseguido recientemente la adjudicación de contratos, por 40 millones de euros, para la construcción de plantas de tratamiento de agua en cuatro ciudades africanas, por medio de su filial Degrémont. Mientras que AGBAR ha sido denunciada, el pasado mes de febrero, ante la Fiscalía Anticorrupción por la Plataforma ‘Aigua és vida’, por presuntos delitos en la prestación de servicios sin contrato.

Canal de Isabel II Gestión es la empresa encargada de gestionar los servicios de agua en la Comunidad de Madrid. A través de empresas pertenecientes al grupo, actúa tanto en España como en varios países de Latinoamérica.

Esta empresa fue creada como sociedad anónima 100% pública, después de que la fuerte presión social lograra paralizar temporalmente el proceso de privatización del Canal de Isabel II por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embrago, Plataforma contra la Privatización del Canal, sigue denunciando la opacidad en el proceso de formación de la empresa y considera que la intención final es privatizarla.

Anulación de la Asamblea del Consorcio

Vecinos Unidos por Lanzarote y la Confederación Vecinal Independiente de Canarias (COVEINCA) solicitaron, en enero de 2013, que la Asamblea del Consorcio fuese declarada nula de Pleno Derecho, por entender que ninguno de sus componentes estaba legitimado para tomar la decisión sobre el procedimiento de privatización.

Consideran que la decisión debía ser de las corporaciones y no de los alcaldes en particular, quienes tendrían que haberla llevada a pleno y consultar con el resto de las formaciones municipales. Siendo que la mayor parte del los alcaldes son del mismo signo político que los gestores del Cabildo (CC y PSOE) y que, con sus votos, podrían perjudicar los intereses de los Ayuntamientos, en beneficio de sus compañeros de partido.

Así mismo, recuerdan que el alcalde de Haría, José Torres Stinga, es uno de los gestores de Inalsa sobre el que pesa el embargo preventivo de sus bienes, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas. Por lo que entienden que su voto en la Asamblea debería ser considerado nulo, máxime cuando ni siquiera contó con el apoyo del Pleno de Haría.

Fuente: Lanzarote Sostenible

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La Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para los destructores de INALSA

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de seis años de prisión para el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y ocho años de cárcel para el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.

 En concreto, en el escrito del fiscal se piden para Dimas Martín tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se le acusa por la facturación de trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife.

El Ministerio Fiscal solicita otros tres años de prisión para el fundador del PIL por los mismos delitos por la facturación a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) de trabajos no realizados.

Mientras, para Batllori se pide lo mismo. Tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de Caudales Públicos por trabajos sin realizar en Arrecife; y otros tres años de prisión por los mismos delitos en Inalsa.

Además, el fiscal solicitó también otros dos años de prisión a Batllori por un delito continuado de falsedad en documento mercantil al realizar unas facturas simuladas que no responden a servicio ni relación contractual alguna para poder sustraer los fondos públicos.

Finalmente, la Fiscalía también acusa en estas facturaciones al ex concejal de Hacienda del Grupo PIL del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez; a la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra Cabrera; y al ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea.

Dimas Martín.- Se piden 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por fraude en Arrecife e Inalsa en concurso don delitos de inducción a la prevaricación y malversación. Deberá indemnizar a Inalsa y Arrecife

 Francisco Rodríguez Batlori.- Se pide 8 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los mismos delitos que Dimas Martín y además por un delito de falsedad de documentos.

 José Miguel Rodríguez.- Se pide 1 año y 3 meses de cárcel supuestamente por colaborar al declarar en contra de sus compañeros.

 Luisa Blanco.- Se piden 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito continuado de fraude en concurso medial, con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

 Plácida Guerra.- Se piden 5 años de cárcel por un delito continuado de fraude, en concurso con delitos de malversación, además de indemnizar a Inalsa con 26.089 euros.

Rafael Elorrieta.- Se piden 5 años de cárcel por un delito continuado de fraude, en concurso, con los delitos de prevaricación y malversación. Se le pide indemnizar a Inalsa también con 26.089 euros.

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La Justicia se mofa del "caso Unión"

Sin duda ya estamos hartos.

¿Acaso las instituciones judiciales no son instituciones públicas con un mínimo de seriedad y responsabilidad civil?

Nos llega ahora la sorprendente noticia de que el juez instructor del caso Unión (en este último caso jueza) volverá a ser cambiado una vez más, provocando que de nuevo, esta enorme trama corrupta sin precedentes en Canarias y en España, vuelva a ser frenada por simples caprichos judiciales.

Una nueva juez se incorporará esta semana al Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, que sufrirá así su quinto cambio desde que se inició la instrucción del caso “Unión”. El Consejo General del Poder Judicial ha concedido esta plaza a Silvia Muñoz Sánchez, que reemplazará desde este viernes día 8 a la juez María Jesús Hernández Elvira.

Hernández Elvira se hizo cargo del Juzgado tras la salida de la anterior titular de la plaza, Lucía Barrancos, que instruyó el caso “Unión” durante un año en comisión de servicios. Sin embargo, dejó el Juzgado el pasado mes de septiembre, después de que el Consejo General del Poder Judicial le concediera un nuevo destino en el País Vasco.

Desde entonces, ha sido Hernández Elvira quien se ha hecho cargo de la causa, dándole un importante impulso, que ahora podría verse frenado ante un nuevo cambio de juez. Ante esta situación, la Fiscalía ha solicitado que María Jesús Hernández Elvira continúe al frente del caso “Unión” en comisión de servicios. Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco, que ha señalado que hasta el momento no han recibido respuesta a esta solicitud.

La nueva juez que se hará cargo del Juzgado arrecifeño, Silvia Muñoz Sánchez, estaba hasta ahora en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mollet del Vallés (Barcelona) y, si no se atiende la solicitud de la Fiscalía, deberá ponerse al día desde cero con una causa que acumula decenas de miles de folios, y que parecía estar ya en la recta final, con la separación de piezas y el inicio del trámite para llevar a juicio oral al menos dos de ellas.

El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no han querido pronunciarse sobre el futuro del caso “Unión”. De hecho, ni siquiera han confirmado qué sucederá con el juez de refuerzo que se había asignado a este juzgado, y que se encargaba de instruir el resto de procedimientos que llegaban al mismo.

El quinto juez en dos años

La instrucción del caso “Unión”, que estalló públicamente en mayo de 2009, se inició en el año 2008, de la mano del juez César Romero Pamparacuatro. Conforme la causa fue creciendo, con más de 50 detenidos y un centenar de imputados, el magistrado pidió un juez de refuerzo, que en su caso le fue denegado de forma sistemática.

Finalmente, en septiembre de 2010, el Consejo General del Poder Judicial concedió a Romero Pamparacuatro un nuevo destino en un juzgado de La Laguna. Antes de marcharse, el magistrado solicitó una comisión de servicios para poder seguir instruyendo el caso “Unión”, e inicialmente se atendió su solicitud. Sin embargo, sólo le dieron tres meses y al terminar ese plazo, y pese a los anuncios que había realizado, finalmente el CGPJ no prorrogó esa comisión de servicios.

En medio, pasaron varios meses de incertidumbre, en los que había un nuevo juez al frente del Juzgado de Primera Instancia Número 5, Albano Padrón, que no avanzó en la instrucción de la causa, al no saber si Romero Pamparacuatro iba a poder continuarla o no.

Cuando por fin llegó la respuesta del Consejo, coincidió con la designación de una nueva juez para ese Juzgado, Lucía Barrancos, recién salida de la carrera judicial. En su caso, y tras hacer público un auto en el que advertía de la parálisis que había sufrido la causa, y se quejaba de la falta de medios humanos y materiales, sí consiguió un juez de refuerzo. Sin embargo, un año después abandonó también el juzgado, que desde el pasado mes de septiembre pasó a manos de María Jesús Hernández Elvira.

Ahora, poco más de cinco meses después, una nueva juez llega a este Juzgado, que sufre así su quinto cambio en poco más de dos años, con lo que eso supone para una causa de la envergadura del caso “Unión”.

Fuente: La Voz de Lanzarote

La sociedad lanzaroteña acude atónita a lo que significa un vacilón en toda regla y un baile de jueces ordenado por las más altas cúpulas, que sólo sirven para dar más tiempo a las defensas de los imputados o incluso a la eliminación de posibles pruebas que queden sueltas. Incluso podría darse que muchos se libren porque sus delitos prescriban después de que los años sigan pasando sin que sean juzgados de forma alguna.

Desde Lanzarote Corrupta queremos mostrar nuestra más profunda vergüenza ajena hacia las instituciones judiciales y hacia los máximos representantes que están permitiendo que este juego de niños siga ocurriendo aún estando en pleno siglo XXI.

Demuestran así que no sólo las instituciones de gobierno están infectadas y plagadas con el mal de la corrupción, sino que hasta la propia justicia está empapada hasta los huesos de la basura y putrefacción del actual falso sistema democrático.

Solo deseamos desde el corazón, que no llegue ese momento en el que entreguen el caso a un juez embaucador y corruptible, que esté abierto a untadas y a prevaricaciones por parte de los acusados, consiguiendo finalmente que el caso más grande e importante de corrupción en Canarias, no sea más que un simple pequeño delito político.

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Destituyen a Loly Luzardo, directora insular de la Administración del Estado en Lanzarote

María Dolores Luzardo ha sido destituida como directora insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. Esta decisión de la Delegación del Gobierno de Canarias, dirigida por María del Carmen Hernández Bento, se ha adoptado "para darle un impulso a esta administración en la isla", según han señalado a La Voz fuentes próximas. Al parecer, se baraja como sustituto a Juan Prats, que ya fue delegado del Gobierno en Lanzarote hace una década.

María Dolores Luzardo

La ex senadora del PP accedió a la delegación insular a principios de 2013, pero ya había ocupado este puesto en 1996, durante el gobierno de José María Aznar, hasta 1999. Posteriormente, lo abandonó voluntariamente para ser candidata del PP a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Quince años después, volvió a asumir este cargo, del que ahora ha sido destituida.

Además de ser directora insular, Loly Luzardo ha sido concejal del Ayuntamiento de Arrecife, senadora del PP por la Comunidad Autónoma de Canarias y consejera del Cabildo. También ha sido presidenta de la gestora que durante unos años llevó las riendas del PP en Lanzarote.

Loly Luzardo sustituyó en el cargo a Orlando Suárez, que abandonó el puesto para ser candidato socialista al Senado en las elecciones del 20-N.

Fuente: La Voz de Lanzarote

Veamos que se trae entre manos el Partido Popular, que cambia a una de sus históricas por uno de sus históricos. Osea que de sangre nueva nada de nada. Lo mismo de siempre.

También seguiremos el rastro de Loly Luzardo, que lo más proable es la nombre Directora Insular de algo o se inventarán un puesto para que siga viviendo del cuento, que es lo único que saben hacer los políticos de nuestras islas.

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Carlos Morales, libre de imputación

El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife ha decidido archivar las diligencias iniciadas por la concesión de la licencia de la vivienda en Puerto Calero del arquitecto lanzaroteño Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia, causa por la que la jueza que instruye el caso Unión, María Jesús Hernández Elvira, le imputaba un delito contra la ordenación del territorio y otro delito de inducción a la prevaricación.

Así lo decreta la magistrada en un auto hecho público este mismo martes y remitido a Crónicas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las actuaciones judiciales se iniciaron porque la casa del conocido arquitecto estaba construida supuestamente sobre suelo rústico en Puerto Calero, en el municipio de Yaiza. La jueza ha investigado si Morales solicitó en su día al entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que le concediera la licencia.
De hecho, en su auto, la jueza mantiene el delito de prevaricación administrativa contra Reyes pues considera que el exregidor se saltó la normativa legal al otorgar dicha licencia "en contra de los informes técnicos y con infracción de las normas urbanísticas tanto de la licencia otorgada en el expediente nº 218/2005 de licencia urbanística concedida por el imputado".

El chalé de Puerto Calero, valorado en más de 4 millones de euros

Tras realizar las oportunas pesquisas, la jueza María Jesús Hernández Elvira determina que la vivienda del arquitecto fue edificada en suelo urbanizable no sectorizado y sin valor paisajístico. "no hay duda de la ilegalidad, de la construcción, siendo que nunca se debió conceder la licencia por parte del Sr Alcalde, por cuanto, pese a la calificación del suelo como urbanizable no sectorizado, el regimen juridico del mismo era el de suelo rústico de protección territorial, y no contaba con instrumento de planeamiento que lo desarrollara", sostiene la jueza. 

En cualquier caso, la magistrada cataloga la infracción como administrativa, y no como penal. De hecho, el testimonio de Morales será trasladado a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (APMUN), que abrirá expediente sancionador y ordenará la "reposición de la realidad física alterada".

El auto concede diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, instando el sobreseimiento de la causa, o en su caso, de ser procedente, la práctica de diligencias de investigación complementarias de las referidas en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución no es firme y contra la misma caben recursos de reforma y apelación, debiendo interponerse el primero ante este juzgado en tres días, y el segundo en cinco días.

Carlos Morales Quintana, esposo de la princesa Alexia de Grecia

Descargue el Auto del Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Arrecife aquí

Fuente: Crónicas de Lanzarote


Leído el auto podemos destacar que quién ha salvado a este señor de los verdaderos problemas en los que debería estar metido ha sido principalmente el genio que redactó el desastroso, destructor y completamente amañado y manipulado Plan General de Yaiza, Jorge Cordech, que en su comparecencia como testigo en el caso declaró: “Que es cierto que el suelo en cuestion , la finca 5420 no tiene clasificación de suelo rústico de protección territorial. 
Que el Gobierno de Canarias hizo un informe, pero que no tiene mayor alcance que interpretar como quedaria la clasificación de cada uno de los suelos , pero que él entiende que es una norma de interpretación directa o por aplicación del planeamiento pero no a partir de un informe de la APMUN. 
Al analizar la pieza del suelo en cuestion por el equipo redactor del Plan General es cierto que se concluyo por éste que la pieza de suelo en cuestión carece de valor alguno a proteger y que dicha pieza esta antropizada desde hace muchos años por las decenas de edificacione existentes en la misma y que el informe medioambiental que han analizado no se desprende ningún dato de interés ambiental que impidiera la clasificación y categorización como urbanizable y por tanto edificable. 
Lo que si es cierto que hay edificaciones anteriores al Plan Parcial de Puerto Calero, a la urbanización y edificación del plan especial de Cortijo Viejo. 
Entendemos en el Plan General que es un suelo comprendido entre ambos sectores , y que hay evitar los resultados que se han causado por una incorrecta ordenación, entendemos que por lógica recoger ese suelo e integrarlo en solución de continuidad. 
 Del informe medioambiental que han realizado no se desprende ningún dato de interés ambiental que impidiera la clasificación y la categorización como urbanizable y por tanto edificable”

Así deja bien claro para qué tipo de personas redactó este individuo un plan de esas características.

Mientras tanto, el fiel amigo de Urdangarín se libra por los hechos que todo el mundo sabe que ha cometido, aunque la Justicia pretenda tratar de ocultar.

Aunque recuerden, no le quita culpa y si se sigue la sentencia tal y cómo debe, la casa o parte de ella deberá ser derribada con el fin de cumplir la "reponer la realidad física alterada"

El chalé está valorado, según el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en casi cuatro millones de euros. La vivienda, de 1.200 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, se levantó sobre un solar de 5.100 metros.

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Golpe a la corrupción en la Guardía Civil de Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido este jueves en Fuerteventura a siete personas en una operación relacionada con el tráfico de drogas y dirigida de forma conjunta por la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria y el equipo de la Policía Judicial de Costa Teguise, en Lanzarote. Cinco de los detenidos son agentes de la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas, los detenidos se dedicaban al menudeo de cocaína y hachís. De hecho, en el momento de la detención los agentes les han incautado varios fardos de hachís.

Las prácticas delictivas de los cinco agentes detenidos habían sido denunciadas hace varios años, pero la investigación para detenerlos empezó a finales del 2012.

La instrucción judicial la lleva el magistrado Leandro Martínez, titular del juzgado número 2 de Arrecife, en Lanzarote. En las próximas horas, los detenidos serán trasladados a esa isla para comparecer ante el juez.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, confirmó esta mañana las detenciones durante un acto en Las Palmas de Gran Canaria.

Fuente: El Mundo

Es aconsejable que sepan que esta clase de mafias dentro de las autoridades públicas está muy calada en los cuerpos de seguridad de Canarias y los de Fuerteventura no son los únicos que llevaban a cabo este tipo de acciones de narcotráfico.

En distintas islas son conocidos los movimientos de ciertos componentes de diferentes cuerpos de seguridad con la finalidad de facilitar la entrada, el tráfico o la compra-venta de drogas. Para ello las redes no dudan en utilizar sus poderes legislativos así como diferentes vías de extorsión y amenazas a todo aquel que trate de dar problemas a lo que hoy en día es un negocio multimillonario.

Por ello Canarias se ha convertido en una de las principales entradas de droga de todo el territorio nacional e incluso de toda Europa. La facilidad con la que estas sustancias se mueven en estas islas es sorprendente y las autoridades políticas y de gobierno siguen haciendo la vista gorda y mirando hacia otro lado.

La frase que vamos a utlizar es la siguiente: "Tiempo al tiempo"

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