El Tribunal Supremo expulsa al fin de sus puestos de trabajo al secretario y al aparejador de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza tras su condena en 2011

Si la vergüenza ajena ni el más mínimo pudor no pudieron hacer que tanto el secretario del Ayuntamiento de Yaiza como el aparejador de la Oficina Técnica abandonaran sus puestos de trabajo públicos a pesar de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial desde el pasado año 2011, ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Supremo quien ratificara la condena y por tanto la inmediata expulsión de estos dos corruptos del consistorio municipal.

Y es que se ha dictado ya sentencia firme contra Vicente Bartolomé Fuentes, y Pablo Carrasco Cabrera, por un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Carrasco y Bartolomé Fuentes, que durante este tiempo han continuado en sus puestos en el Consistorio, recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora ha ratificado la condena. Sin embargo, ha aceptado parcialmente el recurso en cuanto a la pena impuesta.

La sentencia recurrida del TSJC condenó a ambos a siete años de inhabilitación, pero el Supremo ha rebajado la condena a cinco años, al considerar la “atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”. Es decir, por el tiempo que tardó en llevarse a juicio esta causa. Además, les impone una multa de 7.200 euros a cada uno, rebajando así la fijada inicialmente, que era de 8.640 euros.

Los hechos por los que fueron condenados se remontan a 1999, cuando el Ayuntamiento concedió licencias para construir nueve chalés ubicados en una parcela entre Las Breñas y Femés. Tal como sostuvo durante el juicio el fiscal, Ignacio Stampa, la sentencia consideró probado que tanto Vicente Bartolomé Fuentes como Pablo Carrasco emitieron informes favorables, a sabiendas de que se trataba de suelo rústico y no se podía edificar.

El "garante de la legalidad"

Respecto a Vicente Bartolomé Fuentes, la sentencia del TSJC, confirmada ahora por el Supremo, subrayaba que como secretario del Ayuntamiento, debía ser el “garante de la legalidad” y, sin embargo, “faltó a su deber jurídico”. Durante el juicio, Bartolomé Fuentes señaló que se limitaba a emitir “informes de tramitación”, pero la sentencia sostiene que es evidente que en ellos emitía un parecer jurídico.

Además, consideraba “significativo” que en uno de esos informes el secretario hiciera referencia expresa a la necesidad de pedir un informe de compatibilidad al Cabildo, y sin embargo en los siguientes omitiera esa frase. Al respecto, la Audiencia agrega que Bartolomé Fuentes no dio durante el juicio “ninguna explicación mínimamente razonable sobre tal eliminación”.

En cuanto a Pablo Carrasco Cabrera, la sentencia sostiene que “con una particularísima interpretación de la normativa urbanística”, llegó a calificar literalmente el suelo en sus informes como “solares”, es decir, suelo urbano por consolidación, pese a que era “consciente de cuál era la verdadera naturaleza de los mismos”, es decir, “suelo rústico”.

Carrasco alegó en su defensa que no tiene conocimientos jurídicos y que no utilizó el término “solar” con esa intención, pero la sentencia considera que eso “no resulta acorde con la finalidad y la categoría de su informe”.

Otra condena y causas pendientes

Para Vicente Bartolomé Fuentes y Pablo Carrasco, ésta supone ya la segunda condena por delitos contra la ordenación del territorio. La anterior fue dictada también a finales de 2011, en este caso por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife. Aquella sentencia impuso a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, aunque en este caso aún no se ha resuelto el recurso que presentaron.

Pese a estas dos condenas, ambos técnicos han continuado en sus puestos en el Ayuntamiento de Yaiza. En su momento la alcaldesa, Gladys Acuña, alegó que los fallos aún no eran firmes y que aún cabía la “presunción de inocencia”, pese a que ya había dos sentencias en primera instancia.

Ahora, tanto el secretario como el aparejador deberán abandonar sus puestos en el Consistorio, una vez que se proceda a la ejecución de la sentencia del Supremo, contra la que no cabe recurso ordinario.

Vicente Bartolomé Fuentes, ex-secretario del Ayuntamiento de Yaiza

Además, el todavía secretario del Ayuntamiento aún tiene otra causa pendiente, que es a su vez la de mayor envergadura. Se trata del caso Yate, que investiga la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, y en el que está imputado junto al ex alcalde, José Francisco Reyes, y junto a otros técnicos y empresarios.En esta causa, la Fiscalía pide 6 años y medio de cárcel y 24 años de inhabilitación para Vicente Bartolomé Fuentes, por presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación.

Sin rastro de impunidad o vergüenza alguna

Ninguno de los dos condenados tomo en ningún momento la decisión propia de abandonar sus cargos, públicos y subvencionados por todos aquellos ciudadanos a los que han estado robando durante años y años.

Pero no son sólo ellos los culpables, ya que no son más que ladrones, delincuentes y personas deshonestas que han perdido toda clase de vergüenza o sentido de la moralidad. Gran parte de la culpa la tiene el propio Ayuntamiento, infestado por la lacra corrupta y que sigue siendo uno de los Ayuntamiento más manchados y más lleno actualmente de condenados, imputados y sospechosos de toda la geografía canaria.

Un Ayuntamiento y un gobierno que jamás se pensó la idea de expulsar a estos míseros ladrones de las filas de dicha institución pública. Y es que sólo hay que ver quienes están a la cabeza de este gobierno para saber y no extrañarse de este tipo de permisiones. 

Personas que han estado y siguen estando a las órdenes de la delincuencia, de los intereses privados y de los peces gordos. 

Sólo deseamos que esto pase pronto, y que los ciudadanos de Yaiza (cuyos criterios de decisión están más que cuestionados visto lo visto durante tantos años) sean un poco listos, utilicen la cabeza por una vez y sepan darle una gran patada en el culo a partidos y personas que sólo se mueven en defensa de lo oscuro y lo incorrecto.

Y también deseamos un cambio de legislación inminente, que impida a cualquier imputado en causas de corrupción desempeñar cualquier tipo de cargo en la función pública, donde si no se impide, seguirán haciendo de las suyas y seguirán teniendo en sus manos la posibilidad y la oportunidad de borrar todas las posibles huellas que les puedan inculpar.