Condenados el secretario de Yaiza y un técnico a cuatro meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación urbanística

Las penas que la Justicia impone a los culpables de corrupción son de auténtica risa. Personas que se han llevado de las arcas públicas miles y miles de euros durante años y años y que luego son condenados a un par de meses de cárcel, los cuales ni siquiera cumplirán por diferentes sustituciones. Las fianzas condenatorias no llegan ni a ser un tercio de lo que han robado.

Para colmo, todos los condenados pueden volver a ejercer los mismos cargos públicos u otros al cabo de un par de años. Lo que significaría que, dado que la mayoría de ellos no tienen donde caerse muertos sin robar de lo público, es más que probable que vuelvan a ocupar un cargo y por consiguiente que vuelvan a robar de nuevo y a cometer infracciones.

Y lo mejor es que durante todos los procesos judiciales, por muchos que sean, la mayoría de ellos siguen ejerciendo en sus cargos públicos hasta que la Justicia no les condene definitivamente, cuando que debería estar normado por ley que si un funcionario o cargo público está siendo juzgado por actos de corrupción, este debe ser suspendido de empleo y sueldo de inmediato, hasta que no se demuestre su inocencia. Inocencia que si se ha puesto en duda por las instituciones judiciales, será por algo.

La última noticia es que el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha condenado al secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y al aparejador Pablo Carrasco Cabrera, por un delito continuado de prevaricación urbanística. La sentencia impone a cada uno una pena de cuatro meses de prisión y otra de inhabilitacion especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años y un mes, así como al pago de las costas del procedimiento.

La sentencia considera probado que los dos técnicos, en al menos dos expedientes, informaron favorablemente a la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, "a sabiendas de que incumplían manifiestamente con el procedimiento administrativo establecido por el ordenamiento urbanístico vigente".

Aunque aún cabe recurso, el fallo ordena también que se dé traslado de la sentencia al Ayuntamiento de Yaiza, “a los efectos administrativos que pudieran corresponder”. Ambos técnicos continúan trabajando para el Consistorio y ésta es su primera condena, aunque los dos tienen otros procesos penales pendientes, incluyendo uno que ya fue juzgado, y en el que se sentaron en el banquillo junto al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y está pendiente de sentencia.