Cronología de un Puerto ilegal: el Marina Rubicón

Tuvo denuncias del Seprona y de la Apmun; se enfrentó hasta a cinco procesos contenciosos en los tribunales; y sus promotores llegaron a estar imputados en dos procedimientos penales por delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio y de desobediencia, por incumplir la orden judicial que se decretó para paralizar estos trabajos. Sin embargo, nada consiguió frenar la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, que llegó a pagar 1,8 millones de euros a un empresario para que retirara sus denuncias. Ahora, sin embargo, la Justicia ha vuelto a poner la vista en este puerto deportivo, que durante años dio atraque gratis al yate familiar del ex alcalde de Yaiza.

Imagen captada durante las explosiones que se realizaron para construir el puerto.

En el marco del “caso Reyes”, se ha revisado todo el expediente del puerto deportivo Marina Rubicón. Y lo que se ha encontrado es que los promotores empezaron a construir sin un solo permiso, pidieron licencia al Ayuntamiento cuando las obras llevaban más de dos años y medio y estaban casi terminadas y, además, se la concedieron en sólo seis días.

Y todo ello se hizo pese a que, según ha señalado ahora la Apmun (en un informe realizado a raíz de estas diligencias judiciales), Marina Rubicón no tiene ningún tipo de cobertura legal en el planeamiento. Ni estaba previsto ahí un puerto en el Plan General de Yaiza, ni lo contemplaba el Plan Insular, ni se hizo un Plan Especial para dar cobertura a una infraestructura que tendría que catalogarse como un sistema general. Y por si fuera poco, la Apmun sostiene que también incumplía la ley de Costas, porque la parcela se encuentra en zona de dominio público marítimo terrestre. Todo esto es lo que ha puesto de relieve la causa que investiga la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, que ha caído ahora sobre este puerto, y ha permitido reconstruir una cronología inexplicable.

13 de agosto de 1998.

Puerto Deportivo Marina Rubicón S.A., a través de Francisco Armas, solicita la autorización para construir el puerto a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

16 de noviembre de 1998.

En un informe pericial realizado para la Consejería de Obras Públicas, Faustino García Márquez informa desfavorablemente al proyecto. Advierte que no ha sido calificado como sistema general, ni está contemplado en el planeamiento insular, ni se ha desarrollado un Plan Especial para su ordenación.

Agosto de 2000.

Se inician las obras sin tener ningún tipo de autorización. Lo único que tenían era la Declaración de Impacto emitida por la COTMAC el 9 de junio de 2000, que no llegó a ser publicada y que, además, establecía muchos condicionantes. No tenían licencia municipal, y ni siquiera la habían solicitado.

31 de octubre de 2000.

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, otorga la concesión administrativa para realizar las obras. Incluye varios condicionantes y advierte que tendrán también que obtener las autorizaciones y permisos necesarios de acuerdo con la legislación vigente. Para entonces, las obras llevaban más de dos meses en marcha.

Noviembre de 2000.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias abre un expediente sancionador a Marina Rubicón, porque habían iniciado las obras antes incluso de tener la autorización del Gobierno canario. La sanción no llegó a aplicarse. Ese mismo año, el Seprona también denuncia las obras y se abre un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. Se investigan presuntos delitos contra el medioambiente y el patrimonio histórico por parte de los promotores (Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas) y el autor del proyecto técnico del puerto, Jesús Escribano. Colectivos ecologistas se suman a la denuncia. En el procedimiento, los promotores están representados por Felipe Fernández Camero y su hija, Juana Fernández de las Heras.

20 de febrero de 2001.

La Secretaría de Estado del Ministerio de Medio Ambiente insta al Gobierno de Canarias a que paralice la ejecución de las obras. Los grupos ecologistas, muy activos en la isla en aquella época, habían denunciado la construcción del puerto y venían protagonizando distintos actos de protesta.

6 de junio de 2001.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife sobreseyó la causa abierta contra los promotores de Marina Rubicón. Los denunciantes recurrieron, pero el recurso también fue archivado el 19 de noviembre. La propia Fiscalía pidió que se desestimara el recurso. El fiscal adscrito a ese juzgado en aquella fecha era Miguel Pallarés, que durante años fue coordinador de los fiscales en Lanzarote (desde 2008 está fuera de la isla).

26 de marzo de 2002.

La empresa Consulting Turístico Canaria S.A., del empresario grancanario Juan Padrón, que estaba construyendo un centro comercial en la parcela colindante, se dirige al Consistorio de Yaiza pidiendo la suspensión de las obras de Marina Rubicón. Se basa en que la construcción del puerto deportivo no tiene licencia municipal. También alude a las irregularidades de la concesión del Gobierno de Canarias. Pese a que él era parte interesada, no se le dio audiencia. También cuestiona que ese suelo no es apto para uso comercial y que incumple los condicionantes medioambientales. Además, subraya que a él le obligaron a retranquear la edificación que tenía prevista para cumplir con la servidumbre de protección de costas y, sin embargo, a Marina Rubicón le permitieron instalar una zona comercial delante de su parcela, y por tanto pegada al mar.

4 de septiembre de 2002.

Marina Rubicón vuelve a los Juzgados. Juan Padrón interpone un recurso contencioso ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y solicita la paralización de las obras. El propio Consistorio (al que ni siquiera le habían pedido licencia para el puerto) responde en los tribunales oponiéndose a que se paralicen las obras, con argumentos muy similares a los de los promotores. Incluso, pide que el Tribunal reclame una fianza al denunciante. En el procedimiento, Felipe Fernández Camero representa al Ayuntamiento. Su hija y compañera de despacho, Juana Fernández de las Heras, defiende a Marina Rubicón. Ayuntamiento y promotores aseguran al Juzgado que las obras ya están terminadas, y por tanto no se pueden “paralizar”. El denunciante lo niega y asegura que siguen trabajando.

14 de febrero de 2003.

El Juzgado suspende las obras y califica el silencio municipal de “patente y ostensible de nulidad radical”. El Ayuntamiento y Marina Rubicón vuelven a dirigirse al Juzgado, insistiendo en que las obras ya están terminadas.

Marzo de 2003.

A raíz de una denuncia de Juan Padrón, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife abre un nuevo procedimiento penal, esta vez por desobediencia. Se acusaba a Rafael Lasso de haber continuado con las obras pese al auto de paralización del tribunal.

14 de marzo de 2003.

Rafael Lasso, en nombre de Marina Rubicón, solicita la licencia al Ayuntamiento, más de dos años y medio después de haber iniciado las obras.

20 de marzo de 2003.

El alcalde, José Francisco Reyes, les concede la licencia, sólo seis días después de que fuera solicitada. Se basa en un informe del aparejador municipal, Alfredo Morales, y otro del secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes (ambos imputados en el “caso Reyes”). Ninguno de ellos advierte que el Plan General de Yaiza no contemplaba (ni contempla) un puerto deportivo en ese emplazamiento. Tampoco estaba previsto en el Plan Insular, pero el Ayuntamiento no pide al Cabildo el informe de compatibilidad con el PIOT. Además, según ha señalado ahora la Apmun (en un informe de 2011), la parcela se ubica en una zona de dominio público marítimo terrestre (y no de servidumbre, como sostuvieron los técnicos de Yaiza). En el expediente de la licencia ni siquiera consta el proyecto de ejecución en base al que se realizaron los informes y se concedió la licencia (sólo un proyecto básico visado por el colegio de ingenieros, no de arquitectos), no existe memoria detallada de edificaciones, no existe pliego de condiciones técnicas, no existe estado de mediciones, no hay presupuesto obtenido por precios unitarios de obra, ni hay firma ni dirección técnica de arquitecto superior, no hay visado del colegio de arquitectos, ni hay estudio de seguridad y salud. Pero se da la licencia. En el decreto del alcalde se advierte que “deberán iniciar las obras en el plazo máximo de seis meses”. Sin embargo, la promotora y el propio Ayuntamiento venían alegando en los tribunales que las obras ya estaban terminadas.

21 de marzo de 2003.

Los promotores presentan un escrito pidiendo que se archive la causa. Sostienen que ya no tiene sentido, porque acaban de recibir la licencia del Ayuntamiento.

Abril de 2003.

Juan Padrón impugna la licencia ante el Ayuntamiento y vuelve a dirigirse al Tribunal. Presenta fotos con acta notarial del 12 de marzo para demostrar que las obras continúan y califica la actuación de los demandados de “burla, cuando no de desafío al saber y entender de la sala, falseando la realidad”. También acusa al Ayuntamiento de “connivencia” con los promotores y subraya que se posicionó “de lado del infractor, amparando sus conductas y falseando la realidad”. El demandante destaca que cualquier obra sin licencia no sólo conllevaría su paralización por los tribunales, sino por la propia administración, cosa que no hizo el Ayuntamiento de Yaiza.

23 de mayo de 2003.

El Tribunal dicta un nuevo auto, manteniendo la medida cautelar de paralización de las obras. Advierte que aunque los promotores hayan aportado la licencia, el contencioso seguirá su curso y no podrán reanudar las obras hasta que la causa sea juzgada y haya sentencia firme.

27 de junio de 2003.

Juan Francisco Rosa y Jesús Escribano, en nombre de Marina Rubicón, firman un contrato con Juan Padrón (en nombre de Consulting Turístico Canaria) por el que le pagarán 1,8 millones de euros. A cambio, Padrón se compromete a desistir de los cinco pleitos contenciosos que había abierto, a abandonar también el pleito penal, a presentar escritos en todas las administraciones en las que impugnó cualquier acto relativo a Marina Rubicón y desistir del mismo y a no presentar en el futuro cualquier otra denuncia o reclamación. En caso contrario, debería devolver el dinero a los dueños de Marina Rubicón, además de pagarles 3 millones de euros de indemnización.

1 de julio de 2003.

El Tribunal recibe un escrito firmado por Juan Padrón, desistiendo del recurso contencioso. Ese mismo día, el empresario remite otro escrito al Juzgado Número 2 de Arrecife, retirando también la acusación particular en el proceso penal contra Rafael Lasso, por un presunto delito de desobediencia.

16 de septiembre de 2003.

El Juzgado Número 2 de Arrecife archiva la causa penal contra Rafael Lasso.

28 de abril de 2004.

Un auto judicial archiva también la causa contencioso administrativa contra Marina Rubicón, que investigaba su presunta ilegalidad, por desistimiento del denunciante.

Agosto de 2010.

Seis años después de que quedaran archivados todos los procedimientos, la Justicia vuelve a poner la vista en este puerto deportivo. En el marco del “caso Reyes”, el fiscal pide que se requiriera al Ayuntamiento de Yaiza una copia compulsada del expediente administrativo de la licencia de obras del Puerto Deportivo Marina Rubicón. La causa investiga la existencia de una presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en la que están imputados el ex alcalde de Yaiza, varios técnicos municipales, abogados como Felipe Fernández Camero y Juana Fernández Camero y empresarios, entre los que se encuentran Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, por presuntos delitos de cohecho a cambio de la concesión de licencias ilegales. La investigación, que rastreó el patrimonio de José Francisco Reyes, encontró compras en efectivo y con dinero de procedencia desconocida por valor de más de un millón de euros. Entre esas compras, se encontraba la de la embarcación “El Patxi”, que se pagó entre finales de 2003 y mediados de 2004. El yate fue atracado en Marina Rubicón y nunca pagó por el amarre. Ahora, además de investigarse si ese “beneficio” respondía a una dádiva hacia el alcalde, la causa también determinará la presunta ilegalidad del puerto.

Fuente: La Voz de Lanzarote