La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un total de seis años de prisión para el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, y ocho años de cárcel para el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco José Rodríguez Batllori, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.
En concreto, en el escrito del fiscal se piden para Dimas Martín tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se le acusa por la facturación de trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife.
El Ministerio Fiscal solicita otros tres años de prisión para el fundador del PIL por los mismos delitos por la facturación a Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) de trabajos no realizados.
Mientras, para Batllori se pide lo mismo. Tres años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de Caudales Públicos por trabajos sin realizar en Arrecife; y otros tres años de prisión por los mismos delitos en Inalsa.
Además, el fiscal solicitó también otros dos años de prisión a Batllori por un delito continuado de falsedad en documento mercantil al realizar unas facturas simuladas que no responden a servicio ni relación contractual alguna para poder sustraer los fondos públicos.
Finalmente, la Fiscalía también acusa en estas facturaciones al ex concejal de Hacienda del Grupo PIL del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez; a la ex concejal de Personal y Régimen Interior, María Luisa Blanco; a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra Cabrera; y al ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta Larrea.
José Miguel Rodríguez.- Se pide 1 año y 3 meses de cárcel supuestamente por colaborar al declarar en contra de sus compañeros.
Luisa Blanco.- Se piden 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito continuado de fraude en concurso medial, con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.
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