Nuestra agua, al mejor postor

Finalmente serán tres empresas las que concursen para quedarse con el agua pública de Lanzarote durante 25 años. En los próximos 30 días se negociará la gestión del servicio público con cada una de ellas. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que desembolsar 50 millones de euros para cubrir la deuda generada y 15 millones más para la mejora de las infraestructuras.

Las transnacionales francesas Suez Environnement y Saur, y la empresa Canal de Isabel II Gestión, serán las que finalmente opten a quedarse con los beneficios del agua pública de la isla. En un principio eran cinco las empresas invitadas por el Consorcio Insular de Aguas, pero Acciona y FCC optaron por retirarse de la puja.

El proceso

La Mesa de Contratación será la encargada de recepcionar, en primer lugar, las ofertas presentadas por las empresas, las remitirá posteriormente a la Asamblea del Consorcio, cuya función es la de establecer los criterios de negociación que deberá seguir la Comisión Negociadora.

Finalmente, la Comisión Negociadora propondrá a la Mesa de Contratación la mejor oferta, la cual será trasladada a la Asamblea del Consorcio, encargada de tomar la decisión final de venta. En caso de que no haya una oferta interesante, el concurso volverá a declararse desierto.

Quién es quién

La Mesa de Contratación es un órgano formado por el presidente del Consorcio Insular de Aguas y a la vez presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el Secretario y el Interventor del Cabildo, el Gerente del Consorcio, tres vocales y una secretaria, los miembros de la Asamblea del Consorcio y el Comité de Empresa de Inalsa. Cabe recordar que, tanto los grupos políticos del PP, PIL, Alternativa Ciudadana y Vecinos Unidos, como la Mesa Social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua, no aceptaron participar en esta Mesa.

La Comisión Negociadora, formada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña y la de San Bartolomé, Dolores Corujo, será la encargada de reunirse con las empresas y negociar las condiciones de la venta.

La Asamblea del Consorcio, formada por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés y los siete alcaldes de la isla, fue la que decidió por mayoria, con la abstención del alcalde de Tías, José Francisco Hernández (PP), optar por el procedimiento negociado para la adjudicación a una empresa privada la gestión del agua pública de Lanzarote.

Las empresas

Gestagua es el nombre comercial bajo el que opera el grupo Saur, gestionado por el consorcio de empresas francesas AXA, Seche Environnement y Caisse des dépôts et consignations. Tiene el 33% de Emalsa, encargada de la gestión de aguas en Las Palmas de Gran Canaria, junto a Sacyr-Vallehermoso (Repsol) y el Ayuntamiento de la ciudad.

Canaragua empresa gestionada por la Corporación Canaria de Negocios, s.a y Aguas de Barcelona (AGBAR). Agbar pertenece a Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, s.a (HISUSA), sociedad entre el grupo francés Suez Environnement y La Caixa.
Suez ha conseguido recientemente la adjudicación de contratos, por 40 millones de euros, para la construcción de plantas de tratamiento de agua en cuatro ciudades africanas, por medio de su filial Degrémont. Mientras que AGBAR ha sido denunciada, el pasado mes de febrero, ante la Fiscalía Anticorrupción por la Plataforma ‘Aigua és vida’, por presuntos delitos en la prestación de servicios sin contrato.

Canal de Isabel II Gestión es la empresa encargada de gestionar los servicios de agua en la Comunidad de Madrid. A través de empresas pertenecientes al grupo, actúa tanto en España como en varios países de Latinoamérica.

Esta empresa fue creada como sociedad anónima 100% pública, después de que la fuerte presión social lograra paralizar temporalmente el proceso de privatización del Canal de Isabel II por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embrago, Plataforma contra la Privatización del Canal, sigue denunciando la opacidad en el proceso de formación de la empresa y considera que la intención final es privatizarla.

Anulación de la Asamblea del Consorcio

Vecinos Unidos por Lanzarote y la Confederación Vecinal Independiente de Canarias (COVEINCA) solicitaron, en enero de 2013, que la Asamblea del Consorcio fuese declarada nula de Pleno Derecho, por entender que ninguno de sus componentes estaba legitimado para tomar la decisión sobre el procedimiento de privatización.

Consideran que la decisión debía ser de las corporaciones y no de los alcaldes en particular, quienes tendrían que haberla llevada a pleno y consultar con el resto de las formaciones municipales. Siendo que la mayor parte del los alcaldes son del mismo signo político que los gestores del Cabildo (CC y PSOE) y que, con sus votos, podrían perjudicar los intereses de los Ayuntamientos, en beneficio de sus compañeros de partido.

Así mismo, recuerdan que el alcalde de Haría, José Torres Stinga, es uno de los gestores de Inalsa sobre el que pesa el embargo preventivo de sus bienes, dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas. Por lo que entienden que su voto en la Asamblea debería ser considerado nulo, máxime cuando ni siquiera contó con el apoyo del Pleno de Haría.

Fuente: Lanzarote Sostenible