Carlos Sáenz, corrupto confeso y recién salido de la cárcel, seguirá manejando las arcas públicas de Arrecife

Carlos Sáenz podrá reincorporarse a su puesto de interventor en el Ayuntamiento de Arrecife. Así lo ha determinado Función Pública, que este jueves ha respondido a la consulta realizada por el Consistorio de Arrecife, después de que Saénz solicitara recuperar su plaza.

Carlos Sáenz saliendo de la cárcel hace unas semanas.

El interventor salió de la cárcel de Tahíche el pasado 26 de marzo, tras pasar diez meses en prisión provisional por el caso “Montecarlo”, y justo al día siguiente solicitó su reincorporación en el Ayuntamiento. En ese momento, el grupo de gobierno decidió trasladar una consulta a Función Pública, que finalmente este jueves ha dado luz verde a la vuelta de Carlos Sáenz.

El interventor de Arrecife está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad de documento público, tanto por su gestión en el Consistorio capitalino como por su actividad en los ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva (Fuerteventura).

Sólo regresará a Arrecife

A finales del pasado mes, la juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Aurora García, decidió dejarle en libertad, después de que la Audiencia Provincial hubiera rechazado en varias ocasiones los recursos de Sáenz para salir de prisión.

Ahora, a la espera del juicio, Sáenz volverá a ejercer como interventor en el Ayuntamiento de Arrecife, aunque no podrá regresar a los consistorios de San Bartolomé y Teguise, donde también ejercía este puesto cuando fue detenido.

En esos municipios ejercía como interventor por acumulación de funciones, por lo que ambos ayuntamientos quedaron liberados para buscar un nuevo funcionario. Sin embargo, en Arrecife Carlos Sáenz tiene la plaza en propiedad, por lo que ahora podrá recuperarla, al menos hasta que la Justicia se pronuncie.

Fuente: La Voz de Lanzarote

De esta forma, el Ayuntamiento de Arrecife se convierte oficialmente en una vergüenza para la Justicia y el sistema democrático español, permitiendo que un empleado público, imputado, acusado y recién salido de la cárcel, siga ejerciendo su cargo como interventor de dicha institución.

Esto implica que un corrupto señalado por la Justicia y que fue puesto en prisión preventiva por diferentes razones, ahora tenga la capacidad de manejar a su antojo las arcas públicas y las operaciones del Ayuntamiento de Arrecife, teniendo incluso acceso a modificar o hacer desaparecer posibles pruebas que bien podrían ser útiles para la definición del caso Montecarlo.

Ésta es la razón de ser de un país lastrado y menguado por el sistema corrupto y por un funcionariado público que peca de "facilón" ante sobornos y comisiones ilegales.

Así nos va.