La jueza del caso "Unión" imputa finalmente tres delitos de cohecho a Becerra y Lleó por intentar sobornar a Espino

La jueza instructora del caso Unión, Lucía Barrancos, ha emitido un auto por el que continúa con las diligencias e imputa tres delitos de cohecho a los empresarios Fernando Becerra y Luis Lleó por intentar sobornar al ex secretario del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, que en el momento de los hechos era consejero del Cabildo de Lanzarote. El auto forma parte de una pieza separada del caso Unión, la que investiga la urbanización Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza).

Este intento de soborno fue el que dio inició a la operación Unión, que derivó posteriormente ene decenas de tramas diferentes y que ahora la jueza instructora está separando para elevarlas a juicio. La investigación se inició porque Espino denunció ese intento de soborno y los encuentros entre éste y Becerra y más tarde Lleó, fueron grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Fernando Becerra, uno de los imputados.

Lo que pretendía Lleó es que Espino influyera en el Cabido para desbloquear un proyecto de más de mil viviendas en Playa Blanca, cuyas obras se habían paralizado por orden judicial. Quería que Espino influyera en los técnicos para que estos elaborasen u informe desistiendo del procedimiento, ya que las obras se habían parado a instancias del Cabildo. Becerra era el intermediario, que llegó a ofrecer una comisión a Espino de 600.000 euros a repartir entre ambos.

Lleó también aspiraba a conseguir el cambio de la calificación urbanística de los terrenos y, tras elaborar una “hoja de ruta”, a que los terrenos sirvieran para que los dueños de hoteles ilegales comprasen parte de ese suelo como compensación por legalizar los hoteles, ya que el Cabildo proponía una solución similar.

Los tres delitos de soborno son por cada una de estas acciones. Dos de ellos están penados con penas de entre tres y seis años y el otro con penas de entre dos a cuatro, por lo que los empresarios se enfrentan a penas de entre 8 y 16 años que juzgará un tribunal del jurado. Los acusados pedían la nulidad de algunas actuaciones durante la instrucción del anterior juez, César Romero Pamparacuatro. Sin embargo, la juez considera que son “perfectamente válidas en cuanto a la forma y el trámite procesal”.

Durante la nueva declaración que prestó hace dos semanas en los Juzgados de Arrecife, el empresario Fernando Becerra volvió a admitir que en el año 2008 ofreció dinero al entonces consejero del Cabildo, Carlos Espino, en nombre de Luis Lleó, para desbloquear el proyecto urbanístico de Costa Roja, que había sido paralizado por los tribunales, a raíz de un recurso presentado por la primera institución.

Según un auto de la juez del caso “Unión”, Becerra relató “pormenorizadamente los hechos, reconociendo su participación y la del coimputado (Luis Lleó)” en esta pieza separada de la causa pero, sin embargo, su defensa pidió el “sobreseimiento libre”. Y es que tanto Fernando Becerra como Luis Lleó, que decidió acogerse a su derecho de no declarar, intentan centrar su defensa en el hecho de que Espino no tenía realmente competencias para hacer lo que le estaban pidiendo. Es decir, que consideran ahora que no podía desbloquear esa licencia, pese a que supuestamente le ofrecieron hasta 600.000 euros en metálico por ello, a repartir entre Espino y Fernando Becerra como intermediario.

El propio Carlos Espino fue quien denunció los hechos entonces, dando lugar la investigación de la UCO, que consiguió grabar conversaciones telefónicas y en despachos y captar imágenes de los encuentros en los que se ofrecieron cientos de miles de euros al consejero, además de otros porcentajes de los beneficios de la operación.

Sin embargo, la defensa de Fernando Becerra sostiene ahora que “los hechos podrían no ser constitutivos de delito, puesto que el señor Espino no ostentaba un cargo que lo habilitase para hacer lo que se le estaba pidiendo” y que, “además, parece ser que necesitaba el concurso de otras muchas personas para que pudiera salir adelante”. Según el abogado de Becerra, “su cliente no tenía ni idea” de las irregularidades administrativas que se solicitaban, “al punto de no ser técnico en derecho”. Incluso, agrega que “habría que estudiar el derecho administrativo para analizar y decidir tanto si el señor Espino podía por sí mismo ejecutar los propuesto o si hubiera sido imposible”.

La solicitud de sobreseimiento ya ha sido rechazada por la juez, que ha concretado hasta tres imputaciones por cohecho contra los dos empresarios, y en su auto rechaza con contundencia los argumentos de Becerra: “No puede invocarse el error cuando la ilicitud de la conducta es notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada. Así, y dicho llanamente, es difícilmente creíble que una persona, por muy desconocedora que sea del derecho penal, no comprenda que no se debe ofrecer a un político, en el ejercicio de su cargo y en su despacho, miles de euros para conseguir un trato de favor”, sostiene la juez.
Nuevas diligencias

Por su parte, el abogado de Luis Lleó pidió que se practicaran nuevas diligencias, que podrían ir en la misma línea de la defensa de Becerra. De hecho, ha pedido que se solicite al secretario del Cabildo que certifique hasta una decena de datos relativos a la composición del pleno en aquellas fechas, las competencias en materia de política territorial, asesoría jurídica y aprobaciones de los planes de ordenación, entre otras cuestiones del funcionamiento de la Corporación.

Esta solicitud ha sido aceptada por la juez, que ha ordenado estas nuevas diligencias, aunque advierte que “se superponen parcialmente a las ya efectuadas de oficio”. Además, en el propio auto se señala que Carlos Espino, aunque en aquella época no ostentaba la Consejería de Política Territorial, sí “tenía la facultad de requerir informes técnicos y jurídicos a los funcionarios de la Oficina Insular de planeamiento del Cabildo”, y que “era la persona que fijaba la dirección política y estratégica en materia de ordenación territorial” en el grupo de gobierno. Algo que declaró el propio Espino, al ratificar su denuncia el pasado mes, cuando fue citado de nuevo a declarar, pero que también está avalado por “las certificaciones” que ya se habían solicitado al Cabildo sobre este tema.

La defensa de Lleó también ha pedido la transcripción literal de la conversación que mantuvieron Fernando Becerra y él con Carlos Espino en el despacho del político, así como copias de los CDs y grabaciones de video o audio e intervenciones de conversaciones telefónicas que se refieran tanto a Lleó como a Fernando Becerra. Esto último ha sido rechazado por la juez, al considerarlo “claramente impertinente”, porque las partes que no se han incorporado a esta pieza separada, “no guardan relación alguna” con este procedimiento.
Hasta tres intentos de soborno

En el auto, la jueza acuerda imputar a cada uno de los empresarios hasta tres presuntos delitos de cohecho diferentes. Para ello, se basa en el propio testimonio de uno de los imputados, Fernando Becerra, así como en todo el material de la investigación llevada a cabo por la UCO, a raíz de la denuncia de Espino.

Según la acusación, la primera oferta que recibió el ex consejero socialista fue de 400.000 euros en metálico, a repartir con Fernando Becerra, como intermediario de la operación, que permitiría a Lleó seguir adelante con su proyecto de urbanizar la parcela de Costa Roja. Después, se le hicieron una nueva oferta de 600.000 euros. Por último, se le presentó una hoja de ruta que no sólo incluía “desbloquear” la licencia de las mil viviendas, sino también legalizar los hoteles de Playa Blanca con licencias anuladas por la Justicia.

Lo que se pretendía es que los hoteleros compraran suelo en esa parcela, para después cedérselo al Cabildo, a modo de “compensaciones al interés general”, a cambio de la legalización de sus establecimientos. Según la investigación de la UCO, dos tercios de la parcela de Costa Roja pertenecían a Lleó, y la otra tercera parte a la empresa Rentalanz, de la cual es consejero Juan Francisco Rosa. Además, la operación incluía también autorizar no sólo el residencial Costa Roja, que incumplía la ley, sino un campo de golf en esa misma parcela. Por esta nueva operación, Fernando Becerra ofreció a Espino un porcentaje de cada venta de suelo.


Fuente: La Voz de Lanzarote