Pedro San Ginés: en defensa de Juan Francisco Rosa y su futuro

Tras ponerse la Bodega Stratvs en el punto de mira por las investigaciones llevadas a cabo por supuestas ilegalidades en su construcción, Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha puesto en marcha toda su maquinaria para defender a su querido Juan Francisco Rosa, y así evitar que su futuro sigue ennegreciéndose más de lo que ya está.

Bodega Stratvs en La Geria

El empresario, que en su día denunció y consiguió apartar a dos técnicos de la oficina del PIOT de la emisión de informes relacionados con sus hoteles ilegales, ha vuelto a dirigirse al Cabildo para pedir ahora procedimientos disciplinarios dentro del área de Patrimonio. La denuncia de Rosa llega dos meses después de que cuatro técnicos del Cabildo (dos de Patrimonio y dos de la Oficina del PIOT) acudieran junto a una comisión judicial a la bodega Stratvs.

En ese momento, los técnicos fueron requeridos por el Juzgado de Instrucción Número 5, para participar en una inspección ocular que realizaron la juez y fiscal junto a varios peritos, dentro de la causa penal en la que está imputado el empresario, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en la construcción de esa bodega.

Mientras se instruye esa causa, en la que deberán informar cuatro técnicos del Cabildo, Rosa presentó el pasado 24 de abril un escrito en la Corporación, acusando a técnicos de Patrimonio de supuestas irregularidades “graves” y “muy graves” en la tramitación de un expediente vinculado a nuevas obras que pretende acometer en La Geria.

En su denuncia, Juan Francisco Rosa acusa a “funcionarios o empleados” de la Corporación de haber emitido “informes o formulado propuestas manifiestamente ilegales”, y también de no haberse pronunciado aún sobre las alegaciones que presentó contra la primera resolución.

La respuesta de San Ginés

Cuatro días hábiles después de recibir este escrito, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, firmó una providencia para abrir “diligencias informativas” y adoptar “medidas provisionales previas al eventual inicio, en su caso, de los correspondientes expedientes sancionadores”. En ese escrito, fechado el 30 de abril, San Ginés señala que su decisión obedece a “la denuncia formulada por Don Juan Francisco Rosa Marrero, en su condición de administrador solidario de la empresa BTL Lanzarote SL, por la que se solicita la incoación de expedientes sancionadores”.

Aunque Rosa sólo hace referencia en su denuncia al área de Patrimonio, San Ginés extiende de oficio las diligencias a otros departamentos y ordena en su providencia que se dé traslado de la denuncia “a los responsables de los servicios de Patrimonio, Medio Ambiente y Plan Insularde esta Corporación, como posibles departamentos afectados por la resolución que pueda adoptarse”.

Además, les da 15 días para que informen del “motivo por el que se ha dilatado la tramitación de los escritos de la entidad interesada que conforman el expediente originario” e identifiquen a “los empleados públicos encargados de su tramitación”. Por último, ordena “dar traslado también de la presente providencia a los consejeros de las áreas de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, para su conocimiento”.

Un precedente similar

En el año 2010, el empresario Juan Francisco Rosa ya dirigió al Cabildo un escrito cuestionando a otros técnicos. En aquel momento, solicitó a Pedro San Ginés que apartara a Esteban Armas y a Leopoldo Díaz, técnicos de la Oficina del PIOT, de la emisión de informes relativos a sus hoteles ilegales. Rosa alegaba que estos dos trabajadores tenían una presunta “enemistad manifiesta” con él, y una supuesta relación de amistad o vinculación con la Fundación César Manrique.

En ese momento, Rosa intentaba regularizar sus establecimientos, ya que la sentencia que los había declarado ilegales estaba en fase de ejecución. Cuando estos técnicos emitieron un informe negativo, el empresario pidió que se les apartara de ese cometido, llegando a afirmar que su empresa se sentía “perseguida y maltratada por los responsables de la Oficina del Plan Insular de Lanzarote”.

El presidente del Cabildo no dio respuesta a ese escrito de Rosa, pero sí contestó a otro presentado en el mismo sentido por Urena Montain. Así, el 15 de octubre de 2010, San Ginés decidió apartar a estos técnicos no sólo de la emisión de informes relativos a Urena Montain S.A., que quería hacer un hotel nuevo junto al Faro de Pechiguera, sino que también de todos los casos relacionados con expedientes de legalización de hoteles ilegales, incluidos los de Rosa.

En su batalla contra estos dos técnicos del PIOT, Juan Francisco Rosa llegó incluso a presentar una querella contra ellos en los Juzgados, acusándoles de supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y desobediencia. Sin embargo, su denuncia fue archivada por los tribunales, y también los recursos que presentó contra ese archivo.

En la segunda resolución archivando la causa, el juez señaló que no existen “indicios mínimamente serios de que en los querellados exista una conducta desleal hacia la Administración Pública, más allá de meras conjeturas expresadas por la representación procesal de la querellante”. Por su parte, la Audiencia Provincial ratificó el archivo y condenó a Rosa a pagar las costas del recurso, recordando además que la licencia de su hotel había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que ése era el “contexto” en el que había que analizar los informes de los técnicos del PIOT.

Nueva batalla

Ahora, Rosa pide expedientes sancionadores contra nuevos técnicos del Cabildo, en este caso en relación con los permisos que solicitó para realizar obras en dos parcelas de cultivo de La Geria, ligadas a su bodega. Según recuerda en su denuncia, fue el 4 de abril de 2011 cuando pidió la calificación territorial al Ayuntamiento de Yaiza, para la “recuperación del cultivo de vid en hoyos”.

El Consistorio tiene delegadas competencias en esta materia, pero al estar en ese momento incoado un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de La Geria, también era necesaria la autorización previa del Cabildo. Según señala el empresario en su denuncia, el Ayuntamiento se dirigió al Cabildo (aunque no aclara cuándo lo hizo) solicitando esa autorización.

Finalmente, en agosto de 2012, el consejero delegado de Patrimonio Histórico del Cabildo firmó una resolución autorizando la ejecución del proyecto, aunque con condicionantes.En ese sentido, pedía a la empresa que realizara una prospección arqueológica en la zona, porque “según documentación histórica, podría ser que en el subsuelo se ubicara una aldea o núcleo poblacional anterior a las erupciones volcánicas del siglo XVIII”.

Dos meses después de dictarse esa resolución, Juan Francisco Rosa presentó alegaciones ante el Ayuntamiento de Yaiza, quien a su vez trasladó el escrito a Cabildo, el 15 de noviembre de 2012. Ahora, el empresario denuncia que en estos meses, el Servicio de Patrimonio “no se ha pronunciado sobre el mismo”.

Acusaciones y caducidad del BIC

En el escrito que remitió al Cabildo, Rosa acusa a los técnicos de hasta seis infracciones disciplinarias (una muy grave, tres graves y dos leves), aunque la mayoría no tienen que ver con la supuesta tardanza en la respuesta en su recurso, sino con el contenido de la primera resolución, que considera que incurre en “numerosas infracciones constitucionales y legales”, aunque paradójicamente no la recurrió cuando tuvo conocimiento de la misma

En cualquier caso, el propio empresario señala también en su denuncia que “a fecha de hoy”, la resolución del área de Patrimonio del Cabildo “carece de objeto”, ya que el Gobierno de Canarias declaró el pasado mes de febrero la caducidad y archivo del expediente incoado para la declaración de Bien de Interés Cultural a favor de La Geria. Es decir, que sostiene que el permiso dependería ahora exclusivamente del Ayuntamiento de Yaiza.

El expediente para declarar BIC este espacio se inició en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Manuela Armas. Ahora, tras declararse su caducidad, el actual presidente ha anunciado que no lo incoará de nuevo, porque entiende que la zona ya tiene suficiente protección.

Rumores: Se dice que en la investigación llevada a cabo en la Bodega Stratvs por técnicos del Cabildo y la unidad medioambiental SEPRONA de la Guardia Civil, fue requisada una escopeta, la cual carecía de licencia alguna. Según las afirmaciones del propietario, dicha escopeta era usada para "matar ratones en la bodega".