Isabel Déniz y su Junta de Gobierno en 2006, imputados por autorizar el derribo de un edificio histórico

El Juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife ha citado a declarar el jueves y el viernes a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife que dieron licencia de derribo de un edificio histórico, el número 33 de la Calle Real. Se les imputa un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.

La licencia se otorgó el 23 de enero de 2006, cuando gobernaba Déniz (que acababa de abandonar el PIL para integrarse en CC) junto al PSOE. A partir de las nueve de la mañana está citada la ex alcaldesa.

También tendrán que declarar a lo largo de estos dos días, Nuria Cabrera, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Manuel Pérez Gopar, además del entonces Jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha. Ninguno de los citados tiene cargo público actualmente. No asistieron a esa sesión Celso Betancort, Emilia Osuna, Ángel Ascensión ni Lolina Curbelo.

Se concedió permiso de demolición de ese inmueble (cuyo solar permanece aún sin construir) a la Inmobiliaria Chimida. Tras una denuncia se abrieron diligencias en el año 2008 y un año más tarde ya declararon como imputados los dueños del edificio, Araceli y Fernando González Berriel y dos trabajadoras de la Oficina técnica del Ayuntamiento de la capital.

El inmueble, a pesar de que ya no existe, figura en el catálogo de protección municipal en vigor. Pertenecía al conjunto de "casas altas" decimonónicas de Arrecife y sus antiguos propietarios fueron la familia Aldana, que la construyó a principios del Siglo XIX.

El edificio tenía 22 dependencias, aljibe, pozo de agua salada y dos patios. En ella vivió y pasó consulta el doctor José Molina Orosa, que hoy da nombre al Hospital General de Lanzarote. También vivió en esa casa Guillermo Topham Walsh.

El Cabildo de Lanzarote elaboró un informe sobre la vivienda, tras su derribo, que calificaba como “nulo de pleno derecho, administrativamente susceptible de ser sancionable y penalmente perseguible”.

También decía que “tal destrucción fue un hecho ilegal y las administraciones públicas, incluida la Fiscalía, han de actuar en consecuencia. Así se están obviando los valores históricos artísticos que este bien tenía y de procederse a su denuncia deberá obligarse a restituir lo derribado por su alto valor histórico y artístico”.

Saúl García (ACN)